El domingo 23 de enero, una mujer denunció haber sido sometida a una violación grupal en un apartamento del barrio Cordón, en Montevideo. Según trascendió, la mujer denunció que estaba teniendo relaciones sexuales con consentimiento con un varón y, en determinado momento, sin consentimiento, ingresaron otros tres varones a la habitación y la violaron.
La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de cuarto turno, a cargo de la fiscal Sylvia Lovesio, asumió la investigación del caso en lo que respecta a los tres adultos involucrados. La Fiscalía de Adolescentes a cargo de Ricardo Chiecchi lleva adelante la investigación del involucramiento del cuarto acusado, que es un adolescente.
Fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado tres de los varones, que son mayores de edad. A uno de ellos se le imputó además un delito de difusión de imágenes de contenido pornográfico sin autorización de la víctima. Irán a prisión preventiva por 180 días o mientras dure la investigación. Lovesio planteó que se determinó la prisión preventiva aunque sean primarios porque es preceptiva para delitos sexuales. También se tomó en cuenta el riesgo para la víctima y para la sociedad.
Martín Frustaci, abogado de los imputados, apeló el pedido de prisión preventiva fundamentando que “no eran un riesgo” para la investigación ni para la sociedad.
Este viernes, el Tribunal de Apelaciones de tercer turno confirmó la imputación de los tres agresores sexuales. También ratificaron las medidas cautelares de prisión preventiva. Los ministros actuantes son Pedro Salazar, José María Gómez y Julio Olivera.
Los agresores sexuales están en Cárcel Central, lugar exclusivo del sistema que había cerrado y reabrió el año pasado. Al igual que en su etapa previa, es considerada una cárcel VIP.
Por su parte, Lovesio continúa la investigación hasta que defina si acusa o sobresee, y finalmente en un juicio oral se resolverá si los acusados son condenados o no, para luego, en caso de ser condenados, llegar a una sentencia definitiva. En el caso de los adultos, la Fiscalía tiene un plazo máximo de un año a partir de la formalización para acusar. Se puede prorrogar por un año más si acredita que no pudo culminar la investigación en el primer año.
Por otro lado, el adolescente sigue emplazado, a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía de Adolescentes continúa la investigación. En el caso de las personas que tienen menos de 18 años, una vez que se formaliza una investigación, la Fiscalía tiene 30 días para acusar o sobreseer a la persona imputada ante un juzgado.
En paralelo, también continúa la investigación penal por la divulgación de material íntimo de la mujer sin consentimiento, a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de sexto turno, representada por la fiscal Mariana Alfaro. Además, se investiga la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.
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