Este año se cumplió una década de aquel día en el que, luego de tensas discusiones y mucha negociación, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De esta forma, el Uruguay de las emblemáticas manitos naranjas con las que el movimiento feminista empujó la ley se convirtió en pionero en la región, bastante antes de la ola verde que en los últimos años logró conquistar el aborto legal en tantos otros países latinoamericanos. El décimo aniversario sirve de puntapié para evaluar, entre otras cosas, cómo viene la implementación, y también analizar las tendencias y características de los abortos en estos años.
Desde 2013 –primer año entero de implementación de la ley– hasta diciembre de 2021, se practicaron 85.228 abortos en Uruguay, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los que accedió la diaria en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Las cifras muestran que los abortos fueron en aumento a partir de 2013 –una tendencia esperable que se explica porque los casos empezaron a registrarse–, en 2019 comenzaron a disminuir, en 2020 la tendencia se mantuvo a la baja y se registró un leve aumento en 2021. Así, se pasó de 10.373 abortos legales en 2018 (el año con mayor cantidad de abortos desde que se aprobó la ley), a 10.210 en 2019, 9.915 en 2020 y 10.111 en 2021. De acuerdo con los datos sistematizados, el promedio gira en torno a los 9.400 abortos por año.
Si se analizan las cifras según prestador, se puede identificar que 51,6% de las mujeres que abortaron lo hicieron en el sector privado y 48,4% en el público, lo cual marca cierto equilibrio.
Por otra parte, el informe del MSP revela que la enorme mayoría de las mujeres que consultaron por una IVE entre 2013 y 2021 mantuvieron su decisión luego de la consulta de asesoramiento sobre el procedimiento (entre 92% y 95%), mientras que son pocas las que continuaron con el embarazo (entre 5% y 8%).
Respecto de las edades de las mujeres que abortaron en Uruguay, la gran mayoría tenía más de 20 años: sólo por poner un ejemplo, 88% de las que accedieron a un aborto el año pasado pertenecía a ese tramo etario. Sin embargo, 11.862 niñas y adolescentes de menos de 19 años abortaron en este período, lo que representa 14% del total. Entre este grupo, 4,8% (568) eran niñas y adolescentes de 14 años o menos.
Otro dato que surge es que la principal causa alegada para acceder a un aborto fue la propia voluntad de la mujer. El año pasado, 10.101 mujeres lo hicieron por esa razón, en tanto cuatro casos fueron por violación, en dos se alegó riesgo de salud de la mujer y en cuatro situaciones correspondieron a anomalías fetales incompatibles con la vida. Un elemento que resalta es que, en general, el número de abortos solicitados por anomalías fetales no superó los nueve, excepto en 2020, cuando se registraron 19 casos.
Según los datos del MSP, de 2013 a 2021 hubo seis muertes por aborto: una en 2013, una en 2016, dos en 2017, una en 2018 y una en 2020. En el mismo período, la cartera registra, además, cuatro casos de “muertes por probable aborto en condiciones de riesgo o aborto espontáneo”: una en 2013, otra en 2016 y dos en 2017. Además, señala que hubo dos muertes maternas post IVE, en 2018 y 2020.
Por otro lado, el ministerio asegura que hubo seis denuncias o “disconformidades” vinculadas con abortos desde febrero de 2020 a la fecha. Dos corresponden a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dos a la mutualista Médica Uruguaya, una al centro Casmer de Rivera y otra a la Sociedad Médica Universal. Excepto el caso de Rivera, los demás corresponden a Montevideo. En el caso de Casmer y de Universal, la denuncia fue por “dificultad de acceso a análisis clínicos”, mientras que en los dos casos de ASSE y en el de Médica Uruguaya se debió a “dificultad de acceso a consulta con equipo interdisciplinario”. La otra situación de Médica Uruguaya tuvo que ver con la objeción de conciencia. El informe aclara que el MSP no cuenta con la información previa a febrero de 2020, momento en el que empezó a funcionar el Sistema Único de Denuncias a Servicios de Salud, porque el sistema anterior no incluía “clasificación por IVE”.
