Finalmente, después de meses de idas y venidas, el martes 15 de noviembre la mayoría del directorio de OSE decidió avanzar un paso más en la concreción del Proyecto Neptuno/Arazatí.
En la noche, en conferencia de prensa, el mismísimo presidente de la República comunicó la decisión, dándole peso político a lo que carece de sustento técnico, a un proyecto que será ruinoso para la OSE y consecuentemente para toda la ciudadanía.
En el transcurso de estos meses en que se realizaron los estudios de factibilidad por parte de las empresas que propusieron esta iniciativa privada, esta ha ido mutando, creciendo, recortándose, en un proceso de decisión que nada tiene que ver con la optimización técnica, ni con la relación costo-beneficio, ni mucho menos con el interés de los usuarios de los servicios.
A título de ejemplo, ha cambiado drásticamente la capacidad de producción de la potabilizadora. Se ha asumido que es necesario construir una reserva de agua dulce para los períodos en los que el Río de la Plata presente niveles de salinidad que impidan su potabilización. Sólo este elemento debería hacer descartar la idea: ¿construir una potabilizadora sobre un río cuyas aguas durante meses son inutilizables? En un país “inundado” de agua dulce, ¿por qué presentar un proyecto de estas características tan complicadas y costosas?
Ningún inversor con dos dedos de frente colocaría una potabilizadora donde el agua es salada parte del año.
Y que quede claro desde ya, el “inversor” es OSE, es el Estado uruguayo. El consorcio que presentó esta iniciativa privada construirá esta planta contra la garantía de pago del Estado uruguayo durante 18 años, se use o no la planta.
Si en cinco o diez años, por efecto del cambio climático, esta nueva potabilizadora cada vez puede usarse en una porción menor de tiempo durante el año, agua y ajo, señores.
Si se concreta este proyecto privado tendremos la obligación de pagar a estas empresas 40 millones de dólares por año, sin importar cuánto se use la planta.
40 millones de dólares, ¿es poco o mucho para las finanzas de OSE? Esta administración ha invertido en el entorno de los 60 millones de dólares por año, para todo el país, y comprendiendo los servicios de agua potable y saneamiento. Convengamos que esta aventura privatizadora, implantada sobre un río difícilmente potabilizable, se estaría llevando dos tercios de la capacidad de inversión de OSE.
Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir: esta inversión presentada con tanto marketing por parte del Poder Ejecutivo termina en un empeoramiento de los servicios y un incremento sustancial de la tarifa.
Súmese a lo anterior que en la misma conferencia de prensa el presidente reafirma que también se sigue adelante con otra iniciativa privada, presentada (casi) por las mismas empresas, para construir saneamiento en unas 60 localidades. Otros 200 millones de dólares de inversión que la OSE pagará en los años siguientes. ¿Qué podemos esperar? ¿Otros 40 millones de pago anual para esta otra iniciativa?
Sólo con estas dos iniciativas OSE agota toda su capacidad actual de inversión para los próximos 20 años.
El 14 de julio de este año dirigimos un pedido de informes al Ministerio de Ambiente pretendiendo conocer algo de esta otra iniciativa privada: ¿cómo se está procesando en la interna de OSE?, ¿con qué criterios técnicos se prioriza a las poblaciones a atender con esta nueva inversión en saneamiento?, ¿se están aplicando criterios técnicos en la priorización?
Nos permitimos dejar asentada una duda razonable al respecto.
Agotaremos todos los espacios legales, parlamentarios y de movilización junto a las organizaciones sociales para evitar que se concrete este nuevo capítulo del saqueo.
Los próximos pasos respecto del proyecto Neptuno
La resolución del directorio aprobada este 15 de noviembre dispone la redacción de los pliegos de una licitación pública internacional cuyo objeto será el “diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento del proyecto”. Se encarga a la gerencia general constituirse como la contraparte de los servicios contratados con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que será la que redacte los pliegos de licitación.
Los elementos que entendemos son agravantes en la falta de transparencia en la concreción de este proyecto son los siguientes:
i) Cuando se dice que se licitará el “diseño, construcción, etcétera” entendemos que en una misma contratación se seleccionará una empresa que defina el proyecto ejecutivo que ella misma luego construirá, es decir, se siguen entregando partes sustanciales de las decisiones que el propio Estado debiera reservar para sí, como responsable único de los servicios según la Constitución.
ii) Cuando se encarga a la Gerencia General (cargo de confianza política de la actual administración) que actúe de contraparte de la CND, que es la que redactará el pliego, se profundiza la entrega a privados de las decisiones. La CND carece absolutamente del conocimiento técnico necesario, sólo hará de intermediario y contratará a consultoras privadas para que hagan el trabajo (la selección de esta consultoría se hará bajo el derecho privado).
Pasando raya: estamos ante un negocio planteado por iniciativa privada a la OSE, que esta convalidó en unos meses, en un proceso lleno de contradicciones, con base en estudios de factibilidad hechos por esos mismos privados.
Luego, se contrata a (¿otro?) privado para que redacte unos pliegos con los que se llamará a licitación, y el privado que resulte adjudicatario se hará cargo de definir el proyecto ejecutivo que luego construirá y del que realizará el mantenimiento durante 18 años.
¿Alguien puede afirmar que este proceso “cocinado” entre cargos políticos y empresas privadas cumple con lo que exige el artículo 47 de la Constitución?
El presidente afirma que esta no se viola porque esta nueva planta, que será de propiedad privada, y a la que llegamos después de este proceso tan poco transparente, será operada por funcionarios de OSE.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dice que los privados invierten 200 millones de dólares, pero omite decir que luego cobrarán ese monto y mucho más con el canon que pagará OSE, sólo por tener la potabilizadora “disponible”.
No hay peor mentira que las medias verdades.
Al igual que en el caso de la entrega del puerto a Katoen Natie, el Frente Amplio no está dispuesto a convalidar negocios ruinosos para el país. Agotaremos todos los espacios legales, parlamentarios y de movilización junto a las organizaciones sociales para evitar que se concrete este nuevo capítulo del saqueo.
Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.