Cuando algo se escribe y a las pocas horas pasa a estar literalmente en el aire, cabe formularse con franqueza la pregunta del título. A veces –ante la inoperancia del sistema político– empieza a pensarse en consultar nuevamente al pueblo, esta vez con más tiempo y sin apuros; no ya solo como defensa, sino especialmente proponiendo nuestras ideas fuerza; no contra nadie, sino a favor de un mejor país de veras justo, ubicando otros puntos relevantes no contemplados hasta ahora en materia de seguridad social, agregando incluso más aspectos de la vida en sociedad.
Por ejemplo, darle una solución definitiva a los que no reúnen sus reales años de trabajo en la historia laboral y por ello no se jubilarán nunca; o darle rango constitucional al cobro de un impuesto al 1% más rico, derogando muchas de las exoneraciones fiscales que tienen las grandes empresas y que podrían financiar también otras cosas muy importantes aparte de la seguridad social. Entonces, sí podríamos hablar de justicia social y redistribución de la riqueza en línea con el tantas veces olvidado mandato de José Artigas.
Todo depende del entorno y los actores sociales.
Acerca de laudos y otros engaños
¿Qué significa que “el pueblo laudó”? Simplemente, en un momento determinado, se expidió sobre cierto tema. Así, en octubre y noviembre del 2024, el pueblo en las urnas laudó que Yamandú Orsi sea el presidente uruguayo, y que Álvaro Delgado, Andrés Ojeda o Pablo Mieres no podían ocupar ese puesto.
¿Significa eso que Orsi será presidente de por vida? ¿O que Delgado, Ojeda o Mieres no podrán reincidir en sus aspiraciones y volver a postularse? ¿Significa que Javier García, en su obstinación presidencial, está impedido por la voluntad ciudadana por no obtener siquiera el apoyo del 10% de los votantes? ¿Verdad que no? Pensar eso sería una barbaridad.
Lo mismo pasa con los temas del plebiscito: ¿pueden volver a someterse a la voluntad popular, junto con otros puntos nuevos, en 2029? Claro que se puede. De hecho, se ha demostrado que –además del 40% ciudadano que votó el sí– otro 25% apoyaba los puntos de la papeleta, pero no estuvo de acuerdo con la forma elegida para su solución, acompañando la idea de resolverlos sí, pero en el Diálogo Social, a través de leyes “menos rígidas”.
Apostaron a que se iban a encontrar soluciones a problemas reales: las muy bajas pasividades mínimas, los 60 años de edad de retiro jubilatorio sin perjuicios económicos, y también el problemón que sigue siendo el régimen de AFAP, mirado por lo menos con recelo por casi un 70% de la población. Se creyó que los representantes políticos podían hacerlo, olvidando que algunos dirigentes cada vez menos “representan” y cada vez más pretenden “dirigirnos”.
Los frutos y las ausencias del “Diálogo social”
Hace más de un año señalé que “sin perjuicio de nuestros proyectos, no podemos esperar que Orsi ni el gobierno del FA aprueben cosas con las que sabemos que no están de acuerdo; pero sí debemos –apoyados en el 100% de los que votaron a Orsi en octubre y en noviembre– exigir serenamente el más estricto cumplimiento de lo prometido en campaña, y también de la totalidad de lo escrito en el Programa de gobierno que aprobamos como ciudadanía”.
Antes de conocer el resultado del Diálogo Social pasé de pensar que lo que había era un verdadero monólogo gubernamental a creer que se podía llegar a dar un paso de casi siete leguas. Pero después de varias conferencias de prensa de Orsi y otros gobernantes y de acciones llevadas a cabo por ellos, todo se ha nublado nuevamente.
En algunos temas habría avances (aunque acotados, sin que todavía sepamos muy bien a quiénes y, por lo tanto, a cuántos habrán de alcanzar las mejoras, y de qué montos y parámetros estamos hablando en algunos casos). Así, se avanzaría en las pensiones por vejez e invalidez; en algunas asignaciones familiares, incluyendo un posible cambio en la concepción de las transferencias económicas; en licencias parentales; en un seguro de paro para monotributistas y unipersonales; en algunas jubilaciones por incapacidad física, y en el regreso de los 60 años de edad para el retiro (aunque con penalizaciones en la mayoría de los casos, cosa que jamás se dijo en la campaña electoral).
En lo que tiene que ver con el Régimen de Ahorro Individual, en el informe final del Diálogo Social se escribió un compromiso: “1. Avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional en el que las cuentas de ahorro individual serán gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas (...). 2. Mantener la función de inversión y rentabilización por parte de actores públicos y privados en un mercado de competencia. (...)”.
Esto significa que la administración de los fondos pasa a ser regida por el Estado y que se eliminarían las comisiones y toda la industria –y a veces hasta negociado– de los promotores persiguiendo trabajadores para afiliarlos en sus lugares de trabajo al otro día de su ingreso a la actividad. Por lo tanto, se trataría de un paso positivo, importante, que, además de cuestionar severamente el papel de las AFAP como administradoras de los fondos, va en el mismo sentido de lo que muchos venimos reclamando desde hace 30 años. Aunque no eliminaría las AFAP, les quitaría una ganancia anual estimada de más de 30 millones de dólares que hoy salen de los aportes de los trabajadores y no van a sus “cuentas”.
En cualquier caso, el programa de gobierno no habrá de ser cumplido a cabalidad y la prometida eliminación del lucro del sistema deberá seguir esperando.
