En el marco de la ronda de negociación colectiva más grande en la historia del país resulta fundamental reflexionar sobre las formas en que se dirimen cotidianamente las controversias vinculadas a la negación sistemática, por parte de las patronales, de los derechos laborales conquistados en los Consejos de Salarios y las alternativas posibles para su efectivización.
El canal institucional para la “solución” de conflictos de tipo “individual” involucra al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en una primera instancia de “conciliación” que debe agotarse antes de iniciarse un juicio en materia laboral.
Sin embargo, en la práctica, muchas veces, lejos de cristalizar las conquistas del movimiento sindical, estas instancias consagran las reglas del sistema capitalista, lo legitiman y de ningún modo cuestionan sus fundamentos.
En todos los sectores hay empresas que, conociendo detalladamente el contenido del Consejo de Salarios, y asesorados por estudios contables y prestigiosos despachos jurídicos, deciden intencionalmente robarles a sus trabajadores decenas de miles de pesos al mes. No a uno, ni ocasionalmente, sino que a toda la plantilla de empleados de manera recurrente, mes a mes, durante años. Este tipo de acciones no se aborda mediáticamente de la misma forma que cualquier tipo de delito que implique robo, apropiación indebida o estafa.
Ante el incumplimiento sistemático por parte de una empresa de lo que está establecido en los Consejos de Salarios, si un trabajador decide denunciar e intimar a su empleador, en las instancias de conciliación, en el mejor de los casos, el patrón negocia sobre los montos que premeditadamente robó.
Problematizar la instancia de “conciliación laboral” implica identificar un nudo gordiano de impunidad que enarbola las relaciones de poder dominantes.
En los escritorios del Centro de Negociación de Conflictos Individuales de Trabajo del MTSS se dirimen los conflictos no por conceptos ni principios basados en la justicia laboral, sino por plata, por la plata que el empleador esté dispuesto a “ofrecer” y por la plata que el trabajador esté dispuesto a aceptar.
Muchas veces, por desesperación y urgencia, por la imposibilidad de sostener un juicio laboral que implica tiempo y dinero, la pérdida del puesto de trabajo y la incertidumbre de lo que la Justicia pueda decidir, muchos trabajadores terminan aceptando 20% o 25% de lo que realmente les corresponde.
Es decir, en estos casos nos enfrentamos a que los rubros salariales calculados al pie de la letra de la normativa laboral y del Consejo de Salarios no se pagan de forma correcta, se pagan según una pulseada de negociación en la que se obvia un principio que es fundamental: los derechos son irrenunciables.
Las empresas informales roban al Estado, al trabajador, a la comunidad, y lo resolvemos en una conciliación, que de ninguna manera es superadora de las desigualdades que busca atenuar el espíritu garantista del derecho laboral.
Un ejemplo para esta reflexión es la situación que viven los trabajadores del transporte de carga, que forman parte de uno de los sectores más informales de nuestra economía. Un sector que conforma a su vez uno de los eslabones más débiles de la cadena agroexportadora, pero que registra en los últimos Consejos de Salarios un aumento acumulado.
De acuerdo a un informe del Instituto Cuesta Duarte presentado en julio de 2017, en el marco del seminario “Desafíos en el transporte de carga en el Uruguay del siglo XXI”: “El sector de transporte de carga por carretera no fue ajeno al proceso de crecimiento sostenido del salario real de los trabajadores experimentado desde la reinstalación de la negociación colectiva tripartita y centralizada en 2005 [...] Según los laudos establecidos en los convenios colectivos correspondientes al grupo 13 (Transporte y almacenamiento), subgrupo 7 (Transporte terrestre de carga), el jornal nominal del chofer de semirremolque (categoría a la que pertenece la mayoría de los trabajadores del sector) pasó de $ 210 el 1º de julio de 2005 a $ 957 el 1º de julio de 2016. Esto representa un aumento salarial acumulado de 355,7%, lo que, descontada la inflación existente en el período, implica un crecimiento de poder adquisitivo de 95,2% en 11 años, es decir, 8,7% promedio anual”.
A pesar del significativo aumento salarial registrado, los choferes reciben sueldos por debajo del laudo salarial acordado y siguen padeciendo condiciones de trabajo precarias.
Este informe advierte también de la magnitud de la informalidad del sector: más de 90% de los empresarios evaden aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección General Impositiva (DGI). Según un análisis hecho por los asesores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, “la evasión a BPS asciende a aproximadamente 200 millones de dólares y a DGI otros 200 más. A esto se debe sumar el subaporte de salario al pagar de maneras alternativas al Convenio Colectivo de Salarios, que ascendería a más de 100 millones de dólares”.
“La vida del camionero no es fácil”, me dijo una vez un trabajador con cierta resignación, mientras describía la corrosión más absoluta de sus derechos laborales. No está de más decir que muchos de estos trabajadores que padecen la informalidad en contextos de precarización laboral mueven millones de dólares en todo tipo de bienes, entre ellos, commodities –soja, arroz y la madera de las papeleras–.
Es innegable que la instalación de la mayoría de las mesas de negociación colectiva de los Consejos de Salarios es una de las instancias fundamentales para la dinámica de la lucha de clases en nuestro país.
Al respecto, hace poco el economista Hugo Dufrechou escribió que esta instancia, junto con la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno, “son parte de la dinámica general de la lucha de clases, porque en ellas se afecta la dinámica de acumulación de capital. Las conquistas de mejores niveles de salario real, mayores derechos laborales y la mejor financiación de los servicios públicos tienen un efecto fuerte y depresor sobre la tasa de ganancia del capital a nivel económico, así como ayuda a fortalecer al conjunto de la clase trabajadora y al pueblo a nivel político” (Hemisferio Izquierdo, Nº 20, 2018).
Sin embargo, el fortalecimiento de la clase trabajadora y de la comunidad en general es posible sólo a partir de la efectiva puesta en marcha de los logros alcanzados, de la capacidad de escisión de los trabajadores de las estructuras de explotación, de la imaginación de laboralistas comprometidas/os con otras formas de pensar el Derecho, del alcance territorial efectivo de los sindicatos, del mejoramiento de los mecanismos de control y supervisión por parte del Estado.
Las garantías necesarias para que los trabajadores y las trabajadoras puedan sostener los procesos más allá del poder de intimidación y cabildeo económico de muchos empresarios deben ser efectivas y posibles.
De lo contrario, buena parte de los avances que se logren en esta ronda serán, nuevamente, sólo conquistas de papel. Los derechos son irrenunciables, pero falta mucho para que el conjunto de la clase trabajadora lo sepa y cuente con el respaldo suficiente para resistir y luchar por lo que le corresponde.
Valeria España es abogada, socia fundadora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos.