Hace años que distintos colectivos LGBTI+ trabajan en diferentes departamentos del país y, con base en sus posibilidades, a la conquista de espacios y a sus propias trayectorias, ocupan un lugar que, entre otras cosas, genera intercambios, iniciativas y participación durante todo el año. Esto se acentúa en setiembre, un mes cargado de actividades que por lo general se corona con distintas ediciones de la Marcha por la Diversidad, organizadas en ciudades de todo el país.
El modo de sostenerse de cada uno de los colectivos es diferente, al igual que las dificultades que enfrentan. Es que, si bien a nivel general el movimiento de la diversidad comparte luchas y reivindicaciones históricas, la situación en cada departamento presenta sus particularidades. En el intento de conocer qué implica integrar y mantener activo un colectivo LGBTI+ en el norte del país, la diaria dialogó con Sebastián Guida y Nicolle Casaravilla, integrantes del colectivo Riversidad ATRU de Rivera.
Entre otras cosas, remarcaron que año a año es cada vez más difícil organizar la marcha –de carácter binacional, que se realiza en la frontera de Rivera y Livramento– y las diferentes actividades, sobre todo por la falta de apoyo económico por parte de las instituciones estatales y también de las empresas privadas. A su vez, hicieron hincapié en que la discriminación se perpetúa sobre todo en los centros educativos y sanitarios. Coincidieron en que la realidad es bastante distinta a la de Montevideo y que la lejanía del colectivo con la capital del país es una barrera para la participación, el acceso a diferentes derechos y a la vez genera poca integridad con algunos espacios.
Más espacios, menos apoyo
Riversidad surgió en 2012 a raíz de una gira nacional que realizó el colectivo Ovejas Negras por todos los departamentos del país. En el inicio, comenzaron a trabajar con la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), pero luego, y al darse cuenta de que pretendían las mismas cosas, se unieron para formar un único colectivo. En la actualidad, está formado por aproximadamente 30 personas, aunque las que trabajan “intensamente”, sobre todo en los proyectos y en la gestión del grupo, son menos, según comentó Guida.
El activista agregó que, en estos diez años, “no fue fácil” lograr la visibilidad que tienen hoy y el reconocimiento por parte de los actores institucionales y de la sociedad civil. Ahora “se sabe” que el colectivo “es parte de la sociedad, tiene líneas de trabajo” y está activo junto a diferentes instituciones locales y nacionales, entre ellas con la Universidad de la República. Aunque han ganado presencia en varios espacios, “la batalla” de siempre es “hacer que se cumplan las políticas públicas”, y eso se dificulta con cada cambio de gobierno, porque es “como empezar de nuevo y enfrentar un montón de cosas que durante algunos años se habían establecido”.
Guida remarcó que sobre todo en los últimos años hubo que “tratar de conquistar de nuevo los espacios” que se fueron olvidando, también como consecuencia de la pandemia. Ahora el contexto “es complicado”, porque si bien hay diálogo con las instituciones, no se refleja en apoyos “reales” y, cuando los hay, las autoridades locales “no quieren que se sepa” y el acompañamiento es “de la puerta hacia adentro; no quieren que la ciudadanía sepa que están colaborando con el colectivo, que eso sea visible”.
En cuanto a la participación, contó que hace tres años el colectivo participa del proyecto Entramadas y que allí propusieron como línea de trabajo la violencia basada en género. La meta de este año fue “tener incidencia y participación” en una mayor toma de decisiones. En esa línea, son uno de los grupos que integran la Mesa Departamental de Prevención del Suicidio de Rivera; este año forman parte por primera vez del Consejo Nacional de Diversidad Sexual y también componen el Centro de Documentación y Situación Trans de Latinoamérica y el Caribe.
Particularmente sobre el consejo nacional, que preside el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Guida comentó que “recién está engranando” y que “necesita ser más resolutivo” para tener “más incidencia en lo que pasa en el territorio”. Por ahora, a su entender, no brinda “lo que se espera”. Agregó que hace poco se integraron nuevos colectivos, pero que se les complica participar por la distancia. En algún momento hubo algunas instancias virtuales, pero ahora la participación es presencial e implica “muchos gastos”. Por eso, a menudo hay colectivos que terminan desvinculándose.
