Para habilitar el plebiscito propuesto por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, que regula el ingreso de funcionarios a las intendencias, se requieren las firmas de dos quintos del total de integrantes de la Asamblea General.
El proyecto había sido presentado anteriormente por el senador Adrián Peña, también del Partido Colorado (sector Ciudadanos), pero no contó en el Senado con los votos necesarios ya que el Partido Nacional en su totalidad se opuso a esta iniciativa, argumentando la inconstitucionalidad de la medida.
En el Frente Amplio (FA) se está discutiendo la conveniencia de incluir una norma con estas características en la Constitución de la República. Pero también se discute si es acertado correr detrás de cada propuesta de plebiscito que surge, sobre las consecuencias de empañar la discusión electoral con otros temas, sobre la cantidad de plebiscitos que pueden llegar a estar en juego junto con la elección de presidente, sobre el esfuerzo de militar y dar batalla por un tema que no estaba en la agenda hasta ahora, y sobre las consecuencias que se deberían afrontar de no salir aprobado.
Frente a esto, tenemos para decir lo siguiente:
Las circunstancias políticas no siempre son las que deseamos, ni todas las batallas se pueden elegir. Más de una vez nos vemos obligados a salir a dar discusiones que pueden estar desviando nuestro foco elegido, pero no tenemos más remedio que darlas. Cuando se es la principal fuerza política del país, estamos obligados a dar batallas en la acción y en la discusión que otros logran imponer en la agenda. Los demás también juegan.
Haber votado en el Senado a favor de la ley propuesta por Peña y no habilitar el plebiscito no parece ser una buena idea. Principalmente porque se necesitarán muchas páginas y varios minutos de difusión para aclarárselo a la ciudadanía.
La fecha del plebiscito puede ser discutida y por supuesto acordada con los promotores de la iniciativa, ya que tanto en 2024 como en mayo de 2025 es factible de ser realizada. Se debe valorar la importancia política de ambas instancias y su vínculo con esta iniciativa.
La campaña por este tema obliga al Partido Nacional a pronunciarse sobre este tema (ahora que la razón no es la inconstitucionalidad) y es muy importante, porque seguramente pondrá sobre la mesa sus verdaderos motivos para oponerse a esa ley: perder una de sus herramientas de control sobre la población en el interior del país.
Si caben dudas sobre esto no hace falta más que observar el peso de las designaciones directas en las intendencias blancas. Las seis intendencias con mayor número de designaciones directas entre 2019 y 2022, superiores al 80% de las designaciones de personal en esos años, son gobernadas por el Partido Nacional, según información de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Tenemos una oportunidad histórica de “liberar” a las actuales y futuras generaciones del peso del yugo que significa responder electoralmente al caudillo departamental y probable intendente.
La forma de ingreso a las intendencias se emparenta con otro tema que entendemos debe estar en la discusión electoral y que se llama corrupción. Un tema en el que el Partido Nacional y en particular el herrerismo han dado sobradas pruebas durante este gobierno de no salir limpios. Sólo con mencionar el caso Marset, Astesiano, Katoen Natie alcanza.
Porque de una vez debemos terminar o limitar lo más posible la influencia del caudillismo y su creación de vínculos de dependencia personal con los ciudadanos. Desde aquellos jefes políticos departamentales de fines del siglo XIX, que se encargaban de hacer triunfar al partido al que pertenecían en sus departamentos utilizando para ello todo tipo de presiones y llegando incluso a la suspensión del derecho al voto, hasta los actuales intendentes con sus designaciones directas.
Tenemos una oportunidad histórica de “liberar” a las actuales y futuras generaciones del peso del yugo que significa responder electoralmente al caudillo departamental, y probable intendente, para tener, entre otras cosas, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, tan preciado como lo es el trabajo en una intendencia. Que sea el comienzo de una época de mayor libertad, en la que deber favores no limite ninguno de los derechos ciudadanos y de desarticulación del poder utilizado para maniatar conciencias.
Que esta ley rigiera para todo el Estado sin duda contaría con grandes apoyos, además de ayudar a elevar seguramente la calidad y eficiencia de la administración pública. Se evitaría una asimetría que no parece lógica entre intendencias y el resto de la administración pública. Para que el derecho al trabajo no se obtenga por adhesión electoral, sino por capacidad, en un plano de igualdad entre ciudadanos verdaderamente libres.
Cristina Becoña es profesora de Historia, integrante del Colectivo del Taller.