A veces damos por sentados muchos derechos de que gozamos en Uruguay sin dimensionar que, en realidad, no fueron adquiridos hace tanto tiempo: la llamada “agenda de derechos” se consolidó a partir del primer período de gobierno del Frente Amplio (FA), entre 2005 y 2010, y hay que decir que, desde una perspectiva histórica, 20 años no es nada. la diaria nació en esa época fermental en la que tanto el movimiento feminista como el LGBTI+ vieron una ventana de oportunidad para impulsar leyes que garantizaran vidas más dignas para las mujeres y las disidencias.
En el marco de nuestro vigésimo aniversario, y en un contexto mundial en el que esta agenda se ve especialmente amenazada por el avance de la ultraderecha, es importante recordar cómo era la situación antes de la aprobación de estas leyes y en qué aspectos significaron transformaciones reales para las personas. Es importante no solo como un ejercicio de memoria, sino también para rescatar claves que ayuden a entender mejor un presente que tiene sus desafíos particulares.
En 2006, Uruguay transitaba el primer año de gobierno frenteamplista, bajo la presidencia de Tabaré Váquez. Durante el período anterior se habían aprobado algunas leyes vinculadas a los reclamos de los feminismos, como la 17.514 de violencia doméstica (2002) y la 17.815 de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (2004). Sin embargo, la llegada de una fuerza de izquierda al poder, y sobre todo el aterrizaje de muchas de sus legisladoras al Parlamento, alentó a los colectivos sociales a plantear sus demandas con mayores expectativas.
“Cuando pasamos a tener roles en el Legislativo algunas actoras políticas que en el período 1995-2000 éramos edilas y trabajamos en todo el país en temas que tenían que ver con las mujeres, ya había un acumulado muy interesante de conocimiento, de experiencia y sobre todo de organización de las mujeres y de los colectivos de la diversidad, por ejemplo, que empezaron a poder expresarse en el nivel legislativo. Esa fue la base de lo que después pudo concretarse en modificaciones legales, sobre todo entre el 2000 y 2010”, rememoró en diálogo con la diaria Margarita Percovich, exdiputada (2000-2005) y exsenadora del FA (2005-2010), y por entonces una de las principales impulsoras de esta agenda en el Parlamento.
Efectivamente, la primera década del siglo XXI registró gran parte de estos avances. De hecho, Percovich fue la promotora en el Senado de normas cruciales aprobadas en ese período, como la ley de unión concubinaria (2007), la de salud sexual y reproductiva (2008) y la del derecho a la identidad de género y cambio de nombre y sexo registral (2009). Durante ese primer período de gobierno del FA también se aprobó la ley de cuotas (2009), que Percovich valoró, aunque aclaró que el objetivo ya en esa época era ir hacia la paridad, algo que fracasó hace 20 años (y hace dos también), debido a la “resistencia de todos los partidos”.
Otras normas centrales en materia de salud sexual y reproductiva, diversidad y violencia hacia las mujeres se aprobaron durante las dos siguientes administraciones frenteamplistas, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) (2012), la de matrimonio igualitario (2013), la que modifica el Código Penal para incluir la figura de femicidio y la ley integral de violencia basada en género (ambas en 2017). Este ciclo cerró en 2018 con la sanción de la ley de trata de personas y la ley integral para personas trans.
¿En qué aspectos la aprobación de estas leyes marcó un antes y un después? ¿Cómo vivían las mujeres y personas LGBTI+ en el Uruguay previo a este marco normativo? ¿Dónde estamos hoy? Referentes de la política, la academia y el activismo lo analizaron en entrevista con la diaria.
Diversidad sexual: defender logros del pasado frente al odio del presente
Hace 20 años, el movimiento LGBTI+ venía de celebrar la primera Marcha por la Diversidad en setiembre de 2005 –y ya no la emblemática Marcha del Orgullo que se hacía en junio– y el centro de las reivindicaciones pasaba por “empezar a problematizar la idea de desigualdad que manejaba la izquierda, que era exclusivamente económica y social”, profundizó Diego Sempol, doctor en Ciencias Sociales especializado en temáticas de diversidad y uno de los fundadores del colectivo Ovejas Negras. Frente a eso, la militancia abogaba por incluir “variables étnico-raciales, de género y de disidencia sexual, porque si no se entendía esa complejidad de los mecanismos de desigualdad, nunca se iba a poder generar una política que realmente la enfrentara de forma integral y transformativa”, explicó.
