El Día Internacional de la Mujer dejó de ser hace rato una fecha para regalar flores, y hoy el movimiento feminista lo proclama en todo el mundo como una jornada de reivindicación y lucha. Es, también, un día en el que los estados manifiestan su nivel de compromiso con la igualdad de género e informan cuáles son las prioridades en la materia. En Uruguay, esos anuncios corresponden al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que este 8M pondrá el foco en la autonomía económica de las mujeres, según adelantó su directora, Mónica Bottero, en entrevista con la diaria.
La jerarca, que está por cumplir dos años al frente del Inmujeres, compartió algunos de los ejes en los que se centrará el trabajo del organismo en 2022. En ese sentido, aseguró que una de las prioridades será “mejorar” la respuesta a la violencia de género, algo que definió como una “urgencia”.
Además de hablar de los planes, Bottero se refirió a temas que han ocupado la agenda pública en lo que va del año, como la decisión del PIT-CNT de realizar un paro general el 8 de marzo o los reclamos de feministas autoconvocadas contra la violencia sexual después del caso de violación grupal en Cordón. A la hora de pensar en la situación actual, consideró que existe una “ofensiva ideológica fuerte antifeminista” que niega que las mujeres estén en situación de desventaja.
Se acerca el Día Internacional de la Mujer: ¿en qué temas va a hacer énfasis Inmujeres este año?
Este año vamos a poner el foco en la promoción de la autonomía económica de las mujeres, porque consideramos que es una batalla cultural que nos queda por dar. En el marco del trabajo que hicieron tanto el Consejo Nacional de Género como la nueva División de Autonomía y Desarrollo de Inmujeres, primero vamos a fundamentar conceptualmente por qué queremos poner este tema en la agenda pública: hablar de la brecha salarial, la brecha en la tasa de ocupación, en la tasa de desempleo, en los ingresos, y la desigualdad en la carga de los cuidados, que genera más pobreza y una reducción de ingresos y de oportunidades laborales y profesionales para las mujeres. Vamos a realizar el acto central de gobierno, en el que además de plantear esto, invitamos a participar en el panel a algunas de las instituciones que tienen más propuestas para la autonomía económica de las mujeres, que en este caso son el Ministerio de Industria, Energía y Minería; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y el propio Mides, a través de la Dirección de Desarrollo Social. Vamos a hacer lo que llamamos “Charlas con valor”, una especie de charlas TED vinculadas con la autonomía económica, que se van a desarrollar en Montevideo, Melo, Maldonado y Colonia. La consigna del 8 de marzo de este año es “Valemos igual. Tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades”. “Valemos igual” tiene que ver con el valor de nuestro trabajo y de nuestro tiempo. La última encuesta de uso del tiempo indica que dedicamos el doble de horas que los hombres al trabajo no remunerado, y la situación es inversamente proporcional en el caso del trabajo remunerado.
Un tema en torno al 8M que sigue en debate es la decisión del PIT-CNT de convocar a un paro general ese día. ¿Cuál es tu opinión sobre esta medida?
El 8 de marzo es un día que debería quedar despejado para que las mujeres podamos expresar nuestras demandas, nuestras necesidades y nuestra situación. Por lo tanto, me parece totalmente desacertada la medida de plantear un paro general. Pero, además, creo que lamentablemente fue una fecha elegida con deliberación. Lo leo como una intención de aprovechar la movilización pública más grande que ha registrado Uruguay todos los años, desde 2017, no sé si para intentar transformarla en una manifestación por el Sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC [ley de urgente consideración] o para apropiarse de un movimiento de masas que, en realidad, tiene que ver, porque hay muchas mujeres trabajadoras, pero no necesariamente militantes o integrantes del PIT-CNT. Además, me parece que son reclamos muy diferentes. Por lo tanto, debería dejarse despejado ese día para las mujeres. Por supuesto que me interesa reconocer expresamente el gesto, la valentía y la dignidad que tuvo la Intersocial Feminista de intentar poner un freno. No sé si va a frenar el paro, pero haber expresado públicamente la posición que expresó me parece muy valiente y de una gran honestidad.
¿Cuáles serán las prioridades y los principales ejes de trabajo del Inmujeres para 2022?
