Este martes a partir de las 16.00 comenzó un paro de taxímetros, ya que el Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi (SUATT) realizará una asamblea en el marco del conflicto que tienen por “la rebaja salarial planteada por la patronal y avalada por el gobierno”, según dijo a la diaria el secretario general del SUATT, Damián Fernández.
“Estamos en conflicto desde los primeros días de julio por el cobro de los viáticos. Un mes antes de que terminara el convenio de la séptima ronda, la patronal, de manera prepotente y unilateral, dejó de pagarla”, comentó.
Fernández dijo que tras varias reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se firmó un acuerdo por el pago de junio; de esa manera, “con el convenio vencido, empezó la octava ronda de los Consejos de Salarios”, entonces la patronal presentó una propuesta que “era la esclavitud en un papel” y “nosotros lo que propusimos fue un aumento de los rubros por IPC [Índice de Precios del Consumo]”.
Tras varias reuniones, “el gobierno presentó una propuesta de acercamiento que prácticamente era bajarnos el salario en un 30 o 40%. En el medio de esas tratativas hicimos una serie de movilizaciones que molestaron al gobierno, por lo que suspendió las negociaciones. Después de 18 días de trabajo a reglamento, el viernes nos convocaron para decirnos que la ronda se va a laudar mediante un decreto”, contó.
El integrante del sindicato afirmó que la asamblea de este martes definirá qué medidas tomarán de aquí en adelante por el cambio de escenario planteado. “Fundamentalmente para que el decreto contenga algo beneficioso para los trabajadores”, señaló.
Fernández comentó que, a pesar de que no les dieron los detalles, saben que la patronal pretendía no reconocer las horas extras, que el MTSS habilitara que un solo chofer trabajara en un coche, lo que supone tener límites de recaudación, y que pedía cierta cantidad de dinero recaudado, independientemente de las horas de trabajo. “Si te piden 5.000 pesos de recaudación en un día no importa si se hace en 12 horas o en 20, es una rentabilidad mayor a costa del esfuerzo del trabajador”, dijo.
El sindicato aún no recibió el contenido del decreto del gobierno, pero sí la comunicación oficial del cese de las negociaciones. El ministerio le adelantó al SUATT que el decreto mantendría los rubros existentes, y “es posible que se apliquen los lineamientos generales del sector privado”.
A principios de julio el Consejo Superior Tripartito, conformado por el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo, acordó los lineamientos para la Octava Ronda Salarial.
Esos lineamientos son aplazar por un año los acuerdos cuyos vencimientos se produjeron o se produzcan entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2020; un aumento de 3%, a excepción de los sectores que a noviembre de 2020 registren un número de cotizantes igual o inferior a 90%, es decir, una caída del empleo igual o superior a 10% interanual; y que los trabajadores que tengan un ingreso igual o inferior a 22.595 pesos recibirán un aumento adicional de 1%, que no se descontará del correctivo final.
Como parte del trasporte, los trabajadores del taxi habían quedado por fuera de esos lineamentos, pero ante la falta de acuerdo el gobierno habría decidido incluirlos.
Para Fernández, la baja en la actividad debido a la pandemia generada por la covid-19 afectó al sector; no obstante, aseguró que la plataforma planteada por la patronal no es nueva. “En la época de bonanza del taxi también presentaban propuestas de este estilo”, dijo.
Por su parte, Óscar Dourado, gerente general de la Gremial Única del Taxi, dijo a la diaria que la patronal no podrá cumplir ni siquiera con la pauta mínima que propondría el gobierno. Agregó que tienen que cumplir el pago de un laudo pero sin tener trabajo. “No podemos cumplir, y el gobierno conoce [la situación]”.
Comentó que el sector tiene problemas desde que se permitieron los servicios de trasporte de pasajeros por aplicaciones, “después vino la crisis económica y ahora la sanitaria”.
Según Dourado, lo que la gremial quiere es que se mantengan los puestos de trabajo, ya que desde 2017 se perdieron 700, sólo en Montevideo. “Lo que planteamos es tener certezas jurídicas con reglas claras para la actividad”, dijo, y aclaró que pidieron un descuelgue del laudo anterior.