La Fiscalía pidió el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadés para poder avanzar en la investigación del caso sobre explotación sexual de adolescentes en el que ya declararon ocho víctimas y hay varias más identificadas, cuyas declaraciones podrían sumarse próximamente.
Penadés ya declaró como indagado ante la Fiscalía y también lo hizo el docente del Liceo Militar Sebastián Mauvezin, señalado como intermediario. Su abogado, Juan Carlos Fernández Lecchini, dijo que “no había accedido a toda la carpeta fiscal”, lo que fue negado por Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que defiende a cinco de las ocho víctimas que declararon con Penadés. Suárez advirtió que Fernández Lecchini buscaba conocer la identidad de los denunciantes y alertó que las víctimas están en riesgo.
La abogada justificó en este sentido la reserva del caso como única medida efectiva para poder proteger a las víctimas. Acto seguido, la Fiscalía pidió que se mantenga la reserva por 120 días más, mientras continúa la investigación, con el pedido de desafuero de Penadés a un paso de llegar al Parlamento.
Los fueros se levantan para que la investigación pueda, entre otras cosas, recurrir a diligencias que requieran una intervención judicial. Para esto, la fiscal Alicia Ghione presentó un escrito para justificar su solicitud ante la jueza penal de 36° turno, Marcela Vargas, que avaló el pedido dando paso a la intervención de la Suprema Corte de Justicia. Aunque los fueros son de la cámara y no del legislador, Penadés volvió a pronunciarse sobre el tema y pidió que la decisión no pase por comisión y vaya directo al pleno del Senado para acelerar el trámite.
La fiscal ya hizo diligencias para conseguir los videos de las cámaras de videovigilancia de los moteles a los que las víctimas, según declararon, fueron con el senador. La dificultad para obtener este material es que las imágenes se sobreescriben en los discos duros que las registran cada cierto tiempo, por lo que, como varios de los casos ocurrieron tiempo atrás, es probable que esos archivos hayan sido borrados.
Según informó Montevideo Portal y confirmó la diaria, ante esta realidad que trunca la posibilidad de contar con esa evidencia, parte de la estrategia planteada por la fiscal es recabar otros datos. Uno de ellos son los movimientos financieros de Penadés en el caso de que haya pagado el servicio de los moteles con tarjetas de débito o crédito.
El mismo medio consignó que en su declaración Penadés aceptó que concurría a uno de los moteles que las víctimas señalaron, aunque negó tener conocimiento de haber ido con menores porque asumió que no les pedía la cédula de identidad para comprobar que las personas a las que les pagaba a cambio de actos sexuales eran mayores de edad.
“No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”, dijo el senador tras su declaración. Plantear el desconocimiento de la edad de las personas a las que se las retribuye por actos sexuales no exime de la responsabilidad penal en el caso de que tengan menos de 18 años.