Desde la detención del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, el 25 de setiembre de 2022, el caso derivó en varias líneas de investigación, por lo que la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati dispuso a fines de noviembre la división de la causa, que tiene ya cuatro carpetas distintas. La primera refiere a la organización criminal dedicada a la expedición de pasaportes uruguayos; otra, al pedido de tareas de inteligencia contra los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera; una tercera, al vínculo entre Astesiano y las jerarquías policiales; y la más reciente, a las filtraciones a la prensa que surgieron en la propia investigación.
La división de las carpetas de investigación en la Fiscalía no implica la apertura de una causa distinta a nivel judicial, pero, además de ordenar la investigación, da a la fiscal Fossati la posibilidad de administrar el acceso a los archivos de la causa entre los abogados según cada caso, lo que le permite limitar la distribución de la evidencia, sin lesionar los derechos de los defensores, en la medida en que tienen acceso a todo lo que atañe a su defendido.
La conexión rusa
La investigación sobre los pasaportes uruguayos otorgados a rusos es la causa original que surgió de una denuncia de la Dirección Nacional de Identificación Civil en 2019 tras detectar maniobras en los trámites del Registro Civil para el reconocimiento de paternidad de ciudadanos rusos y que, luego de ser archivada y desarchivada, quedó en manos de la fiscal Fossati. En los últimos tres meses de la investigación, retomada en 2020, Fossati logró la formalización del proceso contra Astesiano, el escribano Álvaro Fernández, su esposa Patricia Medina, el excónsul uruguayo en Rusia Stefano Di Conza y los ciudadanos rusos Alexei Slivaev y Roman Karpov.
Slivaev, Fernández y Medina fueron imputados por suposición de estado civil y asociación para delinquir, mientras que Astesiano lo fue por esos delitos y por tráfico de influencias.
Además, hay otras dos personas sobre las que el juez el penal de 38° turno Alejandro Astegiante dispuso medidas limitativas por 90 días, mientras la fiscalía intenta reunir la evidencia necesaria para imputarlas. Se trata de Ana Bumburova y su hija Sofía, quienes el 21 de setiembre acompañaron a Karpov a la oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde se detectaron irregularidades en la documentación que presentó.
Hasta el momento hay pocos datos concretos del entramado de la organización y muchas líneas de investigación abiertas. La investigación penal logró determinar que la organización está activa al menos desde 2013 y que el escribano Fernández y Slivaev son los miembros originales; ellos se contactaron con Astesiano en 2021 para potenciarse en la realización de trámites tanto ante la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) como ante la Corte Electoral, donde pedían certificado de avecinamiento, algo requerido para los extranjeros para tramitar la inscripción ante el Registro Civil.
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Al acordar su condena (nueve meses de prisión a cumplir en régimen de libertad a prueba, por un delito de uso de documento falso y suposición de estado civil), Karpov reconoció que se contactó con la organización a mediados de 2019 a propuesta de un cliente de su empresa constructora que le ofreció saldar una deuda de 40.000 euros con la expedición del pasaporte uruguayo, para acceder a la visa para ingresar a Estados Unidos y Europa. Contactó a un abogado en San Petersburgo, que fue identificado por Karpov, quien se encargaba de hacer el trámite, pero luego le dijo que un funcionario de la embajada que participaba en la organización había sido trasladado, por lo que debía culminar el trámite en Uruguay y le entregó las partidas de nacimiento adulteradas.
En esta carpeta se investiga el rol de los funcionarios de la embajada uruguaya en Rusia. Hasta ahora, el único funcionario imputado en la causa es el excónsul uruguayo en Moscú Stefano Di Conza (2013-2018), a quien la Justicia condenó por 14 delitos de fraude reiterados y delitos de suposición de estado civil en reiteración, por ser el firmante de los documentos. Di Conza sostiene que es responsabilidad del Ministerio del Interior verificar la veracidad de los datos que ingresan los solicitantes y señaló que quien conocía el idioma ruso y traía la documentación en la que él chequeaba que estuvieran los sellos institucionales requeridos para ese trámite era la oficial de la cancillería rusa.
En este caso, la fiscalía busca profundizar en las responsabilidades de otros funcionarios, que fueron mencionados por alguno de los imputados o trabajaron en la embajada uruguaya en Rusia entre 2014 y 2019.
Espionaje a senadores
La investigación sobre las tareas de inteligencia contra los senadores frenteamplistas Bergara y Carrera fue iniciada con una denuncia penal realizada el 1° de diciembre por los propios legisladores. Ambos son mencionados en los chats entre Astesiano y el entonces gerente general en Uruguay de la empresa dedicada a la venta de insumos de seguridad Vertical Skies, Marcelo Acuña, quien pidió a Astesiano la elaboración de fichas de los legisladores “con todo lo personal” para intentar forzarlos a desistir de la denuncia sobre el acuerdo entre Katoen Natie y el gobierno.
Hasta ahora no hay imputados relacionados específicamente con este hecho, pero se tomó declaración a los senadores denunciantes, al CEO de Vertical Skies, el militar retirado Mario Panizza, a Acuña y al militar retirado Mario Fraud, quien fue señalado por Acuña como el destinatario final de la información requerida.
