Este miércoles se cumple exactamente un mes del inicio del juicio contra Dominique Pélicot, acusado de drogar, abusar y someter a su esposa Gisèle a las violaciones de otros 50 hombres desconocidos, que comparten el banquillo con él en el tribunal de Aviñón, al sureste de Francia. El proceso se convirtió en emblemático, entre otras cosas, por la actitud de la víctima, que pidió que las audiencias fueran públicas para que se conocieran las caras de sus violadores y que, así, “la vergüenza cambie de bando”.
Las palabras de Gisèle fueron reivindicadas y replicadas en movilizaciones callejeras contra la violencia sexual en varias ciudades francesas, impulsadas por organizaciones feministas que tenían como reclamo central la aprobación de una “ley integral contra la violencia machista y sexual” .
Pero el caso, sobre todo, reabrió el debate sobre el consentimiento sexual, después de que algunos de los imputados intentaron justificar las agresiones argumentando que no sabían que la mujer estaba inconsciente –pese a que los investigadores que accedieron a las imágenes describieron su estado como de “prácticamente en coma”–, mientras otros dijeron muy sueltos de cuerpo que pensaban que con tener la aprobación de su esposo era suficiente. Como dijo uno de los agresores, de 37 años, en la audiencia del 23 de setiembre: “Como el marido me dio permiso, yo pensaba que ella estaba de acuerdo”.
La discusión llegó hasta el nuevo ministro de Justicia francés, Didier Migaud, que el viernes pasado, en una entrevista con la radio France Inter a una semana de asumir el cargo, reveló que está a favor de incorporar la noción del consentimiento en la definición del delito de violación. No dio muchos más detalles.
Actualmente, el Código Penal de Francia define la violación como “cualquier acto de penetración sexual de cualquier tipo o cualquier acto buco-genital cometido contra otra persona o contra la persona del autor mediante violencia, obligación, amenaza o sorpresa”, sin hacer alusión al consentimiento de forma explícita.
La posición de Migaud va en la misma línea del propio presidente francés, Emmanuel Macron, que en marzo había expresado su voluntad de legislar al respecto “para finales de año”. Sin embargo, eso fue antes de las elecciones legislativas anticipadas de fines de junio y principios de julio, que paralizaron la actividad parlamentaria por cuatro meses.
“El consentimiento tiene que ser activo”
La senadora ecologista Mélanie Vogel presentó en noviembre de 2023 un proyecto de ley que va en este sentido. Concretamente, la iniciativa propone agregar que también constituye delito de violación cuando el acto se ejerce “sobre otra persona sin su consentimiento libre”. Detalla además que ese consentimiento “podrá retirarse en cualquier momento” y que no se puede dar por válido cuando la persona está sometida a “violencia, coacción, amenaza, sorpresa o abusando de un estado que menoscabe su capacidad de juicio”.
Vogel plantea en la exposición de motivos que hoy en día, en Francia, “la definición penal de la violación no se interpreta de forma suficientemente amplia” y que en algunos casos hay absoluciones “porque la infracción no está suficientemente caracterizada”.
Consultada por el canal France Info tras las declaraciones del ministro de Justicia, la senadora volvió a insistir en la necesidad de que “el consentimiento tiene que ser activo”. “El hecho de que alguien no se haya resistido, no haya dicho que no, no es suficiente” para demostrar que no hubo violación, aseguró. “Si existe un caso en el que hay una persona que está en estado de sedación y no reacciona, lo que ocurre muy a menudo, podríamos calificarlo como violación”, ejemplificó, y agregó: “El hecho de que no estemos obligados a demostrar que hubo consentimiento es un vacío legal al que se precipitan los abogados defensores” durante procesos como el del caso Pélicot.
En los últimos años, varios países europeos, como Suecia o España –con su ley de “sólo sí es sí”–, modificaron su definición de violación para incluir la noción de consentimiento.
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, también conocido como la Convención de Estambul, pide a los países signatarios que tomen medidas legislativas o de otro tipo para penalizar cualquier relación sexual en la que no haya un consentimiento “como resultado de la libre voluntad”. Francia lo ratificó en 2011, por lo que estaría incumpliendo esta disposición específica, lo que lo convierte en “el país con la definición de violación más retrógrada de Europa”, apuntó Lola Schulmann, especialista en Justicia de Género de Amnistía Internacional Francia, al diario Libération.
En Uruguay, el artículo 272 bis del Código Penal –incorporado por la Ley 19.580 en su artículo 86– no hace alusión explícita al consentimiento, aunque reconoce que hay delito cuando el consentimiento no existe, al definir el abuso sexual como todo acto sexual cometido “por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva”.