En un comunicado difundido este miércoles, organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes manifestaron su “dolor” y “repudio” por el homicidio de una niña de ocho años y un niño de nueve por parte de su padre, que ocurrió el martes en el Centro de Montevideo. Además, advirtieron sobre la situación de violencia que atraviesan la infancia y la adolescencia en Uruguay y reclamaron al Estado que fortalezca las medidas para su prevención y atención.
El documento está firmado por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, y la Red Pro Cuidados.
Las organizaciones destacaron que el doble homicidio tuvo lugar unas horas después de que, en el marco del Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay informó que en 2021 hubo un aumento de los casos. Aclararon que las situaciones detectadas por el Sipiav “son en su fase crítica y contemplan solamente una parte del total de la problemática”, por lo que “se trata sólo de la punta del iceberg”.
En ese sentido, aseguraron que la violencia hacia esta población es “un grave problema en nuestro país” y señalaron que, “si bien se ha avanzado en la posibilidad de identificar algunas situaciones, se sigue llegando tarde” en materia de “prevención, protección y respuestas de atención integral a las víctimas”. También cuestionaron que “la sanción a los responsables sigue siendo escasa o, en algunos casos, inexistente, perpetuando la impunidad”.
Al mismo tiempo, los grupos firmantes recordaron que ya han realizado “múltiples reclamos” debido a la “inexistencia de servicios de atención en la mayor parte del territorio nacional” y las “largas listas de espera donde los hay”, lo cual expresa que “las políticas públicas no dan las respuestas que se requieren”.
Frente a este panorama, reclamaron una “política pública integral de abordaje a la violencia” que, entre otras cosas, incluya acciones de formación y de prevención para quienes trabajan en la salud, la educación, la Justicia y organismos de protección, así como campañas de sensibilización sobre el tema. A la vez, exigieron servicios de atención especializados “en cada departamento, accesibles y disponibles”, respuestas de protección ante situaciones de emergencia, el “acceso a la Justicia efectiva” para las víctimas y la reparación del daño a las y los sobrevivientes.
Ante “el aumento del registro de situaciones y el hecho doloroso e inaceptable del homicidio de dos niños por parte de su padre, urge recordarnos que como sociedad debemos exigir que el problema de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes sea realmente reconocido en la agenda pública y que se le destinen los recursos que se necesitan para que se prevenga y se atienda a tiempo”, puntualizaron las organizaciones, y recordaron que el Estado es “responsable y garante del uso y goce de todos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”. “Deben ser prioridad en el discurso y en los recursos”, enfatizaron; “basta de hipocresía, es momento de hacer”.