La lucha por la despenalización del aborto en México, que registró varios avances en 2021, marcó su victoria más reciente. El 8 de marzo, con 28 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, el Congreso de Sinaloa aprobó una ley que despenaliza la interrupción del embarazo durante las primeras 13 semanas de gestación. De esta forma, se unió a Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima (todos en 2021) para convertirse en el séptimo estado del país en legalizar el aborto dentro de determinados plazos.
La decisión va en línea con la resolución que dictaminó en setiembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia, cuando declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila. Si bien la corte invalidó el artículo 196 del Código Penal de ese estado que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”, marcó así un precedente obligatorio para todas las juezas y jueces del país, que deberán fallar a favor de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
Dos días después de ese fallo, en la misma línea, la Suprema Corte también declaró que es inconstitucional que las leyes de los estados que integran el país establezcan la “protección de la vida humana desde la concepción”, justamente mientras analizaba un artículo de la Constitución de Sinaloa que contenía ese concepto.
“Los invito a que honremos este 8 de marzo como una fecha histórica reconocida en el mundo por la lucha de los derechos de las mujeres y que marquemos hoy en Sinaloa una nueva historia que apunte sin temores hacia el futuro”, dijo durante el debate parlamentario Juana Minerva Vázquez, diputada del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en ese estado.
Por su parte, la secretaria de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, Nela Rosiely Sánchez –también integrante de Morena– lideró uno de los discursos más potentes a favor del aborto legal, en el que entre otras cosas aseguró que la penalización “es un tipo de violencia de género”, ya que obliga a las mujeres a someterse a prácticas clandestinas e inseguras.
“Nunca más una mujer en la cárcel por tomar la decisión de abortar”, celebró por su parte Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado mexicano, en una publicación en Twitter adornada con corazones verdes. Y sentenció: “Avanza la marea verde en Sinaloa”.