Una mujer de 31 años murió el lunes en el incendio que se desató en el hotel Aramaya, que funcionaba como refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para mujeres con hijas e hijos a cargo. La víctima era usuaria del Mides y residía allí junto a sus tres hijos, de cinco, 11 y 12 años. Los dos niños más chicos sufrieron quemaduras graves e intoxicación, y permanecen internados en cuidados intensivos en el hospital Pereira Rossell.
El mismo día del incendio, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, reconoció que el establecimiento no contaba con la habilitación de Bomberos y dijo que los propietarios del hotel habían asegurado que el trámite estaba en proceso.
La situación generó distintas reacciones en el espectro político y en organizaciones sociales, que transmitieron preocupación sobre las condiciones en las que vivían las 92 personas –entre mujeres, niñas y niños– beneficiarias de ese programa estatal.
La Intersocial Feminista se sumó a los cuestionamientos y en un comunicado difundido este jueves denunció que la muerte de la mujer responde a “la pobreza, la desigualdad de género y el abandono del Estado”. “Una vez más, recae sobre el cuerpo de las mujeres y las infancias el abandono del Estado”, asegura el documento. “Mientras crece la pobreza infantil, las principales figuras del gobierno dan respuestas inadmisibles, donde explícitamente dicen ‘no tenemos una explicación’ o admiten estar al tanto de la situación de extrema precariedad en la que vivían las familias que se supone estaban a resguardo en un lugar de acogida del Estado”, cuestiona el texto.
La plataforma de colectivos y agrupaciones feministas afirma que el Estado “no puede tomar acciones a la ligera con las personas más vulneradas del país, no puede depositarlos en cualquier lugar y dejarlos allí sin importar qué pasa con sus vidas, las condiciones en que se alojan, la falta de salidas a la situación de calle por la gran ausencia de políticas sociales que conllevan a que una situación que debería ser temporal y breve, se convierta en permanente”.
En ese sentido, los colectivos recuerdan que, “desde hace tiempo”, las personas que residían en el hotel “venían denunciando las malas condiciones de las instalaciones eléctricas, la falta de mantenimiento general, y otras problemáticas serias como, por ejemplo, el no funcionamiento de los ascensores en un edificio de seis pisos”, una situación que “supone riesgos para estos niños y niñas que habitan un lugar sin las básicas condiciones”.
El comunicado también señala la “falta de personal” en el refugio, donde, según dice, había “tan sólo tres trabajadores” del Mides para acompañar a 92 personas.
“El abandono del Estado –a la vista de todos/as, nada menos que en nuestra principal avenida [18 de Julio]– deja a las infancias más vulnerables crecer en cuartos de hotel sin espacios para el esparcimiento, sin lugares comunes donde compartir comidas y juegos, sin ventana al futuro”, puntualiza la Intersocial Feminista. “El Estado los condena a una vida de precariedad y esa precariedad dejó una mujer de 31 años muerta, y a sus hijos en peligrosa situación sanitaria. La responsabilidad es del Estado y de quienes lo gobiernan”, apunta, y llama a que “la Justicia actúe y determine responsabilidades”.