En las declaraciones, Panizza, Acuña y Astesiano coincidieron en la versión dada a la fiscal Fossati en cuanto a que la elaboración de las fichas nunca se concretó y que el pedido de Acuña fue a título personal, sin involucramiento de Vertical Skies.
También se investiga el giro de 1.500 dólares que Panizza le envió a Astesiano vía Western Union. Según la versión de los tres, se trató de un préstamo que Acuña devolvió a Astesiano por intermedio de Panizza.
Pese a que la investigación comenzó con el foco puesto en la elaboración de las fichas de los senadores, en las últimas instancias ante la Fiscalía la indagatoria logró profundizar sobre los vínculos empresariales y la transparencia de las licitaciones ganadas por Vertical Skies, además de eventuales puntos de contacto entre Acuña, quien conoció a Astesiano cuando trabajaba en la seguridad de la campaña de Juan Sartori, y personas vinculadas a la causa Katoen Natie.
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Los contactos con policías
En la investigación sobre el vínculo de Astesiano con las jerarquías policiales tampoco hay imputados, pero varios jerarcas policiales fueron convocados por la Fiscalía en calidad de indagados y ya declararon ante Fossati. Se trata del director de Inteligencia, Claudio Correa, el subdirector de la Policía, Héctor Ferreira, el titular de la Dirección de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, y el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel.
Esta parte de la investigación es la que tiene mayor diversidad, dado que surgen líneas de investigación de las diferentes comunicaciones con los jerarcas. Por ejemplo, en el caso de Correa se investiga el procedimiento de detención de Astesiano y el uso del aparato estatal para fines personales. Henry de León es investigado por una supuesta condonación de multa a una empresa vinculada a Astesiano, mientras que a Ferreira, quien renunció a su cargo tras ser indagado, se lo investiga por ordenar tareas de inteligencia contra el exnovio de la hija de Astesiano en el marco de una denuncia por violencia de género, y por la supuesta reserva de un lugar para el ingreso a la Escuela Nacional de Policía de una conocida de Astesiano, entre otros “favores” realizados al exjefe de seguridad presidencial.
El seguimiento y el pedido de información sobre los movimientos de Lorena Ponce de León están dentro de esta parte de la investigación y por esos hechos fue indagado Berriel, quien figura en los intercambios de chat con Astesiano como uno de los proveedores de la información sobre la expareja del presidente Luis Lacalle Pou. Berriel también es mencionado en una solicitud de traslado de un policía a la Jefatura de Policía de Rivera, luego de haber colaborado con una investigación contra el hijo de Astesiano, el envío de información con datos del parte policial sobre una denuncia de violación durante una fiesta del Partido Nacional que estaba siendo investigada por la Justicia.
“Es muchísima la información que tenemos. Lo que se viene recuperando es muy importante, porque se conoce el manejo de Astesiano no sólo vinculado a este tema [de los pasaportes], sino a otros pedidos que hizo a autoridades públicas, que a juicio de esta fiscal tiene todos los vicios de un hecho ilícito”, señaló Fossati en la audiencia del 21 de octubre en el juzgado de 38° turno.
Las filtraciones
La investigación sobre las filtraciones a la prensa ocurridas durante la investigación penal fue anunciada por Andrés Ojeda, abogado del subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, tras declarar ante la fiscal Fossati. Desde el inicio de la causa, la fiscal había planteado su preocupación por las filtraciones y sus consecuencias sobre la efectividad de la investigación.
El 28 de noviembre, Fossati emitió un comunicado, a través de la fiscalía, en el que negó “versiones de diversos actores haciendo referencias a filtraciones provenientes de Fiscalía” y subrayó que el equipo fiscal se limitó a informar las formalizaciones ocurridas en el caso “en el marco de la política de transparencia institucional [...] pero no ha hecho circular ningún otro elemento de la indagatoria, los que incluso considera inoportuno que se conozcan en esta etapa de la investigación”.
Además, señaló que existen “otros operadores con acceso a la carpeta de investigación fiscal”, tal como prevé el artículo 259.2 del Código de Proceso Penal, que establece que “las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal”.
El artículo 259.3 del CPP habilita a la fiscal a pedirle al juez de la causa la declaración de reserva de parte de la carpeta de investigación, siempre que identifique los elementos de la carpeta que quiere reservar respecto del imputado, su defensor y demás participantes en la causa, y fundamente la reserva en función de preservar la investigación. El pedido de reserva puede hacerse por un máximo de 40 días, y el fiscal puede pedir sucesivas prórrogas por un máximo de seis meses.
Esa posibilidad fue utilizada por la fiscal Fossati para las declaraciones realizadas ante la Fiscalía por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferrés el 29 de noviembre. También para otros archivos con declaraciones sobre el rol de la embajada uruguaya en Rusia en la entrega de pasaporte, aunque esa reserva ya fue levantada dado que buscaba evitar la confabulación entre personas que ya declararon.
La semana pasada, Fossati dispuso que las personas que tienen acceso a la carpeta de investigación sean llamadas a declarar ante la División de Delitos Complejos de la Policía.