Después de cuatro años de que se presentó el proyecto de ley para crear una canasta higiénica menstrual, finalmente este miércoles se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados. La legislación impulsada por la diputada colorada María Eugenia Roselló consta de dos artículos, dispone la creación de la mencionada canasta como una prestación a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y está dirigida a toda persona menstruante beneficiaria de la Tarjeta Uruguay Social (TUS).
El artículo 2° establece que esta canasta consistirá en una partida de dinero mensual que se acreditará a través de la TUS y que “tendrá como único destino la adquisición de productos de higiene menstrual”. Será el Poder Ejecutivo el encargado de fijar “el monto de la prestación, garantizando que sea el suficiente para cubrir las necesidades menstruales” de las personas beneficiarias.
“El Parlamento dio un paso hacia la justicia social y la equidad de género, garantizando el acceso a productos básicos que son esenciales para la salud y dignidad de las personas más vulnerables”, celebró Roselló este miércoles tras la votación del proyecto de ley que ahora pasará a votarse en el Senado.
La diputada colorada dijo en una entrevista con la diaria que “es bastante triste que en 2020 haya mujeres que no tengan para ponerse una toallita higiénica cuando la menstruación es algo biológico e inevitable que la mujer sí o sí tiene que pasar hasta alrededor de los 50 años”.
Es en ese marco que en la exposición de motivos de la ley el texto expresa que “la feminización de la pobreza es un fenómeno global y en Uruguay el porcentaje de hogares pobres con jefas mujeres es un 50% mayor que el de aquellos hogares con jefes hombres”, y que “hay hogares donde son los hombres quienes administran el dinero, por lo que para muchas mujeres se hace muy difícil el acceso a estos productos”.
Afirman que “las mujeres ganan un 23% menos que los hombres, y esa diferencia se ve profundizada si se toma en cuenta el gasto obligatorio mensual que este tipo de productos representa”. Es así que “se vuelve entonces un factor de discriminación para la población femenina, que debe afrontar la desventaja del costo de estos productos, y en caso de no poder hacerlo, utilizar métodos que no sólo son inadecuados e indignos, sino que llegan incluso a poner en riesgo su salud”.
Estos métodos incluyen el uso de trapos, “a veces viejos y desgastados”, que “pueden causar infecciones en el tracto urinario, así como problemas de salud reproductiva que podrían llevar a la infertilidad”, expresa.
En ese sentido, se apunta a que “la pobreza inevitablemente lleva a una pobreza en la higiene menstrual” y a que la “decisión de comprar comida para sus hijos o comprar artículos de higiene es un dilema que ninguna mujer debería tener que enfrentar”.
En 2023 se aprobó un proyecto que exonera de impuestos a las toallitas y tampones
En agosto del año pasado Roselló presentó un proyecto de resolución ante el Poder Ejecutivo que solicita la exoneración de impuestos a los productos de higiene menstrual, ya que estos se encuentran en el rubro de artículos de perfumería, gravados con 22% de IVA, y no en los de primera necesidad, gravados en una tasa mínima del 10% del IVA.
Dos meses después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que incluye a las toallitas y tampones como artículos exonerados de impuestos en el Texto Ordenado 1996, que establece normativas tributarias.
Durante la sesión del Parlamento, la diputada dijo que la compra de estos productos “supone una erogación anual de casi 3.000 pesos para aquellas [personas menstruantes] que consumen un producto y casi 8.000 pesos para aquellas que consumen el otro producto, que es más caro”, en referencia a los tampones.
En la misma sesión reconoció que pedir que el Estado otorgue toallitas y tampones de forma gratuita, como sucede en otros países, sería una “aspiración muy elevada”, pero igualmente “Uruguay tiene que abordar este tema como una necesidad urgente”.
Asimismo, en 2023 la bancada del Frente Amplio presentó en el Senado un proyecto de ley para crear una canasta de higiene menstrual, que propone una prestación del Ministerio de Salud Pública para “personas que menstrúan” pertenecientes a los sectores de menores recursos económicos.