La fiscal especializada en delitos sexuales Sylvia Lovesio es la que lleva adelante la investigación sobre la violación grupal a una mujer en Cordón. Este martes decidió conceder varias entrevistas en los medios de comunicación con el objetivo de explicar el procedimiento que viene realizando la Fiscalía en este caso particular, pero también para denunciar la falta de recursos con la que trabajan en esta materia, lo complejo que es el proceso para la víctima y la indignación que generan algunas penas.

Sobre el caso puntual se excusó de dar detalles porque no corresponde hacerlo mientras transcurre la “investigación seria” que lleva adelante junto a su equipo de dos fiscales asistentes. De todas formas, volvió a asegurar que en este caso se siguieron todos los protocolos que aplican a esta situación, incluyendo un informe multidisciplinario de su prestador de salud, un informe forense y la atención por parte de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

En diálogo con Doble click, la fiscal se refirió en particular a la indignación que generó tratar el caso de “presunta violación” y destacó que esa es la forma de garantizar un proceso judicial. “Hasta que no tengamos evidencia contundente para poder ir al juez de garantías a pedir que se formalice la investigación de la Fiscalía, nosotros tenemos que entender que el o los denunciados son inocentes hasta que no se pruebe [lo contrario] en un juicio oral y público”.

De todas formas, afirmó que empatiza con los reclamos que se suscitaron en redes sociales: “Me pasa lo mismo que al resto de la gente; a nosotros, que estamos todos los días trabajando con víctimas, nos gustaría que el sistema cambiara. Es lo que reclamo todos los días: poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder darle a la víctima una respuesta”.

“Lo he dicho en varias oportunidades: los delitos sexuales en nuestro país no son una prioridad en materia de políticas públicas. Somos tres fiscalías especializadas en Montevideo, sin contar que todos los fiscales del interior también tienen delitos sexuales. Tenemos gran cantidad de denuncias cada vez que estamos de turno y estamos trabajando con tres equipos de tres personas, y la verdad que nos gana la impotencia”, lanzó.

Consultada sobre si las mujeres están seguras en Uruguay, Lovesio opinó: “No, las mujeres no están seguras”. Agregó que a su entender “se necesita un sinceramiento en toda la sociedad; cuando suceden estos casos lo primero que sucede es que se señala a la víctima”. Destacó que han investigado sobre estos comportamientos y en su opinión la conclusión es que es “un mal endémico de la sociedad” y que la forma de “combatirlo” es a través de la prevención: “tratando de enseñar y prevenir para que estas cosas no sucedan, porque cuando suceden llegamos tarde”.

Lovesio también se refirió a las penas que se obtienen después de los juicios orales por abusos sexuales. “Las penas que tiene legisladas nuestro Código muchas veces son ridículas. Vamos a un juicio, llevamos los estándares probatorios que se exigen para que el juicio no caiga y que sea un juicio profundo, con penas contundentes, que haya prueba total de que estos hechos ocurrieron, en juicios que demoran una semana, y aun así las penas que se obtienen son penas que, a mi juicio, no contemplan el daño que la víctima sufre”.

El proceso

Lovesio también enfatizó sobre las particularidades que tiene la investigación de delitos sexuales, sobre todo por la falta de pruebas físicas en la mayoría de los casos y la falta de admisión de culpabilidad por parte de los abusadores. “En materia de delitos sexuales no tenemos las evidencias; nosotros y la víctima tenemos que pasar por un proceso en el que se la debe analizar” y en muchos casos debe volver a relatar lo sucedido, pasando por un proceso de revictimización.

La fiscal relató que muchas veces las demoras se deben a los plazos que establece el protocolo, que entre otras cosas implica que la víctima haga la denuncia, que pase por un equipo multidisciplinario de salud que incluye a un médico general, un ginecólogo, un psicólogo y un psiquiatra, además de tener que pasar también por un médico forense.

En algunos casos el equipo de la fiscal evita tomar la declaración nuevamente, en busca de evitar revictimizar, pero al mismo tiempo “la víctima tiene derecho a participar en su proceso oral a través de la prueba anticipada, que es una declaración reservada, en la que presta su declaración frente al juez y cuenta qué fue lo que sucedió. Esa declaración anticipada también es otra instancia en que la víctima tiene que afrontar otra vez lo sucedido”. El proceso de trabajo es lento, afirmó la fiscal, y agregó: “Lamentablemente estas son investigaciones de largo aliento y la misma ansiedad que genera en la opinión pública también se genera en nosotros”.

La respuesta de Lacalle Pou

Este martes consultado sobre el caso y la falta de recursos que señaló Lovesio, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que se van a cumplir “los compromisos presupuestales” en la materia “lo antes posible” y señaló que se empezó a hacer con la inauguración de un juzgado en San Carlos.

Sobre el caso, el presidente opinó que es una “asqueante y aberrante situación” y que más allá de que no opinará sobre la tarea de juez y fiscales, dijo que “debería ser contundente la pena, la sanción ejemplarizante, para estos actos que no son propios del ser humano y en este caso del género masculino. Nos debería dar vergüenza”.