Mejorar la respuesta a la violencia de género es una urgencia que tiene el país. Inmujeres tiene el mandato de velar por la Ley 19.580, que indica quién tiene qué responsabilidades en el sistema de respuesta, y de liderar los lineamientos generales. Nuestra prioridad es mejorar, por un lado, la respuesta concreta a la población y, por otro, las políticas públicas vinculadas con esto. Nuestra planificación se pensó para 2021-2022; hay una parte que ya se logró, que es la de aumentar la respuesta habitacional de emergencia con el quinto centro de 24 horas que se abrió en San Carlos, pasar el servicio 0800 4141 a una atención 24 horas y aumentar las horas de atención en los 34 servicios que tenemos en todo el país. Por otro lado, avanzamos en la profundización del trabajo con varones agresores; tenemos dos técnicas que estuvieron haciendo especialización durante 2021 y la idea es seguir instrumentando estas ampliaciones en 2022. Por otra parte, aumentamos el número de lugares donde se atiende a varones con tobillera, pasando de 12 puntos del país a 14, y esperamos llegar a 19. Otro objetivo es empezar a implementar el proyecto de financiamiento con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] que está centrado en violencia de género y que incluye duplicar el espacio de atención de la casa de la calle Florida, por lo que se va a agilizar la agenda y los servicios van a trabajar con otras posibilidades de dar respuesta. También vamos a descentralizar la atención en Montevideo, por lo que estamos instalando una casa con el servicio que llamamos “Montevideo B”, donde se va a instalar el servicio telefónico, que hasta ahora estaba en un local de la Intendencia, pero desde que se hizo nacional nos pareció que era importante cerrar esa transición. Además, poner en marcha a todo vapor el Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que pasó [de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto] a la órbita del Inmujeres en el último Presupuesto.
Tenemos un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia [SCJ] para formar en violencia de género a juezas y jueces penales que tienen que atender en el interior. estamos colaborando con la vicepresidenta Beatriz Argimón, la SCJ y otros organismos del Estado en la instalación de los tres juzgados especializados que están previstos. El martes se inauguró el primero en San Carlos, el segundo va a ser en Rivera –calculamos que esté inaugurado en menos de dos meses– y el tercero, que es el que viene un poquito más lento, va a ser en el litoral. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP] ha tenido un rol fundamental en apoyar esto y ha agilizado algunos procesos, e incluso está con intenciones de poner un apoyo importante para que se puedan concretar los juzgados multimateria, que estaban pensados para el colegio que compró la SCJ en la zona de Aguada.
Después, los proyectos que tenemos en el área de autonomía económica van a seguir. Está la nueva encuesta de uso del tiempo que estamos preparando con el Instituto Nacional de Estadística, y estamos iniciando líneas de trabajo en inclusión digital con mujeres rurales, en emprendedurismo y en la creación de algunos instrumentos –que pueden ser fiscales, bancarios o en el ámbito del Banco de Previsión Social– para mejorar el acceso de las mujeres al crédito, a la fundación de empresas y sobre todo a la sostenibilidad de pequeñas empresas propias. Por supuesto que hay un objetivo de profundizar todas estas políticas en el territorio, donde surgen demandas, sobre todo, de formación para el empleo. Para eso tenemos un convenio y una línea de trabajo con Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional], que venía de antes y renovamos. Estamos tratando de trabajar en formación en línea y en el área digital y de las TIC [tecnologías de la información y la comunicación]. Por otro lado, en mayo empieza el programa de formación de líderes políticas, que en la primera edición va a tener 60 cupos para dirigentes políticas de todo el país.
Hablando de formación de líderes políticas: todo indica que este año podrían empezar a debatirse los proyectos de ley de paridad que ingresaron el año pasado al Parlamento. ¿Cuáles son las expectativas?
Para las que tenemos más de 30 años como activistas de género, el concepto de “cuotas” siempre nos chocó. Nos chocamos contra las paredes viendo que no es un tema de capacidad, porque está lleno de mujeres capaces que no acceden a los lugares de decisión, y entendimos que necesitábamos otras herramientas que no inventamos nosotras, sino que funcionan en el resto del mundo y han mejorado la calidad de los sistemas democráticos. Entiendo que la paridad pueda verse como una imposición bastante agresiva, pero no queda otro camino si queremos garantizar el acceso a las oportunidades sustantivas para las mujeres en la política. Tengo dudas sobre si es el mejor momento para reivindicar la paridad, un tema que divide tanto las aguas, en un contexto histórico político del país en el que el sistema está muy desgastado por el enfrentamiento; hay una polarización muy grande, después de una pandemia, atravesando todo este proceso muy desgastante que es de aquí al 27 de marzo, y después, sea el resultado que sea, va a haber que recomponer muchas cosas. Pero por supuesto que, si el proyecto comienza a discutirse, voy a dar mis argumentos a favor. La cuota que está vigente nos ha demostrado que se puede burlar muy fácilmente debido a la ingeniería electoral de Uruguay. Esas trampitas que se le han venido haciendo a la cuota son el gran fundamento para quienes promovemos la paridad.