El académico aseguró que, en 2006, los principales desafíos de la población LGBTI+ en Uruguay tenían que ver con “la discriminación, el no reconocimiento de derechos, el no reconocimiento de nuestros vínculos afectivos, de los derechos de poder decidir sobre tu pareja frente al sistema médico y frente a los sistemas de herencia, la exclusión laboral, que no hubiera casi posibilidades de visibilizarnos, la violencia social y la violencia física cotidiana institucional –o sea, policial–, y el humor sangriento y discriminatorio dentro de los medios masivos de comunicación y el carnaval”.
Sempol recordó que en ese momento “estaba en discusión el debate de la unión concubinaria, después el del matrimonio igualitario, el reconocimiento de las identidades trans, y se empezó a hablar del problema de acceso al trabajo de las personas trans y la discriminación en los espacios públicos y laborales para toda la población en general”. En ese sentido, destacó que a partir de 2005 se terminó de desplazar el foco del movimiento exclusivamente en la agenda LGBTI+ y “cuajó definitivamente una mirada más interseccional de la discriminación”.
El investigador consideró que las leyes aprobadas “ayudaron a un montón de transformaciones”, sobre todo “en lo que es el reconocimiento de ciertas vidas, ciertas identidades, cierta posibilidad de, cuando te ningunean un derecho, poder reclamarlo”, y “permitieron más felicidad y menos violencia en general a la comunidad LGBTI+”. Pese a eso, aseguró que “las leyes no bastan” y que “sigue habiendo gravísimos problemas que, en el contexto actual, no paran de agravarse porque los discursos de odio se han incrementado de una forma aritmética”. A su entender, “estamos entrando en un nuevo escenario en que, a veces, hasta uno encuentra que hay discusiones que suenan pre 2005”, como “cuando un senador le dice a otro ‘puto de mierda’ y eso no tiene consecuencias reales”, dijo, en referencia a las declaraciones del nacionalista Sebastián da Silva hacia el frenteamplista Nicolás Viera en agosto de 2025 en el Senado.
“En algunas cosas mejoramos y como grupo logramos cierta dignidad frente al resto de la sociedad, pero eso es un logro precario que está en clara disputa en la actualidad”, sintetizó Sempol. “No estamos igual que en 2005, claramente, pero lo poco que avanzamos está siendo objeto de disputa en diferentes niveles, y más que nunca vamos a tener que defenderlo, porque hay discursos sociales que están nuevamente alentando el odio hacia nuestra comunidad”, advirtió.
Derechos sexuales y reproductivos: ayer pioneros, hoy “rezagados”
En 2006 también había un terreno fértil para iniciativas que ampliaran el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Dos años antes se había conformado la Comisión Nacional Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos, y se estaba haciendo “todo un trabajo a nivel de salud para pasar de las políticas materno-infantiles que ubicaban exclusivamente la salud de las mujeres no solo en términos reproductivos, sino en términos de madre, a entender que las mujeres somos sujetos de derecho y no simplemente medios para”, explicó Lilián Abracinskas, activista, investigadora y fundadora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).
Abracinskas, que actualmente es senadora suplente del FA, aseguró que “en el campo del ejercicio de la sexualidad y de la reproducción había una carencia en la política pública” y que, por eso, se llega en 2005 “a la asunción de un gobierno de izquierda con mucho entusiasmo”, en el entendido de que “la lucha de las mujeres se inscribe dentro de las luchas emancipatorias que ha peleado la izquierda a lo largo y ancho del mundo”.
Un hito de ese período es la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva, en 2008, que es “pionera porque es una de las primeras en la región que reconocen los derechos sexuales y los derechos reproductivos como dimensión de los derechos humanos y, por lo tanto, como parte de los requerimientos que tiene que tener una política integral en salud, entendiendo además la salud como un derecho”, señaló la referente.
Sin embargo, recordó que ese triunfo llegó de la mano del “gran choque” que implicó que el entonces presidente Vázquez vetara los capítulos de la ley vinculados al aborto. Aunque reconoció que eso fue “un golpazo”, dijo que, a partir de ese momento, “lo primero que se hizo desde el movimiento feminista fue entender que no podíamos bajar los brazos”. “Cuando cambia el gobierno en 2009, sabíamos que teníamos una ventana de oportunidad de atender la situación de aborto que no había que perder”, enfatizó.
