El proyecto Neptuno o Arazatí, que nace de la propuesta del Consorcio Aguas de Montevideo –compuesto por las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast– y plantea la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua para la zona metropolitana, continúa su tratamiento dentro de la esfera técnica del Ministerio de Ambiente (MA). En agosto de 2023, OSE adjudicó al conglomerado de compañías la iniciativa que pretende construir en la zona de Arazatí, departamento de San José, una nueva toma de agua bruta en el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una laguna artificial que oficiaría como una reserva de agua dulce, una estación de bombeo, una tubería que atraviesa, entre otros lugares, el área protegida Humedales de Santa Lucía y un monorrelleno donde se dispondrán los lodos producto del tratamiento.
En paralelo, el mismo mes, la empresa estatal presentó el Informe de Viabilidad Ambiental de Localización ante la cartera ambiental. De esta forma, el MA catalogó el proyecto como “C”, que incluye a las “actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Esto quiere decir que para conseguir el permiso, además de este informe que presentó en agosto, OSE debía elaborar un estudio de impacto ambiental y solicitar la Autorización Ambiental Previa. A su vez, el MA está obligado a realizar una puesta de manifiesto del estudio para recibir comentarios de la ciudadanía y también debe convocar audiencias públicas, según determina el decreto 349/005.
De esta forma, el 3 de enero, las empresas enviaron una misiva al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, informando que entregaban la solicitud de Autorización Ambiental Previa y el Estudio de Impacto Ambiental. Los documentos, que están disponibles en el Observatorio Ambiental Nacional, son extensos. El Estudio de Impacto Ambiental tiene dos tomos: el primero de 823 páginas –incluido su anexo– y el segundo de 1.151 páginas –incluidos sus dos anexos–. Los titulares contrataron a las consultoras CSI Ingenieros SA y Seinco SRL para su realización. En esta nota profundizaremos sólo en algunos puntos que se tratan allí.
¿En nombre del cambio climático?
El documento comienza indicando que el proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tienen como cometido “poner fin a la pobreza y proteger el planeta”. Hacen hincapié en el objetivo que busca garantizar el “agua limpia y saneamiento” y el objetivo que pretende promover la “acción por el clima”. Dicen que el proyecto Neptuno o Arazatí “contribuye al cumplimiento” de “la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles” y a “fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países”.
Parece pertinente recordar que científicos del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias elaboraron un informe a pedido de OSE donde se advirtió que es esperable el registro de “eventos de salinidad extendidos por encima del umbral” de potabilidad en la zona de Arazatí. También que un grupo de 12 investigadores e investigadoras del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales hicieron público un manifiesto donde brindaron recomendaciones para mejorar la gestión de los recursos hídricos del país, incluida la cuenca del río Santa Lucía que abastece la zona metropolitana, pero aún no ha sido tenido en cuenta. En la misiva, si bien se reconocía la necesidad de diversificar las fuentes hídricas, se alertaba sobre los peligros de continuar con el proyecto Neptuno o Arazatí.
Calidad del agua
En el Estudio de Impacto Ambiental, las consultoras señalan que “para determinar la calidad de agua bruta en la zona del proyecto se realizó un análisis estadístico de valores determinados para los principales parámetros de calidad del Río de la Plata, correspondientes a la serie disponible de información proporcionada por OSE de muestras tomadas en la zona de Arazatí en el período mayo 2003-abril 2005”. “Estos rangos de valores expuesto[s] son consistentes con los resultantes del análisis general de calidad de agua en el Río de la Plata y de la información resultante de monitoreo continuo en sonda multiparámetro instalada en el punto de captación y muestreos realizados para el período junio 2021 hasta agosto de 2023”, concluyen en el primer tomo.
En el segundo tomo, continúan con la temática. Mencionan que “tomaron muestras de agua para evaluar diversos parámetros de calidad y fisicoquímicos en un sitio” que se encuentra “frente a la ubicación proyectada para la obra de toma”. No brindan la información específica, por ejemplo, de la cantidad de muestras que tomaron y los análisis que realizaron posteriormente. De todas formas, expresan que los resultados de ciertos parámetros, como el pH, “fueron aceptables”. Sin embargo, indican que a “una profundidad media” de tres metros en el sitio, el fósforo total “registró todos los resultados como no aceptables”, así como “para el zinc en diciembre de 2022”. Por otra parte, también detectaron el herbicida atrazina, que si bien “no se halla dentro del alcance del decreto 253/79, la propuesta de modificación del Grupo Gesta Agua postuló un valor límite de 1,8 µg/L” y “los valores registrados cumplen con este estándar propuesto”, dice el estudio de impacto ambiental.
