El aborto es un derecho sexual y reproductivo que en muchos puntos del planeta estuvo y está prohibido y penalizado. Esto, además de vulnerar a las mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados, poner en riesgo sus vidas y negarles el derecho a decidir sobre sus cuerpos, hace que, en general, muchas tengan que enfrentarse al proceso solas, en ocasiones sin la información necesaria y atravesando otras situaciones de vulneración de derechos. A esto se suma el estigma, que también oficia de barrera y que persiste incluso en países donde la práctica está legalizada. En este escenario, grupos de mujeres y colectivos feministas empezaron a tejer redes para asesorar y acompañar a las que buscan abortar.

Estas redes de acompañantes, que en las últimas décadas proliferaron en América Latina, tienen especial importancia en países donde la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) continúa siendo ilegal; como forma de resistencia, pero sobre todo para evitar que las mujeres tengan que recurrir a métodos inseguros en los que pueden dejar la vida. Sin embargo, también pueden ser cruciales en otros lugares en los que el aborto es legal, como Uruguay, donde la letra de la ley y la información sobre el procedimiento no llegan a todas por igual.

“Acompañar abortos es una práctica que viene con ser feminista”, resumió Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que contó a la diaria que acompaña abortos desde 1985. “Sabés que, cuando estás en esta situación, muchas veces lo que te salva es la red de solidaridad entre mujeres”, agregó.

La activista contó que MYSU empezó a recibir “muchas consultas” sobre el tema durante la pandemia de covid-19, porque las mujeres “no tenían la respuesta en los servicios”. Ahí fue que surgió la idea de explorar la posibilidad de armar una red de acompañantes en Uruguay. El primer paso fue hacer con el colectivo Socorristas en Red de Argentina una “escuela de socorrismo” virtual, a la que se inscribieron varias organizaciones y personas de todo el país. Así fue que, en noviembre de 2020, nació la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto Las Lilas, que hoy integran colectivos y feministas de 11 departamentos.

Como muchas otras iniciativas feministas, la red nació de una necesidad. “Lo que se detecta es que, si bien existe la ley, el sistema de salud en realidad no cubre la necesidad del acompañamiento y muchas veces ni siquiera la información de cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los derechos de las mujeres en la decisión de interrumpir un embarazo”, explicó a la diaria Stefanía Acosta, integrante de Las Lilas. Una vez que se identificó eso, “organizaciones y mujeres nos empezamos a organizar y a pensar cómo podemos contribuir y cómo podemos acompañarnos”, señaló.

La articulación nació con el objetivo de “informar, sacar el miedo, que nadie corra riesgos, dar elementos a las mujeres para que puedan volver al servicio y exigir lo que las guías, las normas y la ley establecen”, detalló Abracinskas. “Lo que queremos, en definitiva, es acompañar y que las personas que quieren hacerse un aborto puedan hacerlo tranquilas, acompañadas y con toda la información necesaria”, redondeó Gardis Hernández, también integrante de Las Lilas.

La información es crucial porque, “cuando una la tiene, puede exigir que el sistema de salud responda como corresponde” –dijo Acosta–, pero cuando falta, “es muy complejo, porque si yo no sé, no tengo cómo reclamar, entonces se desencadenan violencias”.

“Fundamentalmente, es una tarea de solidaridad, ese es el eslogan: que no estás sola”, reflexionó la directora de MYSU. “No estás sola y no es un drama”, agregó; “abortar por medicamentos puede doler más o menos, depende del grado de dolor de cada quien, pero no es riesgoso, y lo que tiene que saber todo el mundo es que el servicio de salud debe responder siempre”.

Informar y sostener

Las integrantes de Las Lilas contaron que las mujeres que llegan a la red, en general, lo hacen por el “boca a boca”, aunque muchas veces conocen la iniciativa a través de las redes sociales. El primer contacto puede hacerse por llamada o mensaje de Whatsapp al número 092 823 454. Según explicaron, el acompañamiento suele hacerse de forma telefónica o virtual, aunque a veces puede ser presencial, dependiendo del caso.

Una vez en comunicación con la persona, se inicia un “protocolo de acción” que busca “indagar en la situación específica para poder tener un panorama más claro”, puntualizó Acosta. Así, se le pregunta en qué semana de embarazo se encuentra, cuál es el servicio al que acudió, si tiene personas de su entorno que puedan acompañarla y, sobre todo, “qué necesita y qué busca” de la red. “Tratamos de ver todo el contexto en donde va a suceder ese aborto, porque no es lo mismo una mujer sola que una que puede contar con otra persona; el acompañamiento es diferente”, detalló Hernández.

La activista dijo que se intenta “sobre todo disipar dudas, porque siempre vienen con muchas preguntas”. “Se trata de brindarle la información concreta y real acerca de qué es lo que puede hacer dentro de las 12 semanas [de embarazo] y lo que estipula la ley, qué es lo que le va a suceder cuando tome la medicación, qué tiene que hacer en virtud de cómo le va con el aborto en sí, qué puede pasarle después; cuestiones que debería brindarlas el centro asistencial, pero muchas veces este no da la información que una necesita como para quedarse tranquila y saber que va a estar todo bien”, afirmó la integrante de la red. Su compañera agregó que muchas veces el rol es menos dar información y más “sostener y estar ahí para esa persona”.