En ese nuevo escenario, se presentó un “muy buen proyecto de ley”, impulsado por la entonces senadora del FA Mónica Xavier y elaborado en conjunto con distintas organizaciones, que “lo que planteaba era garantizar los plazos y el acceso a los servicios, y ponía la ampliación de la causal salud fuera de las 12 semanas”, pero que “lamentablemente naufragó” en medio de la negociación parlamentaria. Tras las modificaciones que se introdujeron para obtener el voto que faltaba, el resultado no fue la ley que se quería, sino la que se pudo aprobar, que es “absolutamente tutelante”, consideró Abracinskas.
“Si Uruguay fue pionero con la ley de derechos sexuales y reproductivos en 2008 y de avanzada con la ley de IVE en 2012, hoy estamos rezagados”, evaluó, y comparó nuestra legislación con la de otros países de la región, como Colombia o Argentina, que aprobaron leyes más progresistas en estos años. “Hoy el gran dilema no es el aborto, porque la gran mayoría de abortos son seguros, se resuelven con buena medicación y buen acceso a ella; hoy el gran problema es las que quedan por fuera de los plazos y las que son perseguidas por el delito”, consideró la especialista.
Abracinskas resaltó que ahora Uruguay se encuentra frente a una nueva “ventana de oportunidad” para actualizar la ley, “porque la desigualdad de género forma parte de uno de los compromisos asumidos por este gobierno”. “Hay que estar a la altura y habrá que encontrar la mejor propuesta porque se necesitan por lo menos dos votos en Diputados para poder abrir sustantivamente a cambios que lleven otra vez a Uruguay a ser de los primeros países en la lista en reconocimiento de derechos y reducción de desigualdades”, afirmó.
Acerca de la propuesta de modificación de la ley a la que se ha referido en los últimos meses el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, que entre otras cosas sugiere ampliar el plazo para interrumpir el embarazo a las 14 semanas de gestación –que actualmente existe solo para casos de violación–, opinó que “es insuficiente”: “Si vamos a abrir la discusión, entendamos cuánto es lo máximo que podemos conseguir, dado que es un país que tiene condiciones para ponerse a la altura de los mejores estándares”.
Violencia de género: avances culturales en un contexto “regresivo”
Dos décadas atrás, “todavía estábamos lejos de ver, de conceptualizar y de tomar conciencia de lo que era la violencia de género”, reflexionó la abogada Alicia Deus, corredactora de la Ley 19.580 y actual representante de Uruguay en el comité de expertas en violencia de género de la Organización de Estados Americanos. Para ilustrarlo, la especialista recordó que cuando se aprobó la ley de violencia doméstica, en 2002, “si bien se pensaba para la violencia en el ámbito doméstico hacia las mujeres, el Parlamento se encargó específicamente de destacar que era una ley que no tenía género”.
Con la lupa en 2026, Deus valoró que “ha habido avances, sobre todo en la cultura imperante”, en la conceptualización de la violencia de género y en visibilizar distintas formas que antes estaban naturalizadas –como la violencia obstétrica o el acoso sexual callejero, dijo, a modo de ejemplo–. Otros avances que mencionó están vinculados a que, “a pesar de que todavía en muchos casos hay omisiones, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado respecto de que es obligatorio incorporar la perspectiva de género en los procesos judiciales, no solamente en la sentencia, sino también en la consideración de las pruebas”. Además, destacó que se avanzó “en la consideración de las víctimas”, fundamentalmente gracias a la aprobación del Código del Proceso Penal, en 2017, por el cual “las víctimas pasan de no existir a tener un lugar en el proceso”.
En cuanto a la Ley 19.580, la experta consideró que, si bien es un modelo a seguir en la región, el Estado uruguayo “debería cumplir con todas las disposiciones” que establece. “Tenemos grandes debes en acciones de prevención, que pasan en gran medida por cambios en la educación, por incorporar en las currículas lo que es la violencia de género, lo que es la perspectiva de género, que tiene que permear en todos lados”, planteó.
Al mismo tiempo, aseguró que, “actualmente, hay un contexto histórico y político que es regresivo”, con “una corriente reaccionaria a la conquista de derechos por parte de las mujeres” que complejizan el panorama.
En un sentido similar, Percovich puntualizó que, “más allá de todas las leyes que hayamos podido aprobar”, en los últimos años “ha habido un recrudecimiento de la violencia” y creció una “ultraderecha en todo el mundo que tiene el objetivo primero de destruir el empoderamiento de las mujeres y de la diversidad”.