De entrada, en su primera declaración sobre el caso de Pablo Leiva, el Frente Amplio (FA) planteó la necesidad de “tomar iniciativas políticas” que “preserven nuestra calidad democrática”. En particular, la fuerza política propuso convocar a “una reunión urgente” de los partidos políticos con representación parlamentaria para “discutir las posibles soluciones” a sus financiamientos. El presidente del FA, Fernando Pereira, ha insistido en los últimos días en que se debe ir hacia un sistema de financiamiento mayoritariamente público, en detrimento de los aportes privados.
Antes de ser condenado por lavado de activos en una causa de narcotráfico, Leiva integraba el equipo de asesores del edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria. A Leiva, Gómez lo contrató por recomendación de su hijo, Lucio Leiva, también asesor suyo en la Junta Departamental. Los dos Leiva ya fueron desvinculados del equipo de asesores.
“Tiene que haber un proyecto [de ley] que garantice que la mayor parte del financiamiento de los partidos esté vinculado a dinero público, porque esto es sano para la democracia y sano para el sistema de partidos”, afirmó este lunes Pereira. Dijo que en el FA se comparten “visiones” con el PN en cuanto a que el caso es un hecho “gravísimo”, y, en ese marco, consideró que el PN “debe comprender la urgencia que tiene tratar con seriedad un proyecto y votarlo antes de la campaña electoral que viene”.
En la única declaración sobre el tema hasta ahora, el PN –a través de su Comisión de Asuntos Políticos– afirmó que “el sistema político, las instituciones y la democracia están amenazadas por el crimen organizado y el narcotráfico”. “Estamos decididos a estar alertas y contribuir en todo a luchar contra este avance criminal”, se sostiene en la declaración, en la que se agrega que, “como nadie está libre de estas circunstancias, solo la acción responsable y decidida de todos los partidos políticos por encima de diferencias ideológicas preservará la salud democrática e institucional”.
Por su parte, el secretario general del Partido Colorado (PC), el senador Andrés Ojeda, sostuvo este martes en rueda de prensa que, a su entender, “decir que el narco está metido en la política” a partir del caso Leiva es “estirar un poco la cosa”. En la conferencia de prensa que brindó este lunes para dar explicaciones, Gómez también consideró que hasta ahora no hay mérito para “confirmar” que haya una intromisión del narcotráfico en la política.
El FA propone prohibir las donaciones anónimas
El financiamiento de los partidos se rige por la Ley 18.485, que fue modificada por última vez en 2024, a través de la Ley 20.292. La reforma tomó como base una iniciativa del FA, de 2017, que en su momento obtuvo media sanción en el Senado –donde el FA tenía mayoría–, pero terminó naufragando en la Cámara de Diputados. A partir de la oposición del entonces diputado de la Liga Federal Frenteamplista Darío Pérez, en diciembre de 2019 los partidos se comprometieron a retomar la discusión en la siguiente legislatura.
Ya en el gobierno de Luis Lacalle Pou, el debate se extendió hasta casi el final de ese período, en el marco de la denominada Comisión Especial para el Estudio del Financiamiento de la Democracia. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la cámara baja en noviembre de 2023; en mayo de 2024, con algunos cambios, el proyecto fue aprobado también en el Senado. Al momento de la votación, desde el FA se señaló que, si bien la nueva norma significaba un avance con respecto a la legislación anterior, de todos modos, debía profundizarse.
Este lunes sesionó la Mesa Política del FA para recibir un informe de una reunión de trabajo que hubo con las bancadas de ediles y legisladores a partir del caso Leiva. El exsenador Charles Carrera, integrante de la Mesa Política, dijo a la diaria que la intención del oficialismo en este período es “volver a citar” a la comisión especial, que durante la mayor parte de su funcionamiento en el período pasado estuvo presidida por el diputado del FA Mariano Tucci. “Hay que reconocer que hay problemas y la intención del Frente Amplio es esa”, señaló Carrera, y apuntó contra el PN, porque el hecho de que “tenemos problemas”, pero “no hemos podido avanzar por trancazos del Partido Nacional”. Sostuvo que el PN “está teniendo problemas reales” que se deben “discutir con seriedad”.