Si bien no hay un registro detallado de las mujeres que han acudido a la red en estos casi tres años, Abracinskas señaló que “mayoritariamente” han sido mujeres “jóvenes, que están fuera de plazos, migrantes o desinformadas”. También han recibido consultas de “padres de adolescentes del interior del país que no saben a dónde ni cómo recurrir”.

La directora de MYSU dijo además que la mayoría de las que buscan el acompañamiento tienen cobertura de salud pública, “aunque también hemos tenido situaciones de la mala atención en el sistema privado, y a ellas las revolvemos con toda la información para denunciar; es decir, tratamos de que sientan que este es un derecho vulnerado y que el sistema tiene que responderles”.

Por su parte, Hernández aclaró que la red “sostiene, informa y asesora” a todas las mujeres que recurren a ellas, incluso a las que no cumplen con los requisitos legales, pero en esos casos no brinda el acompañamiento.

Cuando los casos de aborto quedan por fuera de la ley

En diálogo con la diaria, la referente técnica de Salud Sexual y Reproductiva de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mónica Gorgoroso, recordó que la Ley 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en 2008 –es decir, antes de la ley de IVE–, prevé el asesoramiento pre y posaborto. “Ese asesoramiento sigue estando vigente y sigue siendo una herramienta que los equipos de salud tenemos muy presente para asesorar y aportar información de calidad a aquellas mujeres que por alguna razón quedan fuera de la protección de la ley [de IVE]”, destacó, y señaló que ese asesoramiento también prevé “brindar información exhaustiva sobre métodos de menor riesgo para la interrupción del embarazo”.

En ese sentido, Gorgoroso dijo que, en el caso de una mujer que por alguna razón no cumpla con los requisitos establecidos en la ley, el sistema no puede brindarle la medicación abortiva, pero sí “información de calidad y no sólo eso, sino el compromiso institucional de guardar la confidencialidad y de acompañarla y controlar su salud en el después, sea cual sea la decisión que tome”. “Eso es sumamente importante, porque las personas tienen que saber que, más allá de que no estén dentro de lo que la ley prevé, el deber de confidencialidad, la protección absoluta de sus datos personales y el no riesgo de ser denunciada es real en Uruguay, y eso también les da garantías a las mujeres que de repente transitan el aborto en la clandestinidad, pero dentro del sistema de salud”, afirmó la funcionaria.

La referente de ASSE dijo que, “en la medida en que ha aumentado la migración” en Uruguay, “es cada vez más frecuente que mujeres migrantes se acerquen a los servicios de salud porque están frente a un embarazo no deseado y necesitan atención”. Ahí una de las barreras reales que enfrentan es que la ley exige que tengan al menos un año de residencia en el país para poder acogerse al servicio de IVE.

En esos casos, explicó Gorgoroso, “lo que las usuarias migrantes van a recibir es un asesoramiento para que, si en definitiva deciden practicarse el aborto, este se lleve adelante con los mínimos riesgos posibles”. En esa línea, aclaró –otra vez– que los equipos de salud no pueden ofrecerles la medicación para la IVE, pero sí información, incluida la que tiene que ver con “algunas causales que permiten que la mujer acceda al servicio sin tener que cumplir con ese requisito del año de residencia”.

Un ejemplo es si el embarazo es producto de violencia ejercida en el territorio nacional. “Algunas mujeres, además de pasar por la situación de migración, también atraviesan situaciones de violencia y, si deciden realizar la denuncia judicial, que es lo que la ley prevé, entonces pueden acogerse a la ley sin cumplir ese año de residencia”, explicó Gorgoroso. Sin embargo, reconoció que “eso alcanza a algunas de las mujeres evidentemente, no a todas, y, por lo tanto, nos preocupa que, a la sumatoria de vulnerabilidades que una mujer migrante tiene al llegar a cualquier país, se sume un embarazo no deseado y un aborto en la clandestinidad”.

Acerca de la clandestinidad, concretamente, la referente técnica dijo que es una vía que “sigue dando respuestas a algunas personas”. “No tenemos cómo cuantificarlo, pero sí tenemos que ser conscientes de que eso ocurre, porque lo que vemos son mujeres que llegan al sistema y no cumplen algún requisito, como por ejemplo la edad gestacional o la residencia de un año si son mujeres migrantes. Entonces, la experiencia ya nos enseñó que esas mujeres, enfrentadas a un embarazo no deseado, si han decidido abortar, van a abortar”, señaló Gorgoroso. “Si aborta dentro del sistema, con todas las garantías y toda la información, perfecto, pero si no, va a ir a la clandestinidad”, agregó, y apuntó que en ese sentido el sistema de salud no puede ser “ingenuo” y tiene que “estar preparado”.