Aparte de expresar su preocupación por “el adelanto de la campaña electoral”, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) presentó este lunes un informe sobre la realidad nacional, con un balance de lo que fue 2023 y una lista de asuntos “pendientes” para 2024.
En primer lugar, el informe de la gremial, al que tuvo acceso la diaria, señala que este año la economía uruguaya crecerá “por debajo del 1%”, el segundo desempeño más bajo en el actual período de gobierno. Después de la caída de 6,26% del PIB en 2020, a causa de la pandemia, el producto creció en 2021 (5,28%) y en 2022 (4,92%), pero para 2023 se prevé un incremento de 0,70%. En 2024, en tanto, se estima que haya un crecimiento “rebote” por encima del 3%.
En segundo lugar, la CCE advierte que, a octubre de este año, el déficit fiscal estuvo en el mismo nivel que tenía antes de la pandemia, “pero con mayor nivel de deuda pública”: 68%. La situación fiscal no tiene “mucho margen de maniobra”, remarca el informe, aunque aclara que el “riesgo país” de Uruguay se sitúa en “mínimos históricos”.
Como aspectos positivos, el informe destaca el manejo de la inflación, que está “controlada” y “en niveles mínimos en 20 años”. También marca la recuperación del salario real desde mediados del año pasado, basada “en gran medida por la caída de la inflación”. De todos modos, advierte que este incremento del poder adquisitivo ha tenido “diferencias entre sectores” de actividad.
En resumen, los empresarios consideran que el escenario actual es “menos favorable”, pero señalan que las expectativas “mejoran” de cara al próximo año. Las cámaras empresariales que forman parte de la confederación esperan que en 2024 haya un aumento de 50% en términos de producción y de inversión, que a su vez permitiría un aumento de 35% en la rentabilidad empresarial.
Asimismo, 75% de las gremiales consultadas para el informe afirmó que “piensa introducir nuevas tecnologías” en su rama de actividad durante 2024. Según el documento, hay “aspectos positivos” que favorecen el “clima de negocios”, como, por ejemplo, “estabilidad política”, “seguridad jurídica” y “apertura económica”.
No obstante, la CCE también señala que 45% de las gremiales consultadas están siendo afectadas “por el diferencial de precios con Argentina”. Con una inflación anual de 185% y un tipo de cambio “inestable”, este país muestra a nivel económico un “desequilibrio macro” que supone “desafíos de gobernabilidad”. Mientras tanto, “Uruguay permanecerá caro” en comparación con Argentina.
En tal sentido, se señala que en setiembre de este año la relación entre el gasto “emisivo” y el “receptivo” en materia de turismo fue negativo (-0,1%) para Uruguay; en dicho período el tipo de cambio con Argentina estuvo por debajo de mínimas históricas, como las de junio de 2002 y mayo de 2013. En cambio, según el informe de la gremial, Brasil muestra a nivel económico “perspectivas positivas” gracias a un tipo de cambio “estable” y una inflación anual de 5%. En definitiva, la CCE observa un contexto regional “poco favorable o neutro” para Uruguay.
Pendientes
Además del análisis de la situación nacional y regional, el informe incluye una evaluación pormenorizada de los casi cuatro años de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Si bien sostiene que hubo “mejoras en materia de regulación y políticas públicas”, también marca que “en algunos casos restan avances”, y enumera una serie de temas “pendientes”.
Uno de ellos es la ausencia de “avances significativos” en la modernización y la digitalización de los servicios públicos y también la falta de “avances” en la profesionalización de “la gestión de las empresas públicas”. Al respecto, la gremial menciona la postergación -por parte del Poder Ejecutivo- de la implementación de la reforma de la distribución secundaria de los combustibles, que en su momento fue criticada por los transportistas. También marca el fracaso de la licitación en el sector pórtland de Ancap.
Otro asunto pendiente para la confederación es la política tributaria. En tal sentido, se propone “reinstaurar el cómputo de las pérdidas por inflación” en el impuesto a las rentas de las actividades económicas, así como “eliminar el sistema de pago” del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y “reducir la carga tributaria por impuesto al patrimonio”.
Por otra parte, acerca de las relaciones laborales, la gremial sostiene que aún “persiste un bajo nivel de descentralización de la negociación salarial” y advierte que no se ha avanzado “hacia la flexibilización de la jornada laboral, [con un] régimen semanal no diario”.
Por último, en el plano internacional, la CCE marca que no han podido materializarse ni el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ni el ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico. Por eso, se requieren “mayores acciones de posicionamiento país”.