A lo largo del documento mencionan diferentes investigaciones que han encontrado contaminantes en el Río de la Plata. Por ejemplo, en una de ellas se detectó la presencia de microplásticos en el tracto digestivo de la corvina (Micropogonias furnieri), definida como la “principal especie objetivo de las flotas artesanales e industriales” de Argentina y Uruguay. “Analizando el tracto digestivo de 65 ejemplares de corvina [se] encontró que el 80% de los individuos analizados había ingerido desechos plásticos, donde los microplásticos representaron el 85% del total, siendo predominantes las fracciones menores a 2 mm”, describen. Cabe resaltar que esta información fue añadida a pedido del MA. En los términos de referencia para la elaboración del estudio se señalaba que “resulta pertinente disponer de una caracterización general de la calidad de agua en las inmediaciones del sitio donde se ubicará la toma de agua para todos aquellos parámetros contemplados en la normativa aplicable (decreto 253/979), así como también en relación a contaminantes emergentes, fármacos, microplásticos, biocidas y otros parámetros no contemplados –por razones de temporalidad– en aquella normativa”. De hecho, la cartera les pidió a las empresas que profundizaran sobre diferentes aspectos, como los impactos que producirá la tubería abductora en el área protegida Humedales de Santa Lucía.
¡Bloom!
Este apartado del artículo debería comenzar con los resultados que obtuvieron las consultoras en los análisis vinculados a la clorofila-a, que es un indicador de biomasa fitoplanctónica y sirve para detectar floraciones algales mediante imágenes satelitales, pero han pasado por alto una situación alarmante. En el estudio se reconoce que “los bloom cianobacterianos se han incrementado a escala global debido a variaciones en las condiciones hidrológicas e hidrodinámicas de la cuenca, las actividades humanas y el cambio climático” y que “los sistemas de abastecimiento de agua potable son más sensibles a las características de la comunidad fitoplanctónica, debido fundamentalmente a la presencia de especies potencialmente tóxicas capaces de desarrollar floraciones algales nocivas”. También mencionan que las floraciones algales producen “alteración del sabor y del olor del agua potable de consumo, vinculadas a compuestos químicos volátiles producidos por cianobacterias y otros microorganismos que presentan un olor similar a la humedad y en general de una baja toxicidad para el ser humano”.
Sin embargo, enseguida de este último enunciado del Estudio de Impacto Ambiental, se agrega que “en las aguas de la costa uruguaya del Río de la Plata la principal vía de exposición es por contacto directo o la ingesta accidental durante baños de recreación, aunque no se han registrado eventos graves de intoxicación por cianotoxinas”. Este punto no es cierto: una investigación de 2017 arrojó pruebas de que una bebé de veinte meses tuvo daños irreparables en el hígado, al punto que debió ser trasplantada, por la exposición a algas tóxicas en las playas Carrasco y Malvín de Montevideo. Los científicos encontraron la presencia de microcistina LR –toxina de las cianobacterias– en el hígado de la bebé que, luego del trasplante, fue dada de alta.
Luego, en el informe, suman que: “respecto al contacto directo por recreación, desde hace relativamente poco tiempo, en el marco de la Red de Monitoreos de Playas, el Ministerio de Ambiente y las intendencias trabajan en el desarrollo de medidas que permitan a los usuarios de las playas conocer si las mismas son seguras para baño y disfrute. Entre ellas se incluye la colocación de la bandera sanitaria (bandera roja con cruz verde en el centro) como herramienta para advertir a la población sobre riesgos sanitarios en playas”.
Las consultoras plantean que “el análisis de serie de 24 meses de fluorescencia a la clorofila-a, permitió definir un 97,3% del tiempo con valores de clorofila-a equivalente inferiores a 50 µg/L correspondientes a aguas satisfactorias a excelentes según Gesta Agua, y menos de un 2,7% del período (correspondiente a un evento de duración aproximada de 30 días) con valores no satisfactorios del parámetro con máximo de 130 µg/L de clorofila-a equivalente”. Resaltan que “es factible la ocurrencia de episodios de floraciones algales con valores máximos registrados en la zona de captación de 4.000 cel/mL [densidad celular promedio]”. Describen que los eventos de floraciones suelen “tener mayor ocurrencia durante períodos cálidos”. Esto resulta clave porque el proyecto nace para complementar el abastecimiento que brinda la planta potabilizadora de Aguas Corrientes a la zona metropolitana, que sufre mayor presión durante los meses cálidos y en épocas de sequía. Por otra parte, una investigación publicada en 2023 en la revista arbitrada Estuarine, Coastal and Shelf Science, cuyos resultados adelantamos en estas páginas, determinó que en la zona de Arazatí las floraciones se dieron en todos los meses de 2021 .