Sobre el planteo de Pereira acerca de un financiamiento público de los partidos, Carrera dijo que “son todo cuestiones que se están discutiendo”, y aclaró que el FA no pretende “decir que tenemos la verdad revelada”. En ese sentido, señaló que la fuerza política considera que “hay que prohibir las donaciones anónimas” y que se debe trabajar en la “trazabilidad de la plata que se maneja dentro del sistema político”. Asimismo, reconoció que “hay que darle más recursos a la Corte Electoral”, que es el organismo encargado del control, la supervisión y la potestad sancionatoria de la ley, así como también al Tribunal de Cuentas.
En el proyecto original del FA de 2017 se establecía la prohibición de que “personas anónimas”, así como “personas jurídicas, de consorcios o de cualquier otra entidad, asociación u organización”, pudieran hacer donaciones a partidos, sectores o listas. La normativa vigente permite las donaciones anónimas hasta 4.000 unidades indexadas (UI), aproximadamente 26.600 pesos. Por otro lado, las donaciones de personas físicas o jurídicas “debidamente identificadas” a las campañas electorales no pueden superar las 300.000 UI y, en el caso del financiamiento permanente, las 350.000 UI por año civil.
Para Conrado Rodríguez, el “financiamiento netamente público” es un “error”
Desde la oposición, el senador nacionalista Javier García consideró este martes en rueda de prensa que, si bien no “todo está resuelto”, la última ley de financiamiento es aún “muy joven”. En diálogo con la diaria, el diputado del PC Conrado Rodríguez –que participó en el tratamiento de los proyectos en las últimas dos legislaturas– consideró “un error decirle a la ciudadanía que acá la culpa la tiene la falta de previsión en la ley de financiamiento de partidos”. “Endilgarle este caso puntual a que la última ley de financiamiento no fue todo lo completa que podría haber sido me parece que es un error”, resaltó.
Para Rodríguez, el caso Leiva “no tiene absolutamente nada que ver con la ley de financiamiento de partidos”, que contempla la prohibición de financiamiento de “organizaciones delictivas”. Apuntó, además, que los “incumplimientos de los partidos políticos están severamente sancionados”. “Es la Junta Departamental la que tiene que tener los controles sobre las contrataciones de los ediles o sobre las partidas que paga, no una ley de financiamiento”, afirmó.
Por su parte, en diálogo con la diaria, el diputado del PN Pablo Abdala cuestionó las “alusiones políticas” de Pereira sobre el PN con relación a la normativa vigente, dado que en “esto todos tenemos que asumir que nadie está libre y que es un desafío que nos alcanza a todos por igual”. Aunque apuntó que los actuales mecanismos de financiamiento pueden ser “perfeccionados”, consideró que “no es solo modificar la ley vigente”, sino “ver de qué manera hacemos cumplir y garantizamos el cumplimiento de las normas que ya están en vigencia”. Por ejemplo, mediante la dotación de los recursos necesarios a la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
En cuanto al planteo de un financiamiento exclusivamente público, Abdala dijo que, en principio, no se afilia a la propuesta, “porque eso es aumentar el costo de la política y es aumentárselo a la sociedad entera”. En ese marco, consideró que los futuros intercambios deberían contemplar de “qué modo bajar el costo de la política en cuanto al costo que insumen las campañas electorales”. Señaló que algunos factores, como la extensión del ciclo electoral, la “presión de las listas” y “el costo de los medios masivos”, generan que los partidos entren “en una competencia frenética”. “Todo eso conduce a un incremento del costo electoral que, en algún momento, debiéramos plantearnos si se justifica, o si en todo caso ya debiéramos revisarlo y modificarlo”, señaló.
Rodríguez, en tanto, consideró “un error el financiamiento netamente público”, ya que resultaría difícil dirimir “cuántos son los recursos que le das a cada partido”. “Si los dirimís a través de la votación en la elección anterior estás generando una diferencia: aquellos que votaron más son los que van a recibir mayor financiamiento público y, por lo tanto, van a tener mayores posibilidades en una elección”, es decir, “siempre van a tener mayores posibilidades los que reciban mayor financiamiento”, profundizó.
Por otro lado, con respecto al caso particular del edil nacionalista, Rodríguez apuntó que la situación “tiene que ver con fondos netamente públicos y no tiene nada que ver con fondos privados”. “Acá me parece que los controles tienen que venir por el propio organismo que paga la partida y es ese organismo [la Junta Departamental] el que tiene que hacer las reglamentaciones y resoluciones pertinentes para controlar”, opinó.