Recién mencionabas los juzgados especializados en violencia de género, y uno de los principales reclamos de las organizaciones feministas en estos años sigue siendo la implementación cabal de la Ley 19.580. ¿Qué planes tiene Inmujeres este año para avanzar en este sentido?
Estamos ampliando la respuesta a los distintos tipos de violencia que están incluidos en la ley. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en la respuesta a personas con discapacidad –ya anunciamos el dispositivo para mujeres sordas–, y también tenemos que abordar la situación de violencia doméstica que sufren mujeres mayores agredidas por hijas o hijos adultos. Además estamos trabajando en la línea de violencia digital, que es algo que afecta sobre todo a la gente más joven, pero también, por ejemplo, a las personas con presencia pública. En ese sentido, estamos trabajando en un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es muy similar a uno en el que trabajó ONU Mujeres. Por otro lado, como dije, estamos ampliando notoriamente la extensión de los servicios y colaboramos en la creación de los juzgados. Nuestra idea es explorar la posibilidad de que se habilite la creación de más juzgados, eso tendrá que ser parte de la discusión sobre la Rendición de Cuentas.
Coinciden, entonces, en que tres juzgados no son suficientes.
Por supuesto que no, eso nunca lo consideramos así: los tres eran los posibles y diría incluso que era el techo del máximo posible, porque hubo que hacer un esfuerzo para lograrlo, en el contexto de pandemia, que fue cuando se discutió el Presupuesto Nacional. Muchas veces, cuando se habla de implementar la ley, se habla sólo de poner más juzgados, y en realidad la ley tiene casi 100 artículos y de esos hay muchos que dan directivas en salud pública, vivienda, educación, en cuanto a nuestro sistema de respuesta, los compromisos del Poder Judicial y de Fiscalía, hay un montón de cosas. En el sistema educativo hay una serie de directivas de política pública que vamos a reglamentar junto con ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] para incluirlas lo antes posible. El Ministerio de Salud Pública [MSP] está cumpliendo su parte, con las unidades de respuesta en violencia doméstica en todos los prestadores de salud, incluso ahora ha aumentado las cápitas para que las instituciones mejoren su respuesta en violencia de género. También el Ministerio de Vivienda hizo su parte, aumentando los cupos para soluciones habitacionales. Hay cosas de implementación de la ley que son con plata y otras que son sin plata, estamos trabajando en las máximas que podemos. Entendemos que el MSP no pueda cumplir con su parte totalmente por las exigencias que ha tenido por la pandemia y, así, otros. También estamos cumpliendo con la ley en cuanto a la creación y multiplicación del alcance del observatorio, que está incluido en el proyecto BID. En cuanto a los juzgados, el MTOP está dispuesto a poner sus recursos para poder concretar más. Ahora, lo que decimos siempre: la ley se aprobó con 30% de los recursos que se necesitaban. Agarramos esta administración con pandemia, se dio un aumento, y nuestro compromiso, que está en el “Compromiso por las Mujeres”, es que antes de que termine esta administración aumente sustancialmente el presupuesto destinado a la ley.
En enero, la noticia de una violación grupal en Cordón generó el rechazo de muchos sectores de la sociedad, y feministas autoconvocadas llamaron a movilizarse contra la “cultura de la violación”. ¿Cómo se puede trabajar desde las políticas públicas para contribuir a erradicarla?
Tengo algún matiz respecto de considerar que en Uruguay existe una “cultura de la violación”, pero entiendo cuál es el espíritu del término; capaz que no es el más feliz. Entiendo que históricamente se han naturalizado cuestiones como los abusos sexuales a niñas y niños o la violación dentro del matrimonio, y que se ha naturalizado no denunciar por miedo al escarnio público, a que sea puesto en tela de juicio no sólo su testimonio sino toda su vida –como vimos en este caso puntual–. Creo que primero hay que promover un cambio cultural, que la gente se empodere con este tema y pierda el miedo a ser juzgada o juzgado, a que su conducta sea permanentemente puesta en tela de juicio, a hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida sexual. Parte del cambio cultural tiene que ver con que la sexualidad se transforme en una conversación normal con el médico, con tus docentes, con tu familia, con tu pareja, cuando una sienta la necesidad. Lo otro es que las niñas y los niños tengan claro que estas cosas no se pueden permitir, que se les va a creer lo que digan, que hay un Estado que les va a dar una respuesta adecuada. Son todos mensajes que tenemos que dar con nuestras palabras y con nuestros comportamientos. No hay una receta mágica, la violencia sexual existe en todas partes del mundo, en los países más avanzados, en los menos avanzados; la gran diferencia es cómo se responde desde la institucionalidad a esas situaciones. Como una democracia plena que está entre las mejores 13 del mundo, tenemos que dar una respuesta que esté acorde con ese nivel de desarrollo democrático, mejorar la calidad de respuesta desde el Estado, pero también apuntar a la cultura. Es un tema sobre el que hemos hablado poco, que lo hemos visto siempre desde una mirada policial, a veces hasta como un tema que se maneja a nivel de chisme. Todas y todos hemos tendido a poner el foco mucho más en la víctima que en el victimario. Son procesos culturales que no se logran de un día para el otro. También creo que las respuestas penales son importantes. Solas no sirven para nada, pero como complemento de una respuesta pública sí son importantes.