Lo económico es un problema para realizar otras actividades, particularmente la organización de la marcha y otros eventos durante el Mes de la Diversidad. De hecho, la falta de recursos generó que este año “se evalúe no realizar la marcha en 2024”. Para el colectivo, una de las principales limitantes fue la eliminación del Fondo Gloria Meneses, que surgía del Mides y tenía como fin la cobertura de los gastos de las diferentes propuestas. Perder eso fue “perder autonomía para planificar”, en Rivera y en “todos los departamentos”, lamentó el activista.
A su vez, sostuvo que no hay apoyo de la intendencia departamental, tampoco de las empresas privadas y que “lo poco que llega” es de pequeños emprendimientos locales. “No conocemos al intendente [Richard Sander], pedimos reunirnos y no nos recibió”, reclamó. Además, contó que este año el colectivo le solicitó a la comuna riverense encender luces de colores y alzar una bandera afuera de la institución durante setiembre, pero los pedidos no fueron bien recibidos. Lo que hacen por la marcha es lo que hacen “por casi cualquier manifestación”; por eso, si en algún momento surge “una financiación o cualquier fondo, nos desvinculamos de las instituciones gubernamentales”, que prácticamente sólo “suman burocracia”, explicó.
Sobre la marcha, reiteró que, como es de carácter binacional, fueron convocados por la prefectura de Livramento, que integró al colectivo en la conferencia de presentación del evento y solucionó el tema del local de cierre del evento que era necesario por la lluvia. Sin embargo, las instituciones locales “tienen vergüenza de apoyarnos”, sostuvo Guida.
La lucha continúa
La violencia y la discriminación institucional no cesan en el departamento. Todavía hay personas sufriendo “discriminación constante”, por ejemplo, en centros educativos, contó Casaravilla. Al parecer “no alcanza que el colectivo integre diferentes espacios” de reflexión y tampoco las denuncias. Por poner un ejemplo, dijo que, si bien recientemente se realizaron “reiteradas denuncias” a un docente de un centro educativo por discriminación, él sigue ejerciendo y al final “no pasa nada”. También detalló que la discriminación por lo general “no es entre pares”, sino desde quienes se desempeñan en las instituciones.
La discriminación en los centros de salud también preocupa y, muchas veces, según Casaravilla, tampoco colaboran quienes desempeñan funciones allí. En ese sentido, dijo que las personas trans que todavía no hicieron el cambio de nombre y sexo registral, amparado en la Ley Integral para Personas Trans, “tienen que padecer estar en una sala de espera con 40 personas más y que los llamen por otro nombre” y, si se acercan a explicar que no tienen el cambio, pero que hay una ley que lo establece, responden: “Acá te llamamos por lo que dice tu cédula porque no conocemos esa ley”. Eso conlleva a que las personas vayan al médico una vez y “no vuelvan más”.
Según los registros, el único transfemicidio de 2023 ocurrió en Rivera y se trató de Victoria Pereira, hermana de Casaravilla. La activista aclaró que los transfemicidios “no están dentro de los femicidios” y por ello muchas veces, cuando se investigan casos de mujeres trans asesinadas, quedan calificados dentro de los homicidios. Por esto, no es “seguro” que el de Victoria haya sido el único.
Por otra parte, lamentó que con su hermana se vivieron “dos muertes”: la física y la de los medios de prensa. “Cuando me llamaron y fui hasta el lugar, tenía sus genitales descubiertos”; decían que habían matado a “un hombre de 22 años y tuve que aclarar que se llamaba Victoria”, recordó. En este sentido, reclamó que “ni siquiera el cambio registral asegura el respeto” porque lo primero que prevalece ante el fallecimiento también es “lo genital”.
Casaravilla consideró que Victoria “es el reflejo de la ausencia de políticas públicas” y de la falta de apoyo a las personas trans en el país. El sistema y la sociedad hace que las mujeres trans “recurramos al trabajo sexual para sobrevivir”, muchas veces con dependencia a las drogas, dijo. Contó que Pereira estuvo en varios trabajos zafrales y que luego “volvió a la noche” porque “no supo qué hacer”, y el acompañamiento que el Estado “dice que ofrece, luego de que se termina el contrato, no existe”.
Por último, tanto Casaravilla como Guida coincidieron en que aún falta que haya integralidad entre los colectivos de la diversidad en Montevideo y en el interior del país. Aseguraron que “se reitera que Uruguay avanzó en muchos derechos” y leyes, pero que eso sucede en la capital, mientras que al interior llega “muchos años después”. Y que, a su vez, el acceso a los derechos “también está centralizado” y que existan no significa que sean accesibles.