La llegada del papa León XIV a Uruguay volvió a poner en discusión los alcances de la laicidad del Estado. El pontífice fue recibido este viernes por el presidente Yamandú Orsi en una ceremonia oficial en la plaza Independencia, en la que participaron autoridades nacionales, representantes diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil, organizada en el Palacio Estévez, que fue iluminado con los colores amarillo y blanco de la bandera del Vaticano.
El operativo de seguridad anunciado por el gobierno involucró a unos 5.000 policías y a entre 1.000 y 1.700 efectivos de las Fuerzas Armadas, además de recursos tecnológicos y logísticos. A esto se sumó la cobertura especial de los medios públicos. Canal 5 estuvo a cargo de generar la señal oficial de la visita, disponible para canales nacionales e internacionales, mientras que Antel TV y Radio Uruguay también ofrecieron transmisiones y cobertura. La agenda oficial incluyó, además de la ceremonia de bienvenida y el acto público frente a la Torre Ejecutiva, una reunión privada entre el mandatario y el pontífice en el edificio José Artigas.
La visita también ya había generado una controversia política por la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, de iluminar el Palacio Legislativo con los colores vaticanos. La iniciativa derivó en cuestionamientos de legisladores que consideraron que supondría una identificación simbólica del Parlamento con la Iglesia católica. Finalmente, el pedido no fue puesto a consideración de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Asimismo, meses antes se había discutido la pertinencia o no de recibir al sumo pontífice en la sede legislativa, donde se preveía que brindara una discurso ante la Asamblea General, idea que también fue descartada.
Los recursos estatales destinados a la recepción oficial de León XIV generaron una controversia que plantea una pregunta de fondo: ¿se trata de gestos protocolares hacia el jefe de un Estado extranjero o de una señal de reconocimiento institucional a la máxima autoridad de la Iglesia católica?
La laicidad uruguaya: construcción histórica y concepto en disputa
Para comprender la controversia es necesario remontarse al proceso de secularización que atravesó Uruguay desde la segunda mitad del siglo XIX y que tuvo uno de sus principales impulsos durante el batllismo.
La Constitución de 1830 establecía que la religión católica apostólica romana era la religión del Estado. Sin embargo, durante las décadas siguientes se sucedieron medidas que trasladaron al ámbito estatal funciones que hasta entonces estaban vinculadas a la Iglesia. Entre ellas se encuentran la secularización de los cementerios, en 1861; la creación del Registro Civil; la aprobación del matrimonio civil obligatorio, en 1885; y la eliminación de la enseñanza religiosa de las escuelas públicas, en 1909.
El proceso culminó con la reforma constitucional de 1917, que entró en vigor en 1918 y estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. Desde entonces, el artículo 5 de la Constitución dispone que “todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay” y que “el Estado no sostiene religión alguna”.
El antropólogo e investigador de la Universidad de la República Juan Scuro señaló, en conversación con la diaria, que es importante distinguir entre secularización y laicidad, dos conceptos que suelen utilizarse como sinónimos, aunque no significan lo mismo.
“Uruguay es un país laico en el sentido de que separa a la Iglesia Católica y a todas las iglesias del Estado”, explicó. En cambio, la secularización se refiere a un proceso social y cultural por el que “la forma de vivir lo religioso en el espacio público ha tendido a replegarse hacia el ámbito de lo privado, de lo particular”. El investigador sostuvo que Uruguay presenta características singulares respecto de otros países de la región, como Argentina y Brasil, tanto por su historia de separación institucional como por el grado de secularización de su sociedad.
De todas formas, advirtió que la disminución de la adhesión a las instituciones religiosas no significa necesariamente que las personas hayan abandonado sus creencias. “Las personas tienen una religiosidad, una espiritualidad, pero no necesariamente pertenecen a una institución o practican de forma pública”, señaló.
Para Scuro, además, la laicidad no es un concepto cuyo significado esté completamente cerrado sino que está “en disputa”, afirmó. Según explicó, existen distintas corrientes filosóficas, políticas y religiosas que discuten qué implica concretamente la separación entre el Estado y las iglesias.
Al analizar la actual visita de León XIV, Scuro consideró que tanto la recepción oficial como la iluminación de edificios públicos con los colores del Vaticano “no tiene nada que ver con violar la laicidad”. El antropólogo recordó que Uruguay está recibiendo a un jefe de Estado y que “como cualquier autoridad” requieren la utilización de recursos públicos y la adopción de medidas protocolares, de seguridad y de organización.
