El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, firmó este jueves la aprobación ambiental del proyecto urbanístico + Colonia, que se prevé desarrollar en el ingreso a Colonia del Sacramento, en la zona de la playa El Calabrés. En efecto, + Colonia proyecta la expansión de la ciudad en un predio de 511 hectáreas, con un frente costero de siete kilómetros sobre el Río de la Plata, ubicado entre la playa Ferrando y el aeropuerto Laguna de los Patos. Los promotores de esta iniciativa, que en 2021 iniciaron los trámites de aprobación en la Intendencia de Colonia, primero, y después en el Ministerio de Ambiente (MA), son Carlos Bastitta, propietario de la tierra, y su hijo Eduardo, quienes se asociaron con desarrolladores inmobiliarios, arquitectos y urbanistas de Uruguay y Argentina.
Esa iniciativa ha sido vista con buenos ojos por las actuales autoridades de la comuna coloniense y del gobierno nacional. En mayo del año pasado, al ser analizado por la Junta Departamental de Colonia, ediles blancos y colorados aprobaron el desarrollo del proyecto + Colonia, mientras que los integrantes de la bancada del Frente Amplio mostraron posturas divergentes al respecto pero, tras un acuerdo interno y acatar “la disciplina partidaria”, votaron en bloque en contra.
Con el aval de la comuna y la junta coloniense a cuestas, la aprobación del proyecto inmobiliario comenzó a tramitarse en el Ministerio de Ambiente a mediados de 2022 y finalmente se obtuvo el jueves 29. Bouvier firmó la autorización ambiental definitiva de este proyecto, y “ahora restan las aprobaciones de los planos de las obras de edificios que debe otorgar la intendencia, y eso es algo que está muy adelantado”, explicó a la diaria el director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Colonia, Martín Avelino.
Fuentes del consorcio empresarial que está a cargo de ese desarrollo urbanístico dijeron a la diaria que en julio se realizará “la ceremonia con el corte oficial de la cinta de inaguración” y “el inicio de las obras”.
Para Avelino, la ejecución de ese proyecto implica “un gran desafío y una oportunidad para el departamento de Colonia”, porque “será la primera ciudad tecnológica de América Latina” y “potenciará mucho todos los atributos que tiene Colonia del Sacramento como ciudad patrimonial y turística”. Los recursos económicos que ingresarán a la comuna coloniense en forma de tributos en el desarrollo de esas obras “permitirán hacer grandes cosas, como el desafío social de llevar adelante el realojo de la villa Las Malvinas”, el asentamiento irregular más populoso de ese departamento, ubicado a pocas cuadras del puerto coloniense. “Es una zona de la ciudad que hoy está un poco abandonada y en la cual podrá iniciarse un cambio radical”, añadió el funcionario.
Previsiones
En mayo, la bancada frenteamplista presentó al intendente de Colonia, Carlos Moreira, una solicitud para promover “instancias participativas” de la sociedad con respecto al proyecto + Colonia. Según explicó la edila Marita González a la diaria, “si bien el proyecto es ambicioso y puede ser muy enriquecedor para el departamento, es importante saber qué opina la gente”. En la solicitud presentada, la bancada opositora establece que “un proyecto de esta magnitud merece un intercambio participativo entre las autoridades del gobierno departamental y organismos públicos involucrados, con las organizaciones de la sociedad civil coloniense y vecinos”. “En estas circunstancias, creemos conveniente realizar audiencias públicas para que la concreción del proyecto examine todas las posturas y su implantación sea más amigable”, expresa el documento.
En tanto, el referente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Afines (Sunca) en el departamento de Colonia, Gustavo Robatti, también cree que la puesta en marcha del proyecto + Colonia amerita “instalar una mesa de diálogo social para analizar y prever los posibles impactos”.
En entrevista con la diaria, el dirigente de la construcción recordó los efectos que tuvo la construcción de la fábrica de celulosa de Montes del Plata en Conchillas, y se remontó a la década de 1980, cuando se manejó la posibilidad de construir un puente entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires. “Cuando se anunció la construcción de ese puente vino gente de todos lados a Colonia y se instaló como pudo, y muchos de ellos quedaron acampando a la vuelta, incluso creando asentamientos irregulares”. “Si no se trabaja en serio, si no se toman medidas y no se instala una mesa de diálogo social en la cual estén representados organismos de gobierno, empresarios, trabajadores, fuerzas vivas, la llegada masiva de personas en busca de trabajo podrá generar un descontrol desde todo punto de vista, porque estamos hablando de un proyecto que apunta a duplicar la población de Colonia del Sacramento”, advirtió el referente del gremio de la construcción.
Realojos pendientes
Las directrices de ordenamiento territorial del departamento de Colonia establecen que la ejecución de nuevos proyectos o emprendimientos en suelo categorizado primariamente como suburbano deben abonar una contraprestación a la administración municipal. Ese monto se calcula a través de una ecuación, en la que intervienen la cantidad de hectáreas, los valores iniciales del suelo (en este caso antes del cambio de categoría que requirió + Colonia), el valor final del suelo fraccionable y los costos de urbanización. Ese cálculo arroja que el proyecto + Colonia deberá abonar, en diversas partidas, algo más de dos millones de dólares a la Intendencia de Colonia, según se establece en el acuerdo firmado entre las partes y que fue refrendado por la Junta Departamental.
Ese dinero será vertido a un Fondo de Gestión Territorial que, entre otras cosas, prevé la compra de cartera de tierras para la realización de realojos de viviendas que se encuentran en zonas inundables, explicó Avelino.
Además, la Intendencia reclamará el pago por concepto de mayor aprovechamiento a los permisos de construcción cuya altura supere los 15 metros. Asimismo, como garantía de ejecución del proyecto los desarrolladores hipotecarán a favor de la comuna dos padrones urbanos de su propiedad.
También se estableció que los desarrolladores tendrán dos años para iniciar la ejecución de las obras de infraestructuras primarias. En caso de incumplimiento, la Intendencia podrá obligar a la ejecución de la convención o pedir la resolución con daños y perjuicios. En caso que la empresa optase por suspender el proyecto, quedarán sin efecto las condicionantes urbanísticas aprobadas en el contrato, lo cual evitaría que los terrenos que componen esa zona de Colonia del Sacramento sean fraccionados y vendidos en forma individual, algo que siempre han temido varios detractores de este proyecto de desarrollo urbanístico.