Los guerreros contra las drogas vuelven por su revancha. Ahora, otra vez la guerra. Esta nueva fase lleva en sus entrañas la misma maldición: la condena al fracaso. Como el coronel George A Custer y su Séptimo de Caballería en Little Bighorn. Sin embargo, no nos engañan: su objetivo real es el despliegue geopolítico militar para el control y el dominio de Estados Unidos en la región. Otra vez.
Todos los hombres del presidente
Una investigación de The Washington Post revela que la operación Southern Spear no ha reducido significativamente el suministro, precio ni pureza de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, ya que las redes criminales adaptaron sus rutas para mantener estable el mercado de narcóticos. A pesar de los intensos operativos navales, documentos internos indican que el esfuerzo no ha logrado el impacto deseado en el flujo de drogas. Veamos los costos.
Entre enero y marzo de 2026, el despliegue registrado para Southern Spear incluía, entre otros vehículos y equipamiento militar, el portaaviones nuclear USS Gerald R Ford (CVN-78), con su Carrier Air Wing embarcada; nueve destructores Arleigh Burke, prácticamente todos con helicópteros; dos cruceros clase Ticonderoga, también con helicópteros; tres buques anfibios con la 22nd Marine Expeditionary Unit (22 MEU); tres buques de apoyo; un petrolero comercial y un escuadrón de aviones P-8A Poseidon, especializados en vigilancia y reconocimiento marítimo.
Solo el Gerald R Ford gastaba ocho millones de dólares por día. Eso equivale a 240 millones de dólares por mes. El costo operativo empezó a ser objeto de debate en Washington. Un análisis del Center for Strategic and International Studies estimó que mantener el despliegue militar asociado a Southern Spear implicaba alrededor de 31 millones de dólares diarios, además del costo de oportunidad de mantener una parte importante de la flota en el Caribe.
Hubo 67 embarcaciones atacadas, y al menos 221 personas muertas. Hundidas no es exactamente sinónimo de atacadas: además, hubo sobrevivientes en algunos ataques y personas inicialmente desaparecidas que posteriormente fueron presumidas muertas.
¿Cuánta droga fue efectivamente retirada del mercado como consecuencia de semejante despliegue? Ese dato, las toneladas de cocaína efectivamente interceptadas/destruidas, más el costo total de la operación y la consideración del número de muertos, puede producir un indicador de eficacia muchísimo más revelador que el número de lanchas destruidas. Vale la pena hacer una distinción: el despliegue militar fue muchísimo mayor que el necesario para una operación convencional de interdicción antidrogas.
En lugar de afirmar que la operación fue un éxito o un fracaso, es mejor plantear un conjunto de preguntas cuyas respuestas deberían estar disponibles en una democracia: ¿cuántos kilos de cocaína fueron efectivamente incautados o destruidos?; ¿cuántas personas fueron identificadas y a qué organizaciones pertenecían?; ¿qué inteligencia produjo la operación?; ¿cómo evolucionó el precio y la pureza de la cocaína en Estados Unidos?; ¿cuánto costó la operación?; ¿qué indicadores utilizará el gobierno estadounidense para afirmar que Southern Spear fue eficaz?
Si esas preguntas no pueden responderse con información pública, el problema deja de ser únicamente la eficacia de la operación y pasa a ser también un problema de transparencia y rendición de cuentas.
¿Este modelo para luchar contra la nueva invención del narcoterrorismo, con estos costos y los pobres y lamentables beneficios, es una propuesta seria? En realidad, nos invitan a una masacre indiscriminada contra gente pobre.
¿Con ese modelo se piensa actuar en el Escudo de las Américas o en el Compromiso de Santiago? ¿Eso es combatir el narcoterrorismo, o es otra vez un engaño poderoso para extorsionar a los países vasallos? El informe que publica The Washington Post es todavía más concluyente: no se ha reducido significativamente el suministro, el precio ni la pureza de la cocaína que ingresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, en casa
En Uruguay muchos quedamos perplejos con la versión “no fuimos invitados” a la reunión de Donald Trump con 12 mandatarios para crear el Escudo de las Américas. Luego, otra noticia: Uruguay se incorporará al Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Recientemente: militares de 19 países participan en el ejercicio multinacional organizado por Estados Unidos para ensayar una respuesta conjunta ante amenazas al Canal de Panamá, según nota de Andrea Jenkins, publicada en Air Forces Southern (UyPress).
Nuestro embajador en Washington participó en la convocatoria del secretario de Estado Marco Rubio con representantes de 66 países a una “Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político”.
Ante la pretendida convocatoria que nos hacen, una y otra vez haciendo caso omiso de todos los organismos multinacionales y de cooperación que se dedican a luchar contra el crimen organizado y el terrorismo, deberíamos hacer algunas preguntas: ¿Southern Spear redujo efectivamente la disponibilidad de cocaína, o produjo principalmente un efecto de demostración político-militar?; ¿Southern Spear fue una operación antidrogas, o una operación de reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en el Caribe ampliado?; ¿este modelo para luchar contra la nueva invención del narcoterrorismo, con estos costos y los pobres, escasos y lamentables beneficios, es una propuesta seria?
En realidad, nos invitan a una masacre indiscriminada contra gente pobre. Insisten una y otra vez para, de paso, saber si somos o no obsecuentes con Washington. No atacan ninguna organización criminal de porte, ni investigan los fondos ni los mecanismos de lavado, ni tampoco actúan con vigor para desmantelar las redes criminales dentro de Estados Unidos.
Uruguay ha sido líder en la promoción, desde 2008, en la Comisión de Estupefacientes, de la “debida integración de los organismos e instrumentos de derechos humanos en las políticas de drogas” (Resolución 51/12, 2008), principios estos ratificados por UNGASS 2016. Aquellos estados y gobiernos que violen los derechos humanos, masacrando gente sin juicio e indiscriminadamente, tarde o temprano deberán comparecer ante la Corte Penal Internacional.
Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas. El título del artículo alude a una película de la década de 1950 en la que un ranchero de Arizona (Spencer Tracy) dirige sus propiedades y educa a sus hijos de forma tiránica. Cuando está a punto de morir, su hijo mayor se rebela contra él y se adueña del rancho (Filmaffinity).