Tal como había anunciado el Partido Nacional, se propone crear la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas. Será una persona jurídica de derecho público no estatal que se vinculará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta agencia propondrá “metodologías y criterios de evaluación y valoración objetiva” sobre la pertinencia de la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Menciona que esos estudios se integrarán “con el análisis de viabilidad y sustentabilidad económica de los tratamientos y técnicas evaluadas”. Para contar con “información veraz y actualizada” sugiere promover acuerdos con organizaciones científicas nacionales y extranjeras, y generar un ámbito de coordinación técnica.
La agencia será dirigida por un consejo directivo integrado por siete miembros, representantes de la Junta Nacional de Salud del MSP, el Fondo Nacional de Recursos (FNR), la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, la Academia Nacional de Medicina, el Institut Pasteur de Montevideo y la Asociación de Economía de la Salud del Uruguay. El séptimo integrante será quien presida el consejo y será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de al menos cinco miembros del consejo. El texto explicita que todos ellos “deberán ser personas de notoria competencia e idoneidad” en la temática, “con una trayectoria profesional que asegure su independencia de criterio, objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones” y que no tengan ningún vínculo con proveedores de tecnología médica o de la industria farmacéutica, ni con prestadores parciales o integrales del sistema de salud. Dentro de los 90 días a partir de la designación de sus miembros, el consejo formulará un plan estratégico y un plan operativo para los primeros dos años.
En cuanto al financiamiento, el texto indica que se hará “mediante proventos” obtenidos de “estudios relativos a la incorporación de nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento”, de “evaluaciones respecto a medicamentos y procedimientos terapéuticos” –no se explicita quiénes pagarán por ellos, pero es de suponer que serán las empresas de tecnología, que son las interesadas en que se incorporen sus productos al financiamiento universal–, de “publicaciones y contenidos científicos divulgados bajo acuerdos de suscripción”, cursos de capacitación y convenios de complementación e intercambio con organizaciones del medio o del exterior.
Los dictámenes de la agencia no serán vinculantes para el MSP ni para el FNR, y en caso de no aplicar sus sugerencias, esos organismos deberán informar los motivos. Los documentos y estudios producidos por la agencia serán de acceso público. En las demandas judiciales podrá actuar como perito ante el requerimiento judicial.
Para financiar los tratamientos de alto costo que no estén comprendidos en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) ni en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), el proyecto propone incluir al FNR entre los organismos destinatarios de donaciones de las empresas que cuentan con el beneficio de exonerar impuestos, como lo hacen hoy Teletón y Aldeas Infantiles, entre otras. En 2015, para frenar el aumento de los juicios para acceder a medicamentos de alto precio, el MSP había intentado financiar medicamentos no comprendidos en el FTM (Procedimiento administrativo abreviado para responder peticiones presentadas ante el MSP por suministro de medicamentos o dispositivos terapéuticos no comprendidos en el PIAS-FTM), pero a fines de 2018 debió dar marcha atrás, debido al crecimiento insostenible de esos gastos. Una de las claves que le ha permitido al FNR incluir medicamentos y procedimientos es restringir qué se financia y hacerlo de forma ordenada y planificada, lo que permite negociar mejores precios con las industrias de tecnología evitando que la institución quiebre, como ocurrió en 1998.
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