A iniciativa de su actual presidenta, Mariana Mota, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) volvió a considerar la difusión del podcast El golpe a la educación, lo que había sido descartado en 2024, cuando el órgano tenía otra integración. En ese momento, cuatro de los cinco directores de la INDDHH consideraron que el primer episodio del podcast, dedicado a contar sobre la escalada de medidas autoritarias del gobierno de la época en los años previos al golpe, no era fiel a la realidad y necesitaba de la incorporación de otras voces que hablaran del rol que jugó el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)-Tupamaros.
Por lo tanto, no dieron el aval de la institución para la difusión de ese capítulo. Desde la realización, liderada por Virginia Martínez como coordinadora del Sitio de Memoria (ex SID), entendieron que el podcast no podía difundirse sin su primer episodio. Ello hizo que el material, para el que se consultó a varios especialistas, además de a docentes y estudiantes de la época, no fuera difundido, hasta que este año fue subido de forma anónima a internet.
La resolución de 2024 generó rechazo en diversas organizaciones dedicadas al estudio de la historia y los derechos humanos, y también de la Asociación de Funcionarios de la INDDHH, que denunciaron censura del organismo. El tema siguió siendo planteado por el sindicato en instancias de negociación colectiva y, en ese marco, Mota volvió a llevar el tema al Consejo Directivo, que, si bien renovó a dos de sus integrantes –además de Mota, se integró Juan Miguel Petit–, mantiene a tres de los directores que en su momento votaron en contra de la difusión: Marcos Israel, Jimena Fernández y Carmen Rodríguez.
El tema se trató en la sesión del consejo del 7 de abril y la resolución volvió a ser la misma que dos años atrás; cuatro a uno, ya que solo Mota votó a favor de habilitar la difusión del podcast completo. De acuerdo con el acta de la sesión, a la que accedió la diaria, Mota argumentó que, además del compromiso de reconsiderar el tema surgido de la negociación colectiva con el sindicato, el otro motivo para el planteo es que “resulta extraño” que se pueda acceder al material completo en internet, cuando se trata de una producción del sitio de memoria de la institución.
En la sesión se intercambió sobre el contenido del primer capítulo del podcast, que se titula “68” y aborda el período que va de 1968 hasta el golpe de Estado. De acuerdo con el acta, en la misma línea que la resolución inicial, Petit consideró que no existen motivos para reconsiderar la resolución. Según valoró, se trata de “un producto muy descompensado” y hay “muchos académicos, políticos, expertos y docentes” que podrían hablar sobre el tema para “evitar una versión de un período que está totalmente empobrecido por el material que se presenta”.
Marcos Israel dijo que el podcast “es un trabajo de militancia” y “un relato partidario”, y rechazó 1968 como momento de “quiebre institucional”
El acta da cuenta de la argumentación de Marcos Israel, quien aseguró que publicar el podcast era “convalidarlo”, cuando su primer capítulo se trata de “un relato totalmente falaz” que “no es historia”. El director basa su argumentación en su experiencia personal, ya que “vivió su adolescencia cuando empezaron los tiros”, de acuerdo con el documento.
Como desde la producción del podcast se negaron a incorporar esas otras voces que desde su perspectiva hacen falta, Israel entendió que “la censura provino de ellos” y no del Consejo Directivo. El director también apuntó contra la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, que en un comunicado había manifestado que el podcast es una producción académica. “No se trata de un trabajo académico, es un trabajo de una militancia definida. Si se lo convalidaba, se estaba convalidando esa militancia. El trabajo no está bien realizado, genera confusión sobre la historia, además de ser un relato partidario”, afirma Israel, de acuerdo con lo que se establece en el acta de la sesión.
Según fundamentó, la INDDHH debe “defender la verdad histórica, especialmente cuando existió una pretensión de derribar la democracia por parte de una guerrilla que denigraba la democracia uruguaya llamándola despectivamente burguesa”. En ese sentido, planteó que la institución debe “defender la democracia liberal”, porque “la Declaración Universal de Derechos Humanos se votó en una ONU compuesta por menos de 60 países que en su mayoría eran democracias liberales”.
Pese a que el capítulo aludido en ningún momento establece tal afirmación, Israel señaló en el consejo que el podcast dice que entre 1968 y 1973 “existió una dictadura, cuando no es así”, y ello “genera confusión sobre lo que es la democracia”. “Había una democracia que estaba siendo atacada para derribarla y los centros educativos estaban siendo utilizados con fines de agitación política”, sostuvo al respecto.