Desde una perspectiva jurídica, el abogado constitucionalista Martín Risso señaló que la Constitución uruguaya no utiliza las palabras “laicidad” o “laico”, sino que es “una construcción que se ha ido y se viene repitiendo a lo largo del tiempo”, y que la recepción de León XIV no supone una modificación de la posición del Estado uruguayo frente a las religiones.
Risso sostuvo que, en este caso, ni siquiera se está ante una actividad religiosa organizada por el Estado, sino ante la recepción oficial de una autoridad extranjera y que, aunque el Vaticano sea uno de los Estados más pequeños del mundo, la figura del papa despierta una atención legítima entre una parte importante de la población uruguaya.
El abogado consideró que “bajo ningún aspecto” la iluminación de edificios públicos con los colores del Vaticano tampoco supone una identificación del Estado con la Iglesia católica. “Es como cuando se recibe una autoridad y ahí se iza la bandera de ese Estado” afirmó Risso, algo que definió como un acto de “cortesía diplomática”. Asimismo, consideró que el debate parlamentario de iluminar o no las fachadas del Palacio Legislativo con los colores papales fue una discusión “sin consecuencias jurídicas” y “meramente política”.
La visita de Juan Pablo II y el monumento de Tres Cruces
Uno de los antecedentes más significativos de esta discusión se produjo en 1987, durante la primera visita de un papa a Uruguay. Juan Pablo II llegó al país el 31 de marzo y al día siguiente celebró una misa multitudinaria en la zona de Tres Cruces, en la intersección de Bulevar Artigas y avenida Italia.
Para aquella ceremonia se había instalado una monumental cruz de hierro, de unos 30 metros de altura, que originalmente formaba parte de una estructura concebida para el acto religioso. La discusión comenzó después de la partida del pontífice, cuando el entonces presidente Julio María Sanguinetti propuso que la cruz permaneciera en el lugar como recuerdo de la visita.
La iniciativa generó un debate político que atravesó a todos los partidos y dividió incluso al Partido Colorado, al que pertenecía el propio mandatario. Mientras algunos dirigentes entendían que conservar la estructura suponía instalar un símbolo católico en un espacio público, otros defendían que se trataba de preservar el recuerdo de un acontecimiento histórico.
La Iglesia católica resolvió donar la cruz a la Intendencia de Montevideo, encabezada por el colorado Jorge Elizalde, para que permaneciera en el lugar. Si bien la Junta Departamental de Montevideo rechazó inicialmente la permanencia de la cruz, con mayoría del entonces oficialismo, el asunto llegó al Parlamento nacional a partir de un proyecto presentado por el entonces senador nacionalista Gonzalo Aguirre. La discusión terminó con la aprobación de la Ley 15.870, promulgada el 22 de junio de 1987, que dispuso que la cruz fuera mantenida “en su emplazamiento original y con carácter permanente, en calidad de monumento conmemorativo de dicho acontecimiento”.
La decisión no clausuró el debate, que reaparecería en las décadas siguientes: si la instalación de un símbolo de origen religioso en un espacio público constituye necesariamente una vulneración de la laicidad o si puede justificarse por su valor histórico y conmemorativo.
En 2005, la controversia volvió a instalarse cuando, tras la muerte de Juan Pablo II, se trasladó una estatua del pontífice hasta los pies de la cruz de Tres Cruces. La iniciativa, respaldada por el recién asumido el primer gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez, también recibió cuestionamientos de organizaciones religiosas y colectivos defensores de la laicidad.
Scuro también recordó los debates por la imagen de Iemanjá en la rambla Sur y el proyecto de instalar una imagen de la Virgen María en la rambla del Buceo, y sostuvo que todas forman parte de disputas legítimas sobre la representación de las distintas creencias. “Los símbolos religiosos también forman parte de la vida cotidiana, también forman parte de minorías o mayorías de nuestra población y todos tienen derecho a verse representados en el espacio público”, señaló.
Para el atropologo, la discusión “no pasa por un tema de cuantificar a cuántas personas representa o no una figura o un símbolo”, sino por entender que “un espacio público democrático, plural y secularizado permite la existencia de manifestaciones religiosas en ese espacio”.
