Una vez más, el fuego policial terminó con la vida de un adolescente. Jonathan –así se llamaba– fue ultimado en su casa, a la vista de su familia, en pleno allanamiento en el barrio Borro. A los pocos minutos, se produjeron incidentes en las inmediaciones de la vivienda y la noticia escaló con rapidez a los medios de comunicación. La familia se hizo oír y, en medio de declaraciones desgarradoras, afirmó que la Policía había matado a Jonathan sin necesidad alguna. A lo largo del día, las versiones desde el Ministerio del Interior se fueron consolidando hasta llegar a las palabras de las máximas jerarquías: el trabajo de inteligencia policial había marcado esa casa como un lugar de depósito de armas y municiones, las que finalmente se encontraron, y ante la amenaza de disparo en la huida de Jonathan, la Policía reaccionó de acuerdo con el protocolo. Con el aporte de las cámaras corporales, ahora la evidencia está en manos de la Fiscalía.
Más allá de la resolución, lo único cierto es que la lógica de la violencia armada se llevó la vida de otro adolescente de nuestros barrios más segregados. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante un caso así? ¿Con desprecio y alivio porque ese joven ya no hará más daño? ¿Con cierta indiferencia calculada, pues los relatos indican con convicción que la Policía actuó de acuerdo con las normas y además resolvió la situación como la hubiera resuelto cualquiera de nosotros en ese lugar? ¿Con renovada indignación porque los episodios de violencia policial se repiten, una y otra vez, sobre las mismas personas y en los mismos lugares?
El desprecio, la tranquilidad inalterable o la indignación nos llevan, inexorablemente, hacia lugares inútiles. Unos por exceso y otros porque necesitan neutralizar las posibles consecuencias políticas e institucionales que pueda acarrear el hecho. Lo cierto es que estos dramas nos dejan perplejos y a mitad de camino entre el recuerdo de casos recientes y la certeza de que, más temprano que tarde, se repetirán. Entre la impotencia y la frustración, lo que no debe extinguirse nunca es nuestra capacidad de poder pensar a fondo el origen y las tramitaciones de estas violencias que nacen de las desigualdades y las fracturas sociales. Y esa capacidad de comprensión debe llevarnos a cuestionamientos profundos, de raíz política, sobre las responsabilidades que nos caben en este largo proceso de ensayo y error para generar igualdad, bienestar, reconocimiento, oportunidades, vida digna, convivencia pacífica y confianza social.
Sería una canallada atribuirle al gobierno actual los niveles de violencia territorial, y una ingenuidad maliciosa exigirle resultados completos e inmediatos. Sin embargo, hemos desplegado en varios períodos de gobierno una orientación programática en el campo de la seguridad, y hemos desperdiciado un conjunto de oportunidades que ameritan un reproche fuerte.
La violencia que mató a Jonathan es apenas el remate de miles de violencias que se han acumulado a lo largo del tiempo. La segregación residencial, la exclusión, la concentración de los peores indicadores socioeconómicos, la precariedad, los estigmas, el abandono del Estado (o las respuestas tardías y fragmentarias) y la producción incesante de vidas sobrantes llevan décadas de paciente construcción y son la consecuencia esperable de una lógica de desarrollo que, aun en sus mejores momentos, no ha podido revertir la hondura de los procesos. En la búsqueda desesperada de rentas, los mercados ilegales se han enquistado en múltiples territorios (y hoy no solo en Montevideo y su zona metropolitana), al punto de que sus dinámicas casi siempre violentas han desconfigurado por completo los lazos sociales en los barrios. El temor, la desconfianza y la incertidumbre han corroído los capitales sociales, y ya no debe extrañar que la muerte se haya convertido en la referencia articuladora en varios espacios territoriales.
La violencia que mató a Jonathan es apenas el remate de miles de violencias que se han acumulado a lo largo del tiempo: la segregación residencial, la exclusión, la precariedad, los estigmas, el abandono del Estado.
La muerte de Jonathan no toma por sorpresa a nadie. Lo peor del caso es que esta reseña tampoco es novedosa, estamos ante un escenario conocido y que hemos visto montar pieza a pieza en las últimas décadas. ¿Y las armas de fuego? ¿Hace cuánto se viene advirtiendo en el país sobre este factor de riesgo? ¿Alguien puede trazar una ruta seria sobre estrategias de mitigación implementadas en el contexto de las políticas de seguridad? ¿De dónde surgen las salvajes resistencias cada vez que alguien pone el asunto en agenda?
La muerte de Jonathan también la podemos ver a la luz de las capacidades profesionales de la Policía para encarar acciones de alto riesgo. ¿No hubo otras opciones? ¿Por qué tantos disparos? La Policía ha reforzado su centralidad en las agendas de seguridad, y lo ha hecho esquivando los debates sociales y políticos sobre sus dimensiones institucionales, los modelos deseables de gestión y las prácticas reales que se despliegan en los territorios. Siempre hablamos de reforzar a la Policía, nunca de reformarla a fondo. En este contexto, los riesgos para los propios funcionarios no han sido pocos. Además de la prevalencia de los suicidios –que muchos actores sindicales vinculan con las propias lógicas laborales–, hemos tenido un número significativo de policías asesinados y heridos, con frecuencia en asaltos que buscan despojarlos de sus armas de reglamento. El mayor problema que ha tenido el país es que el trabajo policial –a veces con importantes niveles de autonomía y autogobierno– se ha desplegado en el marco de una política hegemónica de control, represión y castigo.
En los barrios más vulnerables, el Estado ha tenido presencia permanente, sobre todo por intermedio de su brazo policial-penal. Más que cumplir con la ley, la Policía ha pretendido imponer un orden dentro de relaciones sociales y políticas de alta complejidad. Regulaciones, omisiones, represiones desmedidas, hostigamientos constantes, corrupción, etcétera, son algunas dimensiones para entender el alcance de las violencias territoriales. A través de sus intervenciones (más o menos focalizadas, más o menos inteligentes), el estado penal ha terminado fragmentando y atomizando a los grupos criminales, y por lo tanto contribuyendo a la multiplicación de las violencias. Hagamos memoria de la lógica que estuvo detrás de los recordados operativos “Mirador” –defendidos por unos y otros, afincados en el uso preciso de la inteligencia policial, justificados por la necesidad del ejercicio de la autoridad– y miremos las tasas de homicidios de esos años. Las heridas territoriales son tan profundas que no hay inteligencia policial que las pueda suturar.
La gravedad de la situación y las presiones sociales y políticas ¿nos llevarán a cometer los mismos errores? ¿Los operativos y los allanamientos se devorarán todo un plan de seguridad que tiene una formulación exigente y que habilita el desarrollo de una nueva política? No hay mayor urgencia que la de reducir todas las violencias. Y en esa urgencia, nadie puede escapar a su responsabilidad.
Rafael Paternain es sociólogo e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales.