A pesar de que hubo otros acontecimientos del ciclo electoral 2024-2025, como el lanzamiento de la campaña del colorado Tabaré Viera y el anuncio del Frente Amplio de que buscará, como en 2004, convertir su votación de las elecciones internas en una demostración de fuerza, el protagonista de la semana fue el precandidato frenteamplista y reciente intendente canario, Yamandú Orsi, debido a una denuncia en su contra presentada por una trabajadora sexual trans.
El asunto fue cobrando intensidad desde que el fin de semana pasado empezó a circular un video de la mediática nacionalista Romina Celeste Papasso que anunciaba el caso. Ante su repercusión en redes sociales y algunos portales, Orsi debió pronunciarse sobre el tema el domingo (negó las versiones), y luego convocó a una conferencia de prensa el martes, en la que reafirmó su voluntad de ser candidato. El miércoles la presunta víctima –que acusa al exintendente de haberla golpeado tras mantener un encuentro– presentó finalmente su denuncia.
Las particularidades del caso –el involucramiento de Papasso, el hecho de que se recurre a la Justicia casi diez años después de los hechos denunciados y el dato de que el acusado es el precandidato con mayor ventaja para convertirse en presidente, según las encuestas anteriores a la denuncia– vuelven muy difícil separarlo de un hecho de campaña. En ese sentido corrieron las declaraciones de Orsi, quien no presentará una contradenuncia, y las de otras altas dirigencias frentistas. De hecho, figuras de otros partidos también vinculan el episodio a la contienda electoral.
Sin embargo, una cosa son las declaraciones de los caudillos y otra el comportamiento de la militancia virtual: desde el domingo de la semana pasada corren rumores y versiones sobre el caso que apuntan claramente a impedir la postulación de Orsi, en muchos casos desde cuentas pertenecientes a trolls, y en otros desde cuentas identificables con sectores gobernantes.
El viernes, la denunciante de Orsi amplió en los medios su versión de los hechos, en tanto el sindicato de trabajadoras sexuales buscaba contactarla para interiorizarse del caso y para –como la mayoría de los que nos interesamos en la política uruguaya– tratar de entender qué móviles puede haber en la acusación.
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