En diciembre de 1977, una breve esquela en el diario El País de Madrid titulaba: “Protesta por los desaparecidos en Uruguay” y en el artículo se leía: “Un grupo de familiares de personas desaparecidas en Uruguay se manifestaron ayer ante la embajada de este país en Madrid con el objetivo de entregar un mensaje al embajador, Jorge Pacheco Areco, que no los recibió”.
Los manifestantes, pertenecientes a la diáspora de uruguayos exiliados, entregaron entonces al expresidente un documento que listaba a 41 personas desaparecidas luego de ser detenidas por la Fuerzas Conjuntas, derivado de los testimonios de otros presos que coincidieron en el cautiverio en distintas cárceles del país.
Hacía pocos meses un grupo de 14 madres argentinas había comenzado las primeras rondas en la Plaza de Mayo. Sus imágenes habían recorrido el mundo luego de que la prensa internacional, presente en el país en el marco del Mundial de Fútbol de 1978, se interesara por los reclamos de violaciones de los derechos humanos por parte de las dictaduras del Cono Sur.
En 1981 se creó en Uruguay el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), primera organización de Derechos Humanos presente en el país, que elaboraría los primeros informes sobre las denuncias acumuladas sobre el paradero de ciudadanos ausentes. A la par, sería fundamental el papel de Amnistía Internacional, organización que, por medio de sus informes anuales, daría cuenta del recorte de libertades sufrido por los ciudadanos uruguayos durante el régimen dictatorial. En 1983 publicó una lista primaria de personas desaparecidas luego de procedimientos de las fuerzas represivas, y relevó las denuncias de organizaciones locales.
En setiembre de 1984, en Argentina se conocerían los resultados de la investigación impulsada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), informe conocido como “Nunca Más”, que mencionó los casos de algunos uruguayos desaparecidos en ese país, así como detalló el funcionamiento de Automotores Orletti, centro clandestino de reclusión donde fueron vistos por última vez varios compatriotas militantes del Partido por la Victoria del Pueblo.
En 1985, con el retorno a la democracia en Uruguay, el recientemente asumido Parlamento aprobó la Ley de Amnistía, en cuyo artículo 5° se establecía la exclusión de aquellos delitos cometidos por funcionarios policiales o militares que fueran “autores o cómplices” de “tratamientos inhumanos, crueles o degradantes”, así como la “detención de personas luego desaparecidas”.
En los meses posteriores, la comisión investigadora trabajó sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron, y presentó su informe final en noviembre de 1985 ante la Cámara de Representantes. Su trabajo coincidió con el desarrollo del llamado Juicio a la Juntas en Argentina, que permitió recoger varios testimonios sobre el destino y último paradero de varios uruguayos desaparecidos en ese país. Este informe presentaría la primera cifra oficial presentada por algún organismo del Estado, en el que se contabilizaban 165 personas ausentes, de las cuales 32 fueron desaparecidas en territorio nacional, mientras que la mayoría, 127 casos, fueron en Argentina, en el marco del plan de asistencia mutua de las dictaduras del Cono Sur. Asimismo, se contabilizaron otros tres casos en Chile y dos en Paraguay.
Estos nombres fueron recogidos en el libro La desaparición forzada en Uruguay, una de las primeras publicaciones impulsadas por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Allí se relata cada una de las historias de vida, así como los últimos detalles conocidos entonces sobre el paradero de las víctimas.
Sobre esta época, Ignacio Errandonea, referente de la organización, relató a la diaria Verifica que las desapariciones “se fueron denunciando de a poco”. “En algunos casos no sabíamos que eran uruguayos”, recuerda, y señala que se comenzó a saber de casos con base en testimonios de los sobrevivientes de los llamados “pozos” [centros clandestinos de reclusión], donde se mencionaba a “algún uruguayo o uruguaya con determinadas características”. Por otra parte, señaló que hubo casos en los que no hubo reclamo de los familiares de la víctima, por lo que resultó “más difícil” obtener información.
En noviembre de 1986 se aprobaría la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que suspendería los procesos judiciales en contra de los represores. No obstante, el artículo 4° establecería como obligación del Poder Ejecutivo investigar las denuncias sobre “detenciones, desapariciones forzadas, y secuestro de menores ocurridas durante la última Dictadura Militar”, aunque con escaso cumplimiento.
