Después de semanas de movilización que encabezó la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, el Poder Ejecutivo incluyó a la educación como prioridad en la Rendición de Cuentas. Más allá de que existe una importante brecha en relación a lo solicitado con los principales entes del sector, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar), eso se tradujo en incrementos presupuestales concretos en el proyecto de ley que este martes el gobierno envió al Parlamento.
El incremento más importante será para la ANEP, que en 2027 recibirá 300 millones de pesos, 10% de lo que el organismo solicitó. De hecho, el pedido de recursos se aprobó en el Consejo Directivo Central únicamente con los votos de los consejeros políticos, ya que los consejeros docentes entendían que había que pedir el doble.
En concreto, el articulado plantea otorgar 110 millones de pesos para la ampliación del tiempo educativo en primaria y educación media (la ANEP había pedido 825 millones para ese fin). Además, otorga 35 millones de pesos para las acciones que está tomando el organismo con el objetivo de generalizar la educación terciaria y otros 25 millones de pesos para el Consejo de Formación en Educación y el programa de educación terciaria de UTU en el marco del plan de democratización de la educación superior. El organismo había solicitado 245 millones de pesos y 115 millones de pesos de incremento para ambos programas, respectivamente.
Otro de los incrementos anuales que recibirá la ANEP son 30 millones de pesos para el Centro de Recursos para Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista y para el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral en liceos y escuelas técnicas. El ente había solicitado 531 millones para esa línea. Además y por única vez en 2027, se propone una partida excepcional de 100 millones de pesos para “inversiones para el fortalecimiento de la infraestructura educativa con perspectiva inclusiva, atendiendo la diversidad de los estudiantes”.
En el caso de la Udelar, la institución solicitó un aumento de 3.900 millones de pesos para el año que viene. Sin embargo, el articulado remitido por el Poder Ejecutivo le asigna únicamente 100 millones de pesos dirigidos a becas estudiantiles. Según dijeron fuentes de la Udelar a la diaria, el ente valora que se hayan incluido incrementos en el actual contexto económico del país, pero se buscarán más recursos en la etapa de discusión parlamentaria, con el objetivo de poder atender también otros programas relevantes.
Por su parte, la Universidad Tecnológica (UTEC) solicitó un incremento de 140 millones de pesos para becas de primera experiencia laboral (33 millones), la radicación de docentes con alto talento en el interior (30 millones), para la realización de obras (50 millones) y para abrir nuevas carreras (nueve millones). No obstante, el Poder Ejecutivo solo da un aumento de casi siete millones y medio de pesos para cumplir con un acuerdo tripartito que establece un aumento salarial para los funcionarios de la institución, que no se había contemplado en la Ley de Presupuesto Quinquenal.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se calcula el porcentaje de la inversión en educación que realizó el gobierno en 2025 en 4,9% del producto interno bruto (PIB) una décima porcentual más que el año anterior. No obstante, se incluyen en el cálculo la educación militar y policial y otros organismos como Ceibal y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Si se tienen en cuenta únicamente los presupuestos de la ANEP, la Udelar y la UTEC, sumados el año pasado representaron 4,1% del PIB.
Asistencia a la educación seguirá siendo obligatorio para cobro de transferencias
En cuanto al nuevo sistema de transferencias para niños, niñas y adolescentes, que supone un aumento en los montos y en la cantidad de beneficiarios, se mantiene la obligatoriedad de asistencia al sistema educativo y de los controles periódicos de salud. No obstante, ante su incumplimiento, no se suspenderá la totalidad del pago, como ocurre en la actualidad, sino que “se aplicará una reducción equivalente al 20% del monto transferido”, según se explica en la exposición de motivos del proyecto. Dicha reducción se mantendrá hasta que se regularice la situación.
