“¿Cuánto cuesta el aborto legal en Uruguay?” es el título y la pregunta disparadora de un informe realizado por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) que por primera vez, a 12 años de la aprobación de la ley, aporta información sobre el dinero que destina el Estado a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Lo que plantea es un estudio comparativo para estimar el gasto del procedimiento legal de aborto en el sistema público de salud con relación al costo que tendría si se siguieran las recomendaciones de las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que datan de 2022.
El cálculo da como resultado que cada proceso de aborto en un servicio público tiene un costo aproximado de 524 dólares (20.963 pesos uruguayos, considerando un tipo de cambio de 40 pesos por dólar). Son 172 dólares más de lo que costaría si se aplicaran los criterios de la OMS. Pero que salga más caro no implica que sea más seguro para las personas que deciden abortar, porque los datos muestran que el mayor costo tiene que ver con una lista de condiciones innecesarias previstas por la normativa que, en algunos casos, constituyen barreras para el acceso.
La ley de IVE, aprobada en 2012, fue pionera en la región y constituyó un importante avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas. Sin embargo, establece requisitos “más exigentes que lo recomendado en la última actualización de las directrices de la OMS”, plantea el documento, al que accedió la diaria.
Entre las condiciones que establece el modelo uruguayo y que la OMS no recomienda, MYSU identificó “consultas requeridas, tiempo de profesionales asignados, ecografías e indicación de análisis que no son necesarios según las directrices para que el procedimiento sea seguro” y que, a su vez, “encarecen el gasto destinado a cumplir con la prestación siguiendo la ley”.
La investigación fue realizada por la ahora exdirectora de MYSU Lilián Abracinskas y la economista María Noel Sanguinetti, con la coordinación de Santiago Puyol (también de MYSU) y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fue presentada el viernes pasado en una reunión en la que participaron activistas, académicas, políticas, profesionales y actoras estatales referentes en materia de salud sexual y reproductiva.
Otro aporte para una política pública informada y mejorada
Los resultados del estudio son “novedosos” en tanto, “hasta la fecha, no se había hecho el cálculo oficial del gasto de un procedimiento de IVE ni se registraron estudios anteriores que lo hubiesen hecho”, reivindica la organización. Agrega que el objetivo es proporcionar una “primera estimación de costos” que permita generar “un indicador de resumen que se podrá seguir y evaluar a lo largo del tiempo”, pero, sobre todo, tenerlo como insumo para “evaluar la eficiencia, calidad y acceso” a la prestación, “analizar la asignación del gasto” y “adecuar el presupuesto a modo de lograr mejores resultados”.
El trabajo constituye además un nuevo aporte para cumplir con la histórica reivindicación del movimiento feminista de un gobierno que “haga política informada”, porque “si no está basada en evidencia, está basada en creencias, y eso es un problema”, resaltó Abracinskas en diálogo con la diaria. En ese sentido, consideró que el próximo gobierno “debería ser auspiciante” para “poner a Uruguay nuevamente a la vanguardia”, si se tiene en cuenta que fue durante gobiernos del Frente Amplio que “se aprobó la llamada ‘nueva agenda de derechos’, que incluye derechos sexuales y reproductivos”.
Por eso, la referente espera que, “si va a haber cambios, sean para mejorar y no para retroceder, que fue lo que pasó en estos últimos cinco años”, en los que el tema “no se priorizó”, ni siquiera frente a las advertencias que hizo la sociedad civil durante la pandemia. “Pedimos entrevistas al Ministerio de Salud Pública y fueron absolutamente ignoradas. Al presidente también, y nunca nos contestó; tampoco nos contestó el Instituto Nacional de las Mujeres. Fueron cinco años durante los cuales la mayoría del tiempo lo que hemos tratado de hacer es resistir y, además, tratar de establecer solidaridad”, afirmó Abracinskas.
Principales resultados
El estudio comparativo revela que en Uruguay se ofrecen 26 servicios de aborto –que van desde el primer asesoramiento hasta la atención posaborto–, mientras que la OMS contempla 12. Entre los requisitos que establece nuestra norma y no exige la organización internacional están la ecografía confirmatoria de embarazo, la consulta con el equipo interdisciplinario, el período obligatorio de cinco días de reflexión y la ecografía de control posaborto.
