Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El gobierno modificará el artículo del proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que habilita el pedido de libertad anticipada para personas condenadas por delitos de lesa humanidad. La decisión fue trasladada este lunes por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, durante una reunión en la Torre Ejecutiva con referentes de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de ex presos políticos Crysol, según supo la diaria. Una fuente del Poder Ejecutivo señaló a este medio que, conjuntamente con la bancada del Frente Amplio, se definió trabajar en una “redacción alternativa” que aclare que los delitos de lesa humanidad y los cometidos durante el terrorismo de Estado quedarán excluidos de este beneficio.
“Se van a tener en cuenta esas salvedades para que no sean beneficiados los represores”, sintetizó a la diaria José Pedro Olivera, de Crysol, quien aseguró además que Díaz “dio la seguridad” de que las organizaciones van a ser consultadas para la resolución definitiva. Por su parte, Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares, dijo que quedaron “conformes”, aunque advirtió que las acciones que “no son bien calculadas” y que luego “hay que salir a aclararlas” generan conmoción “en mucha gente, sobre todo, en familiares de detenidos desaparecidos”.
La reforma del CPP, y particularmente este artículo que propone habilitar el pedido de libertad anticipada por parte de las personas privadas de libertad con sentencia firme, también estuvo en la agenda penitenciaria. En concreto, en declaraciones que hizo la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, en respuesta al senador colorado Pedro Bordaberry, que la semana pasada dijo que el ministro del Interior, Carlos Negro, “ha reconocido que en su Plan de Seguridad y en la reforma del CPP está planteando liberar a personas privadas de libertad”.
Consultada por Canal 5, Juanche señaló que “los homicidios son menos del 10% y los delitos sexuales son menos del 6%”, por lo que “tampoco es una cuestión que va a engrosar muchísimo el escenario de posibles libertades”. En esa línea, consideró que el posible cambio “va a mover la aguja”, ya que “el 15% de 17.000 personas es mucha gente, son más de 2.000 personas”. Más tarde, en diálogo con la diaria, la jerarca aclaró que en esa mención al 15% “falta un razonamiento que es complementario, que es que en realidad no todas esas personas, por ejemplo, al día de hoy, estarían en condiciones de ser liberadas”. Por lo tanto, puntualizó que, si hoy en día estuviera vigente la reforma del CPP, no serían 2.000 personas, sino “menos de 400”.
Otra noticia judicial de esta edición incluye una actualización del caso de Moisés Martínez, condenado a 12 años de prisión por matar a su padre tras una vida de violencia y abusos, que ahora toma otro giro al asumir una nueva defensa “colectiva” y con formación en perspectiva de género.
Además, en Salud, los detalles de la ley de endometriosis, que se reglamentó este lunes; y, en Feminismos, los entretelones del proyecto de ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes frente a la Violencia, que empezó a tratarse en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados.
Hasta mañana.