El capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) regula al Consejo de Formación en Educación (CFE), que se ubica dentro del ente. Durante el último gobierno del Frente Amplio se trabajó en una propuesta de modificación, que, entre otras cosas, preveía que la antigüedad deje de ser la principal causal de aumento de grado y que este pase a darse por concurso.
El proceso contó con la participación de distintos actores del colectivo docente del CFE y fue aprobado finalmente por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP en 2019, lo que implicó una nueva estructura de cargos docentes. A pocos meses de haber asumido el actual gobierno, el CFE solicitó al Codicen que deje en suspenso la resolución.
Según recuerda una declaración publicada por la actual consejera docente en el CFE, Nirian Carbajal, la resolución de 2020 fundamentó que el pedido se basaba en la necesidad de “profundizar la reestructura académica de manera de hacerla adecuada y funcional a la estructura universitaria que se proyecta”. Para ello, se consideraba necesario “definir con mayor precisión los perfiles de cargos, los departamentos académicos y las comisiones evaluadoras de los grados superiores”.
Además, la consejera señala que, de acuerdo a la resolución, se proponía discutir los capítulos XIV y XV -que habla de disposiciones transitorias- del estatuto de forma articulada, y se establecía que antes de aprobar nuevos planes hubiera una nueva estructura de cargos con el objetivo de “salvaguardar los derechos de los docentes”. “Buenas intenciones parecían esgrimirse en lo afirmado hasta que los hechos empiezan a dar las evidencias de la desinstitucionalización de la formación en educación con el consiguiente desmantelamiento de las estructuras académicas”, lamentó Carbajal.
La declaración lista una serie de medidas tomadas por las autoridades políticas del CFE y también por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Entre las medidas que tienen como protagonista al ministerio se nombran las “modificaciones en la institucionalidad de la Formación en Educación a través del Programa de Fortalecimiento de la Formación en Educación” definido en la Ley de Urgente Consideración. Según la consejera docente, ello le dio un “lugar preponderante” al MEC y le permitió intervenir en la formación de los educadores.
También se habla de la aprobación del mecanismo de reconocimiento de título universitario realizada por el MEC, sobre el que distintos colectivos docentes del CFE han reclamado la inconstitucionalidad.
Entre las medidas que tomó el propio CFE, Carbajal nombra “el cese de las coordinaciones e institutos académicos” que se concretó en febrero de 2022 y dejó “acéfala la organización nacional de los departamentos académicos” desde entonces. En esa línea, también se cuestiona la designación de “dinamizadores” en forma directa y “sin seguir un orden escalafonario” para trabajar en la aplicación de los cambios curriculares. Precisamente, también se cuestiona la aprobación de los nuevos planes, por haberse realizado “en tiempo récord, con ejes temáticos sin coherencia epistemológica, bibliografías desactualizadas y metodologías homogéneas, sin considerar especificidades”.
Otra de las políticas mencionadas es el nombramiento de mentores en 2023 y 2024, un rol de acompañamiento a docentes que trabajan en los primeros años de los nuevos planes. La consejera también incluye el nombramiento “de 41 tutores en el curso La didáctica y la práctica como eje vertebrador identitario de la profesión docente”.
Por su parte, se afirma que sistemáticamente se han afectado los derechos de los docentes efectivos en el organismo y se cuestiona la creación de las Unidades Horarias de Desempeño Docente. Según se amplía, estas parten de “una mirada puramente funcionalista que habilita a incorporar múltiples saberes, rompiendo las fronteras de las secciones y subsecciones de los departamentos académicos”, que, al mismo tiempo, “intensifica las tareas administrativas y disminuye los tiempos para el desarrollo de funciones tales como la docencia, la investigación, la extensión y la formación”.
En adición, la representante de los docentes cuestiona un reciente llamado a aspiraciones para actualizar los listados que ya tienen varios años. Si bien señala que comparte la necesidad de su realización, en otra declaración cuestiona la forma en que fueron aplicados y afirma que el llamado “no tiene brújula”, justamente porque se realiza “sin los referentes académicos de las distintas carreras y especialidades”, con decisiones tomadas “de modo unilateral”.
Por todo ello, la consejera afirma que los motivos que en su momento se dieron para suspender el capítulo XIV “no se cumplieron en ninguno de sus términos”. Ello se da, además, en un momento en el que el CFE comenzó a avanzar en la aprobación de un nuevo texto para el mencionado capítulo. En concreto, la declaración informa que en su sesión del 13 de agosto se presentó el documento “Borrador de trabajo - Sugerencias para el capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente: Formación, Perfeccionamiento y Estudios Superiores en Educación”. La consejera no tiene conocimiento de cómo fue el proceso de elaboración y se pregunta “en qué ámbito se construyó el borrador”, ya que “difiere de las versiones que fueron discutidas en espacios de trabajo con representación de los colectivos” años atrás.
Carbajal plantea que el borrador merece un análisis en profundidad “desde el punto de vista normativo jurídico para determinar la legalidad y legitimidad” de las modificaciones propuestas por el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo. Además, la consejera afirma que una propuesta de este tipo debe pasar por negociación colectiva y tiene que ser considerado por la Asamblea Técnico Docente (ATD). Por su parte, señala que tanto la consejería docente, la ATD y el sindicato apoyan lo acordado en 2019.
Los mencionados colectivos defienden la creación de una universidad de la educación autónoma y cogobernada y, en ese sentido, Carbajal afirma que “la institucionalidad universitaria se construye sobre estructuras académicas que tienen como funciones principales la enseñanza, la investigación y la extensión” y “no se sostiene sobre decisiones impuestas por los gobiernos de turno”. “Una institucionalidad universitaria se construye desde el consenso con los órdenes docentes y estudiantiles, no desde su desconocimiento ni de su negación como actores fundamentales”, concluye la declaración.