A principios de setiembre, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, apuntó que, en algunos de sus 239 artículos, el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida “se anticipa” a determinados temas que, tarde o temprano, el Poder Legislativo “se va a ver enfrentado a discutir”. “Muchos de los capítulos de esta ley tienen que ver con materias en las cuales nos vamos a tener que introducir”, subrayó, en referencia a “la adopción de estándares de naturaleza internacional”. El ministro hizo este comentario en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto tras su aprobación por unanimidad en el Senado. Oddone se refirió puntualmente al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que la semana pasada cumplió seis meses de su puesta en marcha.
Ante la misma comisión, el pasado jueves, una delegación de Redes Amigos de la Tierra, organización con más de tres décadas, enfocada en “la promoción de la justicia ambiental, económica, social y de género”, advirtió sobre ciertos aspectos incluidos en el proyecto que presentan similitudes con los requisitos que se exigen para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés).
Uruguay tramitó su adhesión a este tratado en el gobierno anterior; durante la actual administración dicha solicitud fue aceptada y actualmente se está en un proceso de negociación -la tercera ronda- con representantes del bloque, compuesto por Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunéi Darusalam, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú, Chile y Reino Unido. Posteriormente, el tratado deberá ser ratificado en el Parlamento.
Los señalamientos de Redes
Natalia Carrau, integrante de Redes, señaló en la comisión que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo dispone la creación de “un programa de calidad regulatoria y de agilización de trámites”, que funcionaría bajo la órbita de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, que, a su vez, “tendrá la facultad de crear mesas resolutivas para la modernización regulatoria”.
Carrau apuntó que con la conformación de estas mesas resolutivas “pareciera desdibujarse dónde radica” la potestad regulatoria de las actuales agencias y unidades del Estado, abriéndose la posibilidad de una “incidencia más directa y explícita de actores privados, especialmente de empresas con gran capacidad de intervenir en las decisiones de política pública”.
En ese marco, mencionó que en el CPTPP se recomienda justamente “la creación de un organismo o mecanismo central de coordinación nacional que esté encargado de examinar las regulaciones propuestas y evitar duplicaciones interinstitucionales”. “La similitud entre lo que propone el proyecto de ley que estamos discutiendo y los textos del CPTPP en cuanto a los organismos a crear y sus competencias deja la duda sobre el fondo del asunto que se quiere legislar”, expresó.
Por otra parte, Carrau señaló que el proyecto “habilita a que empresas pidan la revisión de procedimientos”, ya que, conforme al artículo 5 de la iniciativa, “cualquier persona física o jurídica podrá solicitar a la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión la apertura de un procedimiento de examen de un trámite determinado”.
En ese sentido, afirmó que “es públicamente conocido el poder estructural que detentan las grandes empresas y las empresas de capital transnacional” para “amedrentar a los Estados y prevenir la aprobación de regulaciones y leyes que las controlen”. “Esta capacidad de captura regulatoria ha sido muy demostrada en el pasado por empresas como Farmashop, las gremiales de importación de alimentos, DirecTV u otras que presionaron fuertemente para que leyes de Uruguay que las restringían en su alcance o les sumaban requisitos no fuesen aprobadas”, señaló; y advirtió que “habilitar un camino adicional para poder examinar y con seguridad modificar un procedimiento puede terminar en la institucionalización del lobby donde ganan los intereses del más fuerte”.
En términos generales, Carrau indicó que el CPTPP tiene 30 capítulos, de los cuales solo seis corresponden a la disminución o eliminación de aranceles. “Los restantes 24 capítulos refieren a disciplinas de negociación que están asociadas al comercio, pero que no tienen que ver con aranceles, sino con políticas y regulaciones”, remarcó. “Nos referimos a telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico, propiedad intelectual, empresas públicas, monopolios y monopolios designados, compras públicas, inversiones, servicios, entre otros”, añadió.
Está previsto que el proyecto se ponga a consideración del plenario de la cámara baja a finales de noviembre. Se da por descontado que el texto será modificado, por lo que deberá volver a tratarse, como tercera y última cámara, en el Senado.
