El 10 de noviembre no es una fecha especialmente vinculada con la paz y la concordia, y fue la del nacimiento del ingeniero militar ruso Mijaíl Kaláshnikov, diseñador del famoso fusil de asalto AK-47. De todos modos, este año se destacó por la inusual coincidencia de tres noticias sobre convivencia constructiva en el Parlamento uruguayo, que en los últimos años ha sido escenario de muchos enfrentamientos con alta tensión. No faltan en estos días episodios conflictivos, pero la mayor alternancia de unos y otros merece intentos de explicación.
Hechos
En la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto de ley presentado por el nacionalista Pablo Abdala que impide el regreso al Instituto Nacional de Inclusión Social, para cumplir con medidas socioeducativas pendientes, de jóvenes a quienes la Justicia ya hizo ingresar al sistema penal para personas adultas, por delitos cometidos después de los 18 años de edad. Es llamativo que Abdala haya impulsado la iniciativa este año y no en el período pasado de gobierno, cuando fue presidente del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay como representante de una coalición con mayoría en ambas cámaras, pero pocas dudas caben de que estamos ante un acierto, y la aprobación por unanimidad en Diputados resulta reconfortante.
En el Senado, la diaria registró elogios de legisladores frenteamplistas y nacionalistas a un proyecto del colorado Pedro Bordaberry para crear, en el caso de que se descubran yacimientos de petróleo rentables, un fondo de inversión intergeneracional como el que ha sido muy provechoso para Noruega. La idea, que había sido planteada con anterioridad por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, es atinada y parece conveniente que se legisle antes de que un eventual hallazgo pueda desatar apetencias de uso total e inmediato.
En la Asamblea General, parlamentarios opositores y oficialistas homenajearon al expresidente colorado Jorge Batlle por haberse cumplido diez años de su fallecimiento. El reconocimiento importa porque Batlle no fue un constructor de consensos, sino un intenso polemista, cuyas ocurrencias y propuestas tuvieron efectos disruptivos incluso dentro de su partido, y también porque su mandato quedó asociado con la grave crisis de 2002, que dos años después tuvo mucho que ver con el primer triunfo del Frente Amplio en elecciones nacionales.
Como se señaló al comienzo, las noticias del martes no significan que los ánimos belicosos se hayan desvanecido. Basta con ver, por ejemplo, que el día anterior el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado reclamó la renuncia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, luego de que sus diputados formaran mayoría la semana pasada con los de los partidos Nacional, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana (IS) para declarar insatisfactorias las explicaciones del secretario de Estado sobre su actuación en el conflicto laboral, prolongado pero ya resuelto, del puerto montevideano. O que la bancada nacionalista la Cámara de Representantes decidió ayer, con apoyo de la colorada, interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por su intervención en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
En todo caso, es significativo que anoche en Diputados todos los partidos salvo IS hayan acordado enviar las actuaciones de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Victoria a Fiscalía, que ya se ocupa del asunto desde hace más de un año, en vez de recalentar una contienda de opiniones políticas que era inviable resolver. En el caso de la sensatez, lo que abunda no daña.
Hipótesis
Puede haber quienes crean que los partidos intercalan un poco más los acuerdos con el hostigamiento recíproco por obra y gracia de la prédica que realizó, en su reciente visita a Uruguay, el papa católico León XIV. Sin embargo, parece probable que el fenómeno tenga causas más mundanas.
Desde el comienzo del actual período de gobierno, la actuación opositora estuvo influida por las posiciones de quienes consideran deseable y eficaz apelar a los malos modales, emulando a sectores derechistas y ultraderechistas exitosos en otros países. Es imaginable que la defensa de esa línea de acción haya quedado en tela de juicio tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño, la contundente derrota de los seguidores de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, la caída del hoy expresidente paraguayo Santiago Peña y el creciente rechazo a la gestión de Javier Milei en Argentina.
A ese contexto corresponde agregarle que las encuestas de opinión en Uruguay muestran desde el año pasado niveles altos de desaprobación al desempeño del presidente Yamandú Orsi, pero también al de la oposición, aun entre quienes votaron a la Coalición Republicana en las últimas elecciones nacionales. Quizá esté ganando terreno la idea de que agredir continuamente no es tan buen negocio como se llegó a pensar.