Mota, por su parte, replicó que la difusión de lo que sucedió previo y durante la dictadura, en particular las graves violaciones de derechos humanos, fueron “negadas” por “la historia oficial”. “Se negó la apropiación de niños, la tortura, los desaparecidos”, completó. En ese sentido, recapituló que las distintas leyes reparatorias que se fueron sancionando en la posdictadura fueron ampliando su alcance, hasta que a partir de 2006 dichas normas reconocen “la existencia de dos períodos: uno que va de junio de 1968 a 1973, al que se denomina quiebre institucional, y otro que va de 1973 a 1985, que se denomina golpe de Estado, a partir de la disolución de las cámaras”.
La presidenta señaló que “existe registro documentado de asesinatos predictadura en unidades militares, de torturas, muertes y detenciones ilegítimas durante el quiebre institucional”. Además, sostuvo que abogados y cátedras de derechos humanos y derecho constitucional “dan por sentado que las medidas prontas de seguridad [aplicadas durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco] se dieron fuera de los límites constitucionales”. En ese sentido, Mota aseguró que las comisiones de sitios de memoria previstas por ley apuntan a la necesidad de la población “de saber la verdad de lo ocurrido”, para lo que es relevante “dar cabida a las voces de las víctimas, tanto en la historia oficial como en los relatos de las violaciones a los derechos humanos”.
De acuerdo con lo que establece el acta, Israel replicó que establecer el quiebre institucional en 1968 “es una cortina de humo, a través de la que se intenta tapar que en 1963 hubo un movimiento guerrillero” que “intentó derrocar la democracia”. “En los años 1968 y 1969 estaba claro que si ganaba una guerrilla, emergía la dictadura con el modelo cubano; pero no se sabía que, si no ganaba, también venía una dictadura”, sostuvo. En referencia al podcast, entendió que “hace referencia a esa cortina de humo y deja fuera al movimiento guerrillero”.
“Había un Parlamento que funcionaba normalmente, estaba todo dado, y eso era lo que querían derrocar. El quiebre institucional fue en febrero de 1973 cuando las Fuerzas Armadas desconocieron la autoridad de un ministro. Los principales actores de la izquierda, no todos, apoyaron esa actitud de las Fuerzas Armadas, creyendo que estaban inspiradas en una visión izquierdista”, planteó Israel, en referencia al denominado “febrero amargo”, cuyo uso político ha sido cuestionado desde la historia.
Durante la discusión sobre los programas de Historia en el marco de la transformación curricular del gobierno anterior, el docente e historiador Carlos Demasi había dicho a la diaria que responsabilizar a la guerrilla de las violaciones de los derechos humanos va en línea con una visión “negacionista” de lo ocurrido, bajo una línea argumental que “era clásica en la dictadura”.
Debate sobre la autonomía de las producciones de los sitios de memoria
Otro de los aspectos que se consideraron en la sesión fue la autonomía del sitio de memoria para la elaboración y difusión de sus propios materiales que apuntan a sembrar la memoria sobre lo ocurrido en dictadura y los años previos. Mota fue la única directora que consideró que el sitio tiene autonomía respecto del Consejo Directivo, mientras que sus otros cuatro integrantes entendieron que lo publicado desde dicho espacio se hace en nombre de la INDDHH.
Al respecto, la actual presidenta de la institución argumentó que el sitio de memoria es gestionado por una comisión en la que, además de la INDDHH, participan otros actores, como organizaciones de derechos humanos. Además, estableció que la ley de sitios de memoria en ningún momento mandata al Consejo Directivo de la INDDHH a controlar los contenidos de los sitios de memoria y, de hecho, el órgano desconoce la mayoría de los contenidos de los distintos sitios que existen. En relación con la forma de trabajo de dichos espacios, la presidenta planteó que “construyen dichos contenidos con las víctimas, la academia, organizaciones de sociedad civil” y otros organismos.
En tanto, Jimena Fernández replicó que el pliego del llamado para la coordinadora del sitio, Virginia Martínez, establece que su actuación depende directamente del Consejo Directivo de la INDDHH. Fernández afirmó que tiene “un gran respeto profesional” por Martínez y que en el caso del podcast simplemente existió “un desacuerdo”. Al respecto, Petit planteó que “es cierto que la mecánica es que los sitios tienen su autonomía, pero también la ley es muy clara en cuanto al rol de la institución como organismo referente”.
Se puede acceder al podcast El golpe a la educación y escuchar directamente los capítulos en este enlace.