De hecho, las nuevas recomendaciones de la OMS incluyen la eliminación de “obstáculos normativos innecesarios como los tiempos de espera obligatorios, la aprobación de terceros y/o los plazos restringidos”. También sugieren el uso de la telemedicina como una herramienta que “puede facilitar el acceso a servicios de aborto en contextos donde las barreras geográficas o sociales son importantes”.
El cálculo revela que un procedimiento de IVE en un servicio público uruguayo es de 524 dólares, frente a los 352 que costaría si se aplicaran los criterios de la OMS (33% menos). La distancia en el gasto entre un procedimiento y otro “se debe a la utilización innecesaria de estudios, de consultas y de profesionales implicados”, asegura el estudio. Este sobrecosto “no aporta a la seguridad del procedimiento dado que, en lo que refiere a dosaje y método utilizado para abortar, ambos modelos coinciden”. Esto refleja que “el procedimiento uruguayo es igual de seguro, pero gasta más por motivos que no contribuyen en asegurar la mejor prestación sino, por el contrario, afectan negativamente en la universalidad del acceso”. “Es más costoso y no por eso más eficaz ni seguro”, concluye.
Para quienes lideraron la investigación, tener que transitar pasos innecesarios en el proceso de IVE es “un factor que complica a quien lo transita” y genera obstáculos que son “puntos de expulsión hacia prácticas inseguras que podrían generar riesgos y complicaciones para la persona”.
El documento asegura que “los resultados abonan a las sugerencias dirigidas a señalar que la ley IVE ha quedado desactualizada con relación a los avances que se han registrado en el decenio de su aprobación”, ya que “contiene condiciones innecesarias y que no cumplen con los cometidos para los que fueron establecidas, como la de desestimular la práctica haciendo engorroso el proceso legal para abortar”. En ese sentido, recuerda que, como corroboran las cifras oficiales, más de 95% de quienes inician la ruta de IVE la finalizan, mientras que del 5% restante no se conoce información (es posible que opten por alternativas por fuera del sistema legal, que continúen con el embarazo, entre otros motivos).
Una de esas condiciones innecesarias es la obligación de tener una consulta con un equipo multidisciplinario, un requisito que además “encarece” el proceso e “inhabilita la posibilidad de ampliar los equipos IVE en el país”, afirma el estudio.
Este es un elemento que ya han señalado expertas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, incluida MYSU, entre otras exigencias de la ley que proponen revisar, como los cinco días de reflexión, los plazos para interrumpir el embarazo (12 semanas de gestación y 14 en casos de violación), las fallas en la regulación de la objeción de conciencia o el hecho de que las mujeres migrantes sólo pueden abortar si acreditan que residen en Uruguay desde hace al menos un año.
En ese sentido, el estudio de MYSU asegura que “sería recomendable una revisión de la ley para modificar condiciones y adecuar los servicios para brindar una mejor atención, complementar el abordaje integral con otros servicios, garantizar el acceso, evitar complicaciones y contribuir a que el sistema sea más eficaz y eficiente”. Una readecuación de los recursos, al mismo tiempo, podría orientarse a “inversiones relevantes que se requieren a nivel del sistema y que podrían ser diferenciales en la atención”, no sólo en salud sexual y reproductiva, sino en la salud en general.
Para Abracinskas, esta investigación muestra por primera vez que la ley tiene que ser revisada ya no sólo porque quedó rezagada en términos de los plazos, porque quedó demostrado que las consultas con el equipo multidisciplinario no “desestimulan” los abortos –como se argumentó durante el debate parlamentario y que desmiente ese 95% de mujeres que siguen adelante con el proceso– o porque es “violatorio” de acuerdos internacionales que Uruguay firmó sobre respeto a la población migrante, sino porque también es “económicamente caro” y esto “impacta en el sistema de salud sin que aporte garantías a la prestación”.
Aclaraciones metodológicas
Para hacer el estudio, las investigadoras construyeron un modelo de costos considerando una IVE “tipo” en un servicio público, teniendo en cuenta el costo de todos los pasos que establece la normativa para un procedimiento “básico”, es decir, ambulatorio, por vía medicamentosa, sin complicaciones y con los recursos mínimos necesarios. Así, se estimó el costo mínimo de un aborto en estas condiciones y se comparó con el estimado si se siguieran las directrices de la OMS. El documento aclara que el modelo fue diseñado “en consulta con profesionales de la salud sexual y reproductiva de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] y ginecólogos vinculados a la gestión de IVE, además de otras fuentes de datos”.