Otro rol importante lo tienen los medios de comunicación. Sos periodista, ¿cómo evaluás lo que pasó con el programa de Ignacio Álvarez?
Soy periodista, pero hoy tengo un rol de gobierno. Sin embargo, no eludí opinar de esto, más allá de que es difícil juzgar porque está en la órbita de la Justicia. La divulgación de los audios tiene una mirada desde la libertad de expresión y una mirada desde los derechos de las víctimas o de quienes denuncian, y creo que, no tratándose de una persona pública, ni que buscó notoriedad con el hecho, no corresponde divulgar audios que revelan y exponen contenido íntimo y sexual de una persona. Estamos en una transición en la comunicación donde hoy todo se filma, todo se graba y parece que cualquier cosa que hagamos puede ser pública mañana en las redes. Debemos ponernos de acuerdo, como sociedad, en dónde ponemos el límite. Entiendo los argumentos de quienes alegan que este era un caso de interés público y que la información de la que disponía el periodista implicaba “poner en duda una verdad que se había extendido”. Creo que la intimidad de una persona que sufrió o pudo haber sufrido una situación como esta no debe ser vulnerada, y cuando además sabemos que esto está beneficiando a una parte o a la otra. Es una cuestión ética, más allá de que además existe el artículo 92 de la Ley 19.580 que penaliza el hecho. Siempre tengo que estar del lado de las víctimas y de quienes puedan estar en este tipo de situaciones y proteger su integridad, es mi obligación institucional y como activista feminista. Por otro lado, hay otro episodio que es posterior, que es la orden de allanamiento, que a mí, como ciudadana, me pareció excesiva e innecesaria. Hoy hay otros instrumentos y otros métodos para conseguir el material que hacen totalmente innecesario un gesto como ese, que tiene ulterioridad, más allá del caso concreto, y me parece que fue un error estratégico. Además, empañó el tema más importante, que es la violencia sexual.
En noviembre del año pasado, activistas y colectivos feministas se manifestaron para pedir una implementación cabal de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ante algunas barreras que se registraron en el acceso a los servicios. ¿Hubo alguna comunicación de Inmujeres con el MSP para ver cómo se viene implementando?
Las organizaciones tienen todo el derecho del mundo de reclamarlo, de vigilar y de hacer seguimiento de esta ley. Yo me he comunicado de manera informal con el MSP, porque muchas veces consulto a otras instituciones haciendo uso de mi prerrogativa como responsable del organismo rector de las políticas de género. El MSP lo ha dicho públicamente: no les consta que haya habido dificultades desde la política que ellos están implementando. Asumo eso como propio, por ser parte del gobierno.
¿Cuáles te parece que son, hoy en día, los principales desafíos para las mujeres en Uruguay?
Para empezar, que se reconozca que la igualdad sustantiva no fue alcanzada todavía, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Hoy, cada vez más, hay una ofensiva antifeminista que responde a una reacción pendular; hay una ofensiva ideológica fuerte antifeminista, que una de las cosas que más reivindica es que todos somos iguales ante la ley, entonces cuestiona por qué las mujeres deberíamos tener determinadas “ventajas”. Los últimos dos siglos han sido de avances meteóricos respecto de esto, pero quedan muchos desafíos. El primero es que entendamos que, si queremos que todas y todos seamos iguales ante la ley, todavía a las mujeres –que somos la mitad de la población– nos falta un acceso igualitario a oportunidades. Para eso se impone el segundo gran desafío: todos tenemos que pelear por el cambio cultural, mujeres y hombres. Si vamos a lo específico, creo que la desigualdad económica que viene de la carga de cuidados, de menores oportunidades de acceso a empleos de calidad, de la división sexual en el trabajo remunerado y no remunerado, todavía es un gran desafío. Y la violencia de género es la expresión más extrema de esa desigualdad. Es la última consecuencia de una desigualdad que es estructural.