Recientemente se difundió un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), en el que se proyecta una importante disminución de la matrícula de la educación para los próximos años como efecto de la baja natalidad, en un proceso iniciado de forma creciente años atrás.
Si bien no se trata de un fenómeno específico de nuestro país, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2026) ubica a Uruguay, junto con Argentina, Chile y Costa Rica, entre los países que se encuentran en una etapa de envejecimiento avanzada. La escala abarca un total de 20 países latinoamericanos categorizados en etapas de envejecimiento desde incipientes hasta muy avanzadas. En esta última categoría solo se encuentra Cuba.
Según el Ineed, si no se interviene para modificar esta tendencia, la tasa de fecundidad en Uruguay bajará de 2,20 en el año 2000 a 1,44 en 2050 y el número de nacimientos pasaría de 52.104 a 26.940 en el mismo período. El aumento en la baja de la natalidad repercute, en primer lugar, en la población de cero a cuatro años. “En [el censo de] 1996 fueron contabilizados 268.191 niños con edades entre 0 y 4 años. Esta cifra descendió sistemáticamente en los censos posteriores: en el año 2023 se ubicó en 177.587. Es decir que en este último año residían en el país solo dos tercios de los niños de 0 a 4 años que lo hacían en 1996”, plantea el reporte. Según diversos informes, este descenso de la natalidad no tiene precedentes.
Es cierto que se trata de un fenómeno mundial y multicausal que responde a diversos factores. Algunos de ellos merecen celebración, como la disminución del embarazo adolescente, pero otros requieren ser abordados en toda su complejidad. Entre ellos, los factores socioculturales asociados a cambios en el interior de las familias, como la postergación de la maternidad y la presencia de nuevos estilos de convivencia; factores económicos, como el alto costo de vida y, por ende, de la crianza, la inestabilidad laboral y las dificultades para conciliar trabajo y/o estudio con los cuidados; factores asociados a las políticas públicas, especialmente en educación, salud y cuidados, incluida la garantía de seguridad para las infancias.
Llama la atención que tan dramática crisis asociada a la natalidad sea valorada en el referido informe como “oportunidad”, porque le brinda a la educación un “bono demográfico” que “libera recursos permitiendo redireccionarlos”. “El término bono demográfico se utiliza para dar cuenta de las posibilidades que este hecho ofrece para la reducción del tamaño de los grupos, la extensión del tiempo pedagógico (los recursos humanos que se liberan por la reducción del número de grupos pueden destinarse a actividades fuera de los turnos tradicionales), el ahorro en gastos de funcionamiento que pueden reorientarse a mejoras edilicias o pago de salarios, etc.”, se plantea en las conclusiones.
La contracara de esta mirada exitista la sufren las comunidades educativas y los niños y niñas relacionados con la educación privada. El mismo informe plantea que el mencionado bono “obviamente solo aplica al sector público, no al privado, donde la reducción de la demanda se traduce en menores montos de dinero percibidos por cuotas”.
No hay dudas de que, ante el hecho consumado de descenso de la matrícula, los recursos existentes para la educación pública deben ser utilizados de la mejor manera dentro del sistema educativo, pero pensar que esto constituye una “oportunidad” porque produce un ahorro presupuestal es hacernos trampas al solitario como sociedad.
Se podrá argumentar que las soluciones a los temas demográficos corresponden a otros ámbitos y que al gobierno de la educación le corresponde solamente gestionar el sistema educativo. Considero que este argumento desconoce el impacto que la educación, junto con otras áreas del Estado, tiene sobre el desarrollo sostenible del país. Máxime cuando sabemos que, en este contexto, la carga de la reproducción de las generaciones de reemplazo recae en las poblaciones más desfavorecidas. En otras palabras, si esta tendencia no se revierte, en el futuro tendremos menos niños, pero también más niños pobres.
No hay dudas que ante el hecho consumado de descenso de la matrícula los recursos existentes para la educación pública deben ser utilizados de la mejor manera dentro del sistema educativo, pero pensar que esto constituye una “oportunidad” porque produce un ahorro presupuestal es hacernos trampas al solitario como sociedad.
Esta situación que atravesamos como país es de tal gravedad que no admite análisis segmentados en donde unos ven una oportunidad donde otros ven una amenaza. Requiere de intervenciones potentes y coordinadas que apunten a revertir esta tendencia demográfica. En este contexto, la educación no debería mantener una actitud pasiva y contemplativa ante hechos demográficos consumados. Por el contrario, debe constituirse como un impulso para su transformación.
“¿A cuántos niños y adolescentes deberá atender el sistema educativo obligatorio uruguayo en los próximos años?, ¿cuál será la distribución de esa población en el territorio? y ¿cuáles serán las condiciones de vida de los niños y adolescentes?”, se pregunta también el Ineed. Responder a esas preguntas es, en principio, un acto de responsabilidad por parte de las autoridades de la educación. Sin embargo, quedarse solamente con estas preguntas y las posibles respuestas con el único propósito de administrar los recursos existentes resulta un acto irresponsable. Lograr un mayor presupuesto para la educación nunca debe ser la consecuencia de contar con menos nacimientos y, por ende, con una matrícula menor.
Los anuncios del gobierno referidos a otorgar prioridad a las políticas de infancia con disponibilidad presupuestal posibilitarán, con sabiduría y voluntad, planificar en el corto plazo la introducción de variables que reviertan algunos de los factores multicausales de la baja natalidad, con énfasis en la atención al embarazo y a la educación y cuidados en los primeros años de vida. Los organismos de la educación tienen en este proceso una valiosa “oportunidad”: contribuir con el conocimiento que poseen sobre las infancias, sus familias, las comunidades y redes institucionales para que dichas políticas resulten pertinentes y efectivas para proyectar y construir otros escenarios posibles.
Elizabeth Ivaldi fue consejera del Codicen de la ANEP electa por los docentes (2016-2019) y es integrante de la Organización Mundial para la Educación Preescolar.
Referencias bibliográficas
CEPAL (2026). El impacto de la caída de la natalidad en los sistemas educativos de América Latina. Notas de Población (122). Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/87058-impacto-la-caida-la-natalidad-sistemas-educativos-america-latina.