Conferencias varias y otros yerros
Hay que reconocer que ciertos gobernantes muchas veces tienen la capacidad de salir a hablar y oscurecer la comprensión de lo que se trate. A fines de abril, cuando se anunciaron los supuestos cambios, el propio Orsi pareció recular diciendo que el documento surgido del “Diálogo” es “un insumo”. ¿Quiere decir que no es vinculante?
Pero no ha estado solo en sus tiros al aire: el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, agregó lo suyo diciendo que “las AFAP son una estafa, pero ¿cómo nos las sacamos de encima?”. Luego, la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, afirmó que “ahora el Ejecutivo no toma un compromiso de ejecutar todo”, sino que deberá “evaluarlo en términos de prioridades, recursos y oportunidad”. Para terminar, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, crea un grupo de trabajo con las AFAP “a la espera de sugerencias”.
¿Va a barajar y dar de nuevo? ¿Qué certezas podemos tener si parece ponerse la marcha atrás ante cada uno de los pataleos de las AFAP que salen a dinamitar lo que se pueda avanzar?; ¿o ante la postura del director de Ceres, Ignacio Munyo -con vínculos con varias AFAP-, poco menos que yendo a golpear las puertas de las calificadoras de riesgo para que le “bajen la nota” al Uruguay?; ¿o las críticas de CPA Ferrere -consultora que también tiene vínculos con las AFAP?, ¿o la esperable de Rodolfo Saldain?
Por razones que desconozco, el gobierno y el FA terminan pagando unos extraños peajes, como pidiendo perdón cuando hacen cosas medianamente “sociales”, por lo que nunca se termina de saber qué es lo que en verdad habrá de concretarse.
Una posible interpretación
En el mejor de los casos, en materia previsional podría haber algunos avances significativos, fundamentalmente en las pensiones a la vejez y para los trabajadores de bajos ingresos que puedan llegar a jubilarse a los 60 años. Además, se produciría un cambio en la administración de los fondos de los trabajadores que los beneficia en su jubilación futura y dejarían de estar a merced de las AFAP y sus comisiones (pero estas seguirían operando en la gestión del portafolio de inversiones, por lo cual el lucro no desaparece del sistema).
No hay nada conquistado hasta que se transforme en ley. Nos corresponde a nosotros organizarnos y movilizarnos para que los puntos aún no alcanzados se realicen cuanto antes, sin descartar ninguno de los caminos que la Constitución permite transitar.
La etapa de definición del diálogo coincidió con un momento político en el que las encuestas ya encontraban, una tras otra, un creciente malestar y descontento con el gobierno de los frenteamplistas y otros que votaron a Orsi. Así, cuando sus representantes en el Diálogo social no parecían tomar nota, a través de Nathalie Barbé y Carlos Clavijo, se encontraron con una firme postura del PIT-CNT que –sobre los hombros del casi millón de votantes de la papeleta del Sí, más el 25% que también apoyaba cambios– preparaba una importante campaña de difusión y movilización junto a otras organizaciones sociales como el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, ya preparadas para enfrentar la falta de avances.
Entonces, el FA y el gobierno parecieron acordarse del querido general Liber Seregni. Así, amagaron corregir su rumbo, escuchar un poco al pueblo, tomar conciencia de la palabra empeñada en el programa de gobierno y actuaron en consecuencia (aunque fuera solo en parte): es decir, se adoptó una actitud comprensiva de la realidad y las más elementales reglas de juego democrático.
¿En qué momento estaríamos ahora?
¿A quién le creemos? Personalmente, hace tiempo que no aplaudo promesas en el aire. Si la realidad no es escuchada, es bien sabido que siempre encuentra una rendija para asomarse. ¿Cómo puede reaccionar nuestro pueblo ante tanta confusión como la actual? ¿Tal vez diciendo, otra vez, que vamos a dejar de delegar en otros lo que podemos hacer nosotros mismos en un cuarto secreto, seamos del partido que seamos?
Muchas cosas parecen estar en el aire. Demasiadas. Desde la perspectiva del Uruguay que yo deseo y por el que luchamos, ciertamente nos faltan muchísimas más. No hay nada conquistado hasta que se transforme en ley. Nos corresponde a nosotros organizarnos y movilizarnos para que los puntos aún no alcanzados se realicen cuanto antes, sin descartar ninguno de los caminos que la Constitución permite transitar. Esta vez, el tiempo bien administrado puede jugar a favor nuestro.
Así las cosas, el PIT-CNT no abandona la lucha por la totalidad de la plataforma, marca sus diferencias y acuerda con aquellos puntos que favorecerían a sectores de nuestro pueblo. Pero quedan sin resolver: a) que el valor de las pasividades mínimas sea igual al salario mínimo nacional; b) que no existan penalizaciones a ningún compañero o compañera que se deba jubilar a los 60 años; c) la eliminación de la capitalización individual en el régimen obligatorio (de existir, en mi opinión, solo debería ser colectiva y siempre voluntaria); y d) la erradicación absoluta del lucro de todo el sistema.
Por mi humilde experiencia, no saber calibrar adecuada y justamente los pasos que avanzamos (olvidando el papel que como pueblo hemos jugado para lograr esos avances) siempre juega a favor de la desesperanza. Y dejar que ciertas injusticias continúen también lo hace. Y la desesperanza, bien lo saben los muy poderosos, es el veneno que anhelan inocularnos en el cuerpo de nuestra unidad y solidaridad para poder mantenerse en sus millonarias poltronas. ¿Estamos sobre la tierra para permitir que esto último siga sucediendo?
Adolfo Bertoni es expresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.
