Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hace menos de dos meses estaba previsto que ayer se realizaran las elecciones departamentales. Hoy aquel momento parece muy lejano y, como sabemos, los comicios se postergaron para el 27 de setiembre debido a la emergencia sanitaria, pero eso no significa que hayan cesado las pujas entre partidos o, en un sentido más amplio, los conflictos políticos que atraviesan la sociedad.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos no podrá convocar el miércoles 20 de este mes a su tradicional marcha por 18 de Julio, y solicitó la cadena nacional para dirigir un mensaje a la población. El presidente Luis Lacalle Pou respondió el sábado con una negativa, como se esperaba que lo hiciera desde que, ante una solicitud similar del PIT-CNT para el Día Internacional de los Trabajadores, adelantó que reservará el uso de la cadena para “necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno”.
Sería esclarecedor que se explicara por qué la cuestión de los desaparecidos, y en general los asuntos pendientes del terrorismo de Estado, no se consideran una necesidad de carácter nacional, ni se entiende que involucren a las instituciones de gobierno, ya que hay organismos estatales dedicados específicamente a esos temas. Además, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó que la búsqueda de los “restos de los uruguayos, compatriotas desaparecidos, nos compromete en lo profundo del alma”, que es “un tema que tiene que convocarnos”, y que eso ocurre con él, con el gobierno y con el presidente de la República.
Familiares tiene, lamentablemente, una larga experiencia de que se le niegue colaboración desde el Estado. Las bases de su arraigo están en otra parte.
La puja entre la “coalición multicolor” y la oposición frenteamplista se manifiesta incluso en el terreno de las políticas sociales para la actual emergencia. En la entrevista que publicamos hoy con el director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli, el jerarca reitera cuestionamientos directos e indirectos a la conducción anterior de ese organismo, y desliza que en algunos casos la creación de ollas populares puede haber tenido “una intencionalidad política”.
Sin embargo, algunas de las tensiones entre partidos más interesantes se dan dentro del oficialismo. Cabildo Abierto sigue considerando la posibilidad de interpelar a Azucena Arbeleche y Luis Alberto Heber, y mantiene, al igual que el Partido Colorado, diferencias sobre varios puntos del proyecto de ley de urgente consideración. Además, entre quienes no consideran conveniente aumentar las penas para menores de 18 años está la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Por último, un conflicto interno relevante –pero soterrado– dentro del Partido Nacional es el que expresó, en una nota de opinión publicada por El País, Ignacio de Posadas, ministro de Economía en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y figura de peso en la vieja guardia herrerista. De Posadas afirmó que Lacalle Pou aceptó mantener los Consejos de Salarios porque fue “embretado” por el PIT-CNT.
Hasta mañana.