El verano fue intenso para socios y trabajadores de Casa de Galicia, así como para referentes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que trabajaron en la búsqueda de salidas para la mutualista de mayor porte del oeste de Montevideo, y marzo no será la excepción. El 24 de febrero el juez letrado de Primera Instancia de Concursos de primer turno, Leonardo Méndez, resolvió “decretar la liquidación y disolución de la sociedad civil Casa de Galicia” y le ordenó a la sindicatura –a cargo de la Liga de Defensa Comercial– cumplir, en un plazo máximo de diez días hábiles, con “la presentación definitiva del proceso licitatorio”.
En el correr de aquella misma tarde, el ministro y el subsecretario de Salud Pública, Daniel Salinas y José Luis Satdjian, respectivamente, dieron una conferencia de prensa junto con el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, en la que informaron que a partir del 25 de febrero los socios de Casa de Galicia serían notificados de a cuál de las cinco mutualistas –Círculo Católico, Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami– habían sido asignados a través del procedimiento que estableció la Ley 20.022, votada el 8 de febrero para distribuir a socios y trabajadores de la mutualista. Ahora, las negociaciones continúan en todos los planos.
Preparativos para la liquidación
Según supo la diaria a través de fuentes del proceso judicial, la sindicatura le presentó al juez las bases sobre las que hará la licitación, que consisten en “llamar a un proceso competitivo para adjudicar el inmueble del sanatorio como una unidad”, lo que comprende el inmueble de Millán y Raffo, los bienes muebles y los permisos referidos a los institutos de medicina altamente especializada (IMAE) que funcionan en el sanatorio. Se apunta a que la venta sea en bloque y que el edificio mantenga su finalidad sanitaria; será licitado como sanatorio y los referentes evalúan la posibilidad de pedirles antecedentes a quienes se presenten. Antes del martes 15 la sindicatura presentará los pliegos de la licitación, el llamado se difundirá en medios de comunicación y se dará un plazo de 40 días para que los interesados analicen la inversión.
Podrán postularse las instituciones de salud –se ha hablado de que podría ser cualquiera de las cinco mutualistas o también la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que quedó habilitada para hacerlo por la Ley 20.022– y otros interesados, entre ellos el grupo inversor español Ribera Salud, que es con el que venían interactuando los socios para que se hiciera cargo de la mutualista.
El principal acreedor hipotecario es el Estado; con el dinero de la liquidación, levantará las garantías de los fideicomisos que recibió la mutualista en 2012, por 150 millones de unidades indexadas (UI) –la empresa comenzó a pagarlo en 2014 y debía terminar de hacerlo en 2026–, y el que obtuvo en 2019, por 240 millones de UI, que tenía que terminar de pagar en 2032. El acreedor es el Fondo de Garantía IAMC, que otorga el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC), y el fiduciario es República Afisa. No se sabe todavía si el acreedor hipotecario recibirá el pago al contado, porque también existe la posibilidad de que quien gane la licitación pague al contado los bienes que están sin gravámenes y acuerde una fórmula de pago con el acreedor hipotecario.
Los trabajadores tienen privilegios a la hora de cobrar: su deuda se dividirá en dos partes; una es la llamada “deuda concursal”, en la que se incluye la deuda generada antes del decreto de concurso, (el 18 de noviembre), y luego está la que se haya generado luego del decreto de concurso, la llamada “deuda posconcursal”, que será uno de los destinos que tendrán los fondos que ingresen por la enajenación de los bienes que no están gravados por hipoteca.
El monto de la venta se desconoce por ahora, porque se está definiendo el valor de la tasación; la ley concursal establece que las ofertas no podrán ser inferiores a 50% del valor de tasación de la empresa.
Pocos días después de que el juez Leonardo Méndez determinó el cese de actividades de Casa de Galicia, el 23 de diciembre, la abogada Lucía Curbelo, apoderada de Casa de Galicia, presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez. El 28 de diciembre Méndez resolvió desestimar “de plano” el recurso de reposición y declaró inadmisible el recurso de apelación; la representante de la empresa apeló esa decisión. El 1º de febrero, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del juez para analizar la apelación de la empresa, pero terminó fallando a favor de Méndez, que el 21 de febrero ratificó lo que había resuelto a fines de diciembre. Desatar ese nudo –que les daba esperanzas a los socios que estaban en contra del cierre de la mutualista– dio vía libre al juez para decretar, tres días después, la liquidación de la empresa.
El miércoles 2 de marzo el juez designó a Daniel Germán, abogado de gran trayectoria en temas concursales, defensor de oficio de Casa de Galicia, tras entender que Curbelo ya no puede ejercer esa función, por el desplazamiento de las autoridades de la mutualista que determinó el Ministerio de Salud Pública (MSP) el 26 de octubre, cuando intervino Casa de Galicia.
Distribución de los trabajadores
El viernes 25 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un link de comunicación para que los trabajadores médicos y no médicos expresaran su adhesión a ser absorbidos por alguna de las cinco mutualistas que recibirán socios de Casa de Galicia; tal como estableció la Ley 20.022, con base en el acuerdo multisectorial firmado por el gobierno de Jorge Batlle con la Federación Uruguaya de la Salud, las instituciones deberán contratar a los trabajadores de manera proporcional al volumen de socios que incorporen.