En 1997, Serpaj publicó una lista en la que se elevó la cifra a más de 170, al contabilizar 33 desaparecidos en Uruguay y otros 140 en Argentina, Paraguay y Chile. Esta cifra fue finalmente ratificada por la Comisión para la Paz en su informe de 2003, que analizó las desapariciones forzadas en el marco del Plan Cóndor, aunque definió en 32 los casos ocurridos en territorio uruguayo.
Con la llegada del Frente Amplio al poder, en 2005, y mediante el acceso de investigadores al llamado “archivo Berrutti” –acervo en manos del Ministerio de Defensa Nacional, desclasificado por orden de la exministra Azucena Berrutti– se pudo establecer una cifra más precisa, así como aportar más elementos a las investigaciones en curso. Por tal motivo, en julio de 2015, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia informó que la cifra llegó a 192 casos, ratificación que se vio obligada a divulgar luego de trascendidos erróneos aparecidos en la prensa.
Hasta la semana pasada, la cifra oficial se ubicaba en 197 casos, número que fue actualizado a 205 luego de que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo anunciara la incorporación de ocho nombres. Se hallaron los restos de cinco de ellos (cuatro en Argentina y uno en El Salvador) y continúa la búsqueda activa de los otros tres.
La actualización se dio luego de haber iniciado la investigación de 326 casos, de los cuales 243 permanecen activos, mientras que 43 ya fueron aclarados y otros 40 fueron descartados por no cumplir con la condición de detención forzada en el marco del terrorismo de Estado. Asimismo, de los 243 casos activos, 162 corresponden a personas que ya integran la lista oficial de detenidos desaparecidos, mientras que 81 aún están bajo estudio.
Cifra en permanente revisión
En conversación con la diaria Verifica, la investigadora Fabiana Larrobla, excoordinadora del Equipo de Investigación Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, explicó que el actual registro de 205 casos aún presenta zonas grises, expedientes en revisión y nuevas categorías que podrían incorporarse, por lo que la cifra oficial podría seguir creciendo.
Larrobla señaló que una de las principales dificultades radica en cómo se construyeron las primeras denuncias durante los años posteriores a las dictaduras. “En el momento aluvional de las denuncias se pusieron muchísimos nombres”, explicó. Algunas de esas personas quedaron fuera de los registros porque no tenían militancia política ni familiares que impulsaran denuncias formales.
La investigadora indicó que muchos uruguayos desaparecidos en Argentina fueron secuestrados en allanamientos masivos o pensiones y no integraban organizaciones políticas. “Había mucha gente que fue desaparecida en los allanamientos y que, por lo tanto, no había quién los denunciara”, afirmó, y añadió que, en varios casos, las familias “tenían mucho miedo” o incluso desconocían que se tratara de desapariciones forzadas.
Ese escenario obligó a revisar permanentemente los criterios utilizados para integrar las listas oficiales. Larrobla sostuvo que el fenómeno de la desaparición forzada “no solamente” afectó a militantes políticos, aunque ese haya sido el núcleo principal de la represión. “El tema es cuándo consideramos que una persona es desaparecida”, señaló.
La excoordinadora recordó además que hubo casos de militantes muertos en enfrentamientos cuyos cuerpos nunca fueron entregados ni sus fallecimientos comunicados oficialmente. Por esa razón, varios nombres pasaron de la categoría de asesinados políticos a la de detenidos desaparecidos. “El conocimiento de la muerte por parte de la familia no implica que la persona no haya estado desaparecida”, afirmó.
Asimismo, Larrobla explicó que tampoco se elimina de las listas a quienes posteriormente fueron identificados o cuyos restos aparecieron. A su entender, hacerlo implicaría “perder la dimensión de la desaparición” como práctica sistemática de los estados represivos. “Eso es armar un puzle”, resumió Larrobla, quien sostuvo que para avanzar se necesita tanto investigación internacional como una “decisión política” sobre cómo clasificar esos casos.
La historiadora también planteó incorporar al registro oficial los 31 cuerpos “NN” hallados en las costas uruguayas tras los “vuelos de la muerte”. Según explicó, aunque esas víctimas fueron asesinadas en Argentina, el Estado uruguayo impulsó una serie de acciones burocráticas para ocultar la identidad antes de los enterramientos. “Hay una segunda desaparición ahí, de la que es responsable el Estado uruguayo”, afirmó.
Para Larrobla, las listas nunca podrán considerarse definitivas. “Mucho menos la de desaparición forzada”, concluyó, debido tanto a la dinámica represiva del terrorismo de Estado como a las dificultades históricas para reconstruir los casos.
