El miércoles de la semana pasada, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, fue entrevistada en el programa de streaming Al Weso. En un tramo dedicado a las relaciones con Medio Oriente, el periodista Jorge Balmelli le preguntó si, en el caso de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viniera a Uruguay, nuestro país debería colaborar en su arresto, dado que está vigente una orden de captura contra él de la Corte Penal Internacional (CPI). Csukasi consideró “indiscutible” que el Estado uruguayo está obligado a cumplir con esa orden, debido a sus compromisos con la CPI, y esto ha causado revuelo.
Legisladores de la oposición criticaron las afirmaciones de la subsecretaria y no descartaron citarla al Parlamento para que dé explicaciones. Según informó el lunes el diario El País, el nuevo embajador designado por Israel en Uruguay, Eldad Hayet, le hizo llegar un reclamo a la cancillería, aunque fue solamente verbal y antes de que concluyeran los trámites para que comience a ejercer su función. El martes, el presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre el asunto por periodistas y dijo que, a su entender, era mejor abstenerse de opinar sobre lo que ocurriría en una visita que no está planteada.
Llama la atención que no se tengan en cuenta tres datos relevantes. El primero es que el canciller Mario Lubetkin dijo lo mismo que Csukasi en una entrevista con la diaria publicada el sábado. El segundo, que el ministro y la subsecretaria no podían contestar otra cosa, porque la pertenencia a organismos internacionales tiene consecuencias claras y evidentes. Tampoco cabrían ambigüedades o evasivas, por ejemplo, ante una consulta sobre el cumplimiento de acuerdos ratificados por Uruguay de la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o la Organización Mundial de la Salud.
El tercer dato es que, además, el actual contexto internacional refuerza la importancia de mantener el apoyo uruguayo a la CPI.
Una política de Estado
En 2002, durante la presidencia de Jorge Batlle, las dos cámaras del Parlamento aprobaron por unanimidad el Estatuto de Roma definido cuatro años antes que estableció la CPI. En el mismo año, la crisis llevó a Batlle a procurar ayuda económica de Estados Unidos, que había firmado ese acuerdo cuando era presidente Bill Clinton, pero luego, por iniciativa de su sucesor George W Bush, le retiró su apoyo y procuró garantizar la inmunidad de ciudadanos estadounidenses ante el tribunal internacional, mediante normas nacionales, acuerdos con otros países y un conjunto de presiones y sanciones contra quienes se negaran a concretarlos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo uruguayo y nuestro sistema partidario no intentaron ganar las simpatías de Bush rectificando su apoyo a la CPI.
En 2006, ya con Tabaré Vázquez como presidente, la ley complementaria de cooperación y adecuación del derecho interno para cumplir con las exigencias del Estatuto de Roma también fue aprobada en forma unánime.
La orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, acusado tras una investigación internacional como responsable de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en Gaza, se emitió el 21 de noviembre de 2024, junto con otras contra Yoav Galant, exministro de Defensa israelí, y Mohamed Deif, dirigente militar de Hamas. En ese momento faltaban tres días para el balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Luis Lacalle Pou todavía era presidente, con mayoría parlamentaria de la Coalición Republicana, pero ni en los meses que le quedaban de gobierno ni tras la asunción de las actuales autoridades hubo, desde partidos relevantes, cuestionamientos a esas órdenes de captura o propuestas de que Uruguay abandonara la CPI para no acatar sus decisiones.
Obviedades
Cuando la CPI emitió su orden de captura contra Netanyahu (acusado, no condenado, porque le reconoce el derecho al debido proceso), el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una ofensiva contra ese organismo, con sanciones contra varios de sus integrantes. A mediados del mes pasado, el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un resumen de la posición del Poder Ejecutivo que integra, basada en un rechazo tajante a la posibilidad de que un tribunal internacional juzgue crímenes de estadounidenses, y expresó en forma clara la voluntad de “desmantelar” la CPI.
Es fácil entender los motivos de Rubio, en un período en el que el gobierno de Trump viola en forma grave y sistemática las normas del derecho internacional. También debería ser fácil entender por qué, para un país poco poderoso como el nuestro, es muy importante que exista una protección internacional contra la ley del más fuerte. Resistir el intento de destruir a la CPI no es una imprudencia política ni un apartamiento de los criterios diplomáticos para satisfacer a la militancia frenteamplista. Se trata, a la vez, de defender una “línea roja” de principios y de apegarse al instinto básico de supervivencia.