Según informó el viernes Pablo Mieres, titular del MTSS, a la radio Montecarlo, la inscripción de los trabajadores ha sido “masiva” y resta asignar los lugares de trabajo para médicos y no médicos. Mieres dijo que la tarea será un “rompecabezas”, porque “no es fácil determinar cuántos puestos de trabajo se pueden reubicar, y luego dónde y en qué funciones”. El ministro afirmó que en eso están trabajando con los gremios y que se apunta a “lograr una reconversión lo más exitosa posible”, tanto en la cantidad de trabajadores que seguirán con empleo como en cuanto a las condiciones laborales que tendrán.
Tal como anunció Salinas el 24 de febrero, hasta el 31 de marzo Casa de Galicia continuará funcionando como lo ha hecho desde el 23 de diciembre. El viernes Mieres afirmó que el pago de salarios está asegurado hasta el 31 de marzo.
La Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), que nuclea a los trabajadores no médicos, el sábado emitió un comunicado “urgente” en el que reprobó que no se ha convocado al Grupo 15 de los Consejos de Salarios, que es el ámbito en el que se debe negociar la distribución de trabajadores, tal como lo definió la Ley 20.022. “Los funcionarios de Casa de Galicia vemos que pasan los días y nadie nos da una respuesta en algo tan grave y urgente como es resolver el futuro laboral y las condiciones de trabajo de los compañeros”, expresa el comunicado, que menciona que la Afuncag ha enviado correos solicitando el comienzo de las negociaciones.
Preocupado por los rumores de cambios antes de tiempo, el sindicato el viernes se reunió con las representantes del MSP en la mutualista, la médica Nuri Santana y la contadora Alicia Rossi. En el acta de la reunión, publicada en la página de Facebook de la Afuncag, las dirigentes gremiales informaron que las autoridades reafirmaron que “se brindará asistencia en forma normal hasta el 31 de marzo inclusive” y que los IMAE seguirían funcionado con los servicios de apoyo que requieren. Informaron, además, que los sueldos de marzo se pagarán el 5 de abril y que las referentes negaron que les hubieran solicitado a jefaturas de la mutualista el listado de trabajadores para enviar a seguro de paro, algo que había trascendido en la semana.
En una asamblea que hizo el viernes la Asociación Gremial de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, los médicos rechazaron la comunicación que recibieron de ASSE sobre el “cierre de la puerta de emergencia y la reducción de las capacidades asistenciales del sanatorio” y recordaron que la emergencia sanitaria continúa y que el centro de salud es muy relevante para el oeste de Montevideo. Pidieron, además, que no se afecte la capacidad asistencial ni la calidad de atención.
“Dado que la estructura sanitaria irá a licitación, se declaran en conflicto todos los potenciales cargos médicos que estén bajo la órbita de una nueva administración”, expresaron los profesionales, que exigieron que los cargos médicos que se generen en las mutualistas que reciban socios sean ocupados por quienes trabajaban en Casa de Galicia, como pauta la Ley 20.022.
Según el gremio médico, el Poder Ejecutivo y las mutualistas están dando “señales contradictorias”. Este lunes a las 17.00 se realizará una reunión del Consejo de Salarios, informó la asociación de médicos, e invitó a sus pares a concentrarse afuera del MTSS mientras se desarrolla esa reunión.
A las 19.00, socios y trabajadores de Casa de Galicia se movilizarán en frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes con la consigna “Casa de Galicia se defiende. Ni un funcionario en la calle”. El gremio médico anunció que se sumará.
Inconstitucionalidad
El abogado Juan Ceretta informó a la diaria que este lunes presentará ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) las firmas de otros 300 socios de Casa de Galicia que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20.022; esta entrega se suma a las 625 que había entregado el 21 de febrero. La acción plantea que la ley viola los principios constitucionales de igualdad y libertad de elección –por no poder elegir prestador, como sí pueden hacerlo el resto de los usuarios del Fonasa- y el de separación de poderes, porque la ley se aprobó antes de que finalizara el proceso concursal. En el escrito, los socios alegan que “no existen verdaderas razones de interés general” que justifiquen el recorte del derecho de igualdad, refutan la invocación a la “sustentabilidad del sistema” y alegan que “si la sustentabilidad corre riesgo, deberán las autoridades tomar las medidas que correspondan, pero nunca avasallando el derecho a la salud de un grupo de personas”.
Para asegurarse una “inmediata aplicación”, el abogado solicitó imponer una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos impugnados mientras se tramita la acción de inconstitucionalidad. La suspensión corre sólo para los socios que presenten el recurso.
Según informó Ceretta, la SCJ podía rechazar de plano la medida cautelar y no lo hizo, sino que trasladó el tema al MSP, que tiene plazo hasta el martes para responderle a la SCJ.
Los únicos dos artículos que no impugna el recurso son los que refieren a la distribución de trabajadores, con lo que se busca no perjudicarlos si la Justicia falla a favor de los socios, explicó Ceretta.