¿Cuál es la solución que se propone frente a la problemática de las cianobacterias? Según el documento, la implementación de “ozono en posición de interoxidación”. “El líquido clarificado es conducido a esta etapa que permite la inactivación de fitoplancton en general y cianobacterias en particular y la oxidación de cianobacterias (intra y extracelulares), metabolitos generadores de olor y sabor y [...] la oxidación/simplificación de moléculas de materia orgánica disuelta”, explican. Este punto, seguramente, generará diferentes lecturas.
Aquí tal vez sea necesaria una aclaración: estos problemas que ocasionaría tomar agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, donde “es factible la ocurrencia de episodios de floraciones algales”, no son un impacto ambiental de la planta a construirse, sino un impacto posible a la seguridad sanitaria del agua que luego sería enviada a la población. Tal vez el Ministerio de Salud Pública pueda decir algo a este respecto. Más adelante sí el estudio se centra en las afectaciones al ambiente que tendría la instalación de la planta en la costa de San José.
El análisis de los impactos
En el Estudio de Impacto Ambiental las consultoras sistematizaron los impactos ambientales con el objetivo de “evaluar la potencialidad de interacción con el ambiente”. Detectaron un total de 143 impactos que se distribuyen en la fase de construcción y operación de las diferentes obras y estructuras del proyecto. 54 son “impactos potencialmente negativos significativos que necesitan una evaluación específica”; 40 son “impactos potencialmente negativos que pueden ser eliminados o minimizados mediante la implementación de prácticas ambientales conocidas y que no demandan proyectos o estudios de ingeniería específicos”; y 49 son “impactos potencialmente no negativos”. Gran parte de estos impactos fueron adelantados en el Informe de Viabilidad Ambiental de Localización. En el nuevo estudio profundizaron sobre algunos de ellos y evaluaron la “intensidad” y “probabilidad” de que ocurran.
Por ejemplo, uno de los impactos consiste en que “las actividades de remoción de cobertura vegetal, así como la circulación de maquinaria y presencia de personal en las zonas de obras para la construcción de los distintos componentes de proyecto y estructuras auxiliares de obra, implican la potencial alteración del hábitat, lo que podría provocar ahuyentamiento y eliminación de individuos que componen la fauna del lugar”. Indican que a partir de un relevamiento de los “registros existentes y las áreas de distribución de las especies conocidas”, identificaron “41 especies con problemas de conservación potencialmente presentes en la zona de influencia” y que “se destacan 20 que pueden considerarse sensibles al proyecto, dado el tipo de ambiente que utilizan y las zonas que van a ser intervenidas”.
Una de ellas es el tucu-tucu (Ctenomys pearsoni), que está catalogada como casi amenazada a nivel global y fue registrada en la playa de Arazatí. “El riesgo para estas consiste en que suelen utilizar cuevas como madrigueras, que si se encuentran en la zona a ser intervenida, podrían ser destruidas”, dice el estudio. Como medida de mitigación, generarán una planificación de las actividades para “minimizar los impactos producidos sobre la biota, por ejemplo, se recomienda realizar los trabajos en zonas costeras, de bosque ribereño y pastizales inundables o bañado, fuera de la estación cálida, época donde se reproducen la mayor parte de aves y mamíferos, ya que sería conveniente para evitar perturbar especies con huevos o crías en sus refugios o nidos”. Este tipo de impactos fueron considerados como de “significancia media”.
Por otro lado, otro de los impactos radica en que “los usos del río en la zona de Arazatí son recreativos, de baños y deportes náuticos y pesca artesanal”. A partir de un recorrido, las empresas consultoras observaron que “el área a intervenir para la construcción de la obra de toma [...] no tiene una bajada de acceso a la playa definida ni habilitada, tampoco se identifican trillos de acceso. La senda de paso existente, no es de acceso público, por lo que el acceso a la zona es directamente por playa desde alguna otra bajada”. En el mismo sentido, dicen que “el sitio más próximo a la obra de toma” se ubica a 1,7 kilómetros y “consiste en una zona de playa utilizada por pocas personas, principalmente residentes de la zona ya que no cuenta con infraestructura de acceso”. Plantean que los accesos a la playa no se van a ver afectados por las obras y consideran que “el impacto sobre los usos de la playa y la costa y del Río de la Plata como consecuencia de la instalación de la obra de toma es de significancia baja”. A su vez, las empresas están realizando un “relevamiento de percepción social” y no descartan “elaborar un adecuado Plan de Comunicación, que incluya los responsables y referentes de las obras, a quienes puedan dirigirse en caso de dudas, reclamos o sugerencias”.