Dos años y medio después de que el gobierno dio el visto bueno para el inicio del trámite parlamentario, el Congreso de España aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como la ley del “sólo sí es sí”. El proyecto había sido avalado a fines de mayo por la Cámara de Diputados y se esperaba que obtuviera el voto definitivo del Senado en julio, pero una enmienda hizo que el texto tuviera que volver a revisarse. El jueves pasado, con 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones, la cámara alta aprobó definitivamente la iniciativa, que nació de la indignación colectiva que despertó el manejo que hizo la Justicia española en torno al caso de violación grupal de “La manada”.

La ley, que fue impulsada por el Ministerio de Igualdad, establece que todo acto sin consentimiento tiene que ser considerado una agresión sexual. En ese sentido, define que “sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Este cambio es crucial: hasta ahora, para considerar la agresión sexual, se requería que hubiera violencia o intimidación. De lo contrario, el hecho era considerado abuso, un delito que tiene penas menores que la agresión.

La nueva normativa introduce nuevas circunstancias agravantes para el delito de agresión sexual, como que el agresor sea familiar, pareja o expareja de la víctima, o que el responsable anule la voluntad de la víctima mediante fármacos u otras sustancias. Hasta el momento, estos últimos casos eran calificados como abusos sexuales porque, al estar la víctima inconsciente, no mediaba la violencia e intimidación que exigía antes la ley para calificarlo como agresión. También serán considerados como delitos agravados los hechos que vayan acompañados de “violencia de extrema gravedad” o de “actos especialmente vejatorios”.

Por otra parte, la ley introduce en el Código Penal el delito de acoso callejero, que castigará con multas, trabajo comunitario o localización permanente a quienes “se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas” cuando “creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”.

En tanto, incorpora en el ámbito de aplicación el “feminicidio sexual”, que define como el “homicidio de mujeres y niñas vinculado a conductas definidas como violencias sexuales” en la legislación española.

A la vez, establece que los delitos sexuales sean competencia de juzgados especializados, con juezas, jueces y fiscales específicamente formados en la temática. De todas formas, el texto da un plazo de un año para definir si este cambio se materializará ampliando las competencias de estas sedes judiciales o creando nuevos juzgados. En la misma línea, prevé además formación inicial y continua para todos los operadores que intervienen en un procedimiento por agresión sexual, desde jueces y fiscales a técnicos forenses y funcionarios policiales.

Otra de las novedades es la creación de una red de centros de atención integral para las víctimas, tanto telefónicos como presenciales, que funcionen las 24 horas, durante los 365 días del año, con un abordaje interdisciplinario. Actualmente, este tipo de servicio sólo funciona en Madrid y Asturias, según informa eldiario.es. El objetivo del gobierno es que haya al menos uno por provincia en 2023. Al mismo tiempo, la ley crea servicios especializados para la atención psicológica, educativa y jurídica de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

La ley del “sólo sí es sí” también dispone que el sistema educativo deberá incluir contenidos sobre educación sexual adaptados a la edad de cada grupo de estudiantes, además de protocolos para prevenir y detectar situaciones de violencia sexual, y campañas institucionales centradas en combatir “los estereotipos de género y falsas creencias” sobre las víctimas.

Además, quienes atraviesen situaciones de violencia sexual podrán acceder a una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo en caso de que ganen menos del salario mínimo, tal como ya ocurre con las víctimas de violencia de género.

“Por fin nuestro país reconoce que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas las relaciones sexuales. Ninguna mujer tendrá que demostrar que ha habido intimidación o violencia para que se reconozca su agresión”, celebró la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, horas antes de la votación del jueves. “El grito del 'sólo sí es sí' y del 'hermana, yo sí te creo' se hace ley. Quiero agradecer a todo el movimiento feminista y a todas las víctimas de violencias sexuales que han dado la batalla para que el gobierno pueda dar este paso”, agregó. Este lunes, en una entrevista radial, Montero aseguró que esta ley sitúa a España “a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres” y “en la legislación feminista”.