En materia de objeción de conciencia, los datos más actualizados del MSP son de 2020 y, en algunos casos, están incompletos. De los 63 servicios sobre los que la cartera ha reportado a la diaria, 19 no cuentan con datos acerca de ginecólogos objetores (30% del total).
Entre los 44 servicios de los que sí hay información, tres (6,8%) tienen 100% de ginecólogos de guardia que son objetores: Casa de Galicia y los hospitales de ASSE en Paysandú y Young (Río Negro). En otros casos, el porcentaje no llega a 100% pero supera el 70%, como en la Corporación Médica de Paysandú (90%), el Círculo Católico (88%), y los hospitales de ASSE de Soriano (83,3%) y Colonia (75%).
El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) cuestionó el año pasado la falta de datos oficiales actualizados sobre objeción de conciencia en el informe “Objeción de conciencia en cifras”. De acuerdo con este trabajo, en octubre de 2021 había tres hospitales de ASSE con 100% de objetores: los de Cerro Largo (Melo), Colonia (Colonia del Sacramento) y Soriano (Mercedes).
Fortalezas y desafíos
Una década después de la aprobación de la ley, referentes que desde distintos ámbitos jugaron un papel fundamental en ese camino aseguran que la evaluación general es positiva. Sin embargo, también recuerdan que la ley que se acordó no es la que querían, sino la que se pudo negociar, y coinciden en que hoy quedó vieja, tal como señalaron durante un conversatorio que organizó la semana pasada el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República).
“La principal fortaleza desde que se aprobó la ley es que 10.000 mujeres pasan cada año por servicios legales de aborto y no por el circuito clandestino”, enfatizó Lilián Abracinskas, directora de MYSU. En la misma línea, se manifestó la exsenadora del Frente Amplio (FA) Mónica Xavier, una de las redactoras de la ley, para quien “el saldo es altamente positivo”. “Hay dos parámetros con los cuales medirlo: las vidas de mujeres que se salvaron y el reconocimiento de las mujeres sobre los derechos que las asisten”, apuntó. La diputada del FA Cristina Lustemberg, exsubsecretaria de Salud Pública, coincidió con las dos y agregó como otro punto a favor que sea un derecho que “está consolidado a nivel de la opinión pública”.
Pese a los imprescindibles avances que implicó la ley, todas coincidieron en que hoy presenta desafíos y que hay disposiciones que deberían ser modificadas. Para Xavier, dos cambios necesarios son la consulta obligatoria con el equipo interdisciplinario –que calificó de “tribunal”– y el período de cinco días de reflexión para que la persona ratifique su decisión de seguir adelante con la IVE. Además, sugirió que es necesario “mejorar” el plazo que establece la ley para abortar en caso de violación, que es hasta las 14 semanas de embarazo, un período que consideró “demasiado exiguo” y que supone “una fuerte discriminación y estigmatización”.
Por su parte, la politóloga Soledad González, que integró el movimiento de mujeres que luchó por la ley y hoy forma parte de la Intersocial Feminista, dijo que “el primer cambio es transformarla en una ley de despenalización del aborto, porque el aborto no salió del Código Penal, [sino que] nos permiten abortar en determinadas condiciones y haciendo un determinado proceso administrativo”. A su vez, cuestionó que la ley no especifique “por qué no podemos abortar por aspiración y obligatoriamente tenemos que hacerlo con misoprostol”. “Las mujeres debemos tener el derecho a utilizar el método que nos convenga, que deseemos, que nos genere más confianza y más seguridad”, abogó en esa línea.
Otro de los obstáculos que identificó González tiene que ver con la situación de las mujeres migrantes, que según la ley sólo pueden abortar una vez que acrediten que residen en Uruguay como mínimo desde hace un año. Sobre este tema, también se refirió Abracinskas, que dijo que “las migrantes vienen a este país y abortan, así que se las atiende por fuera del sistema, y el movimiento feminista ahí sigue teniendo el rol de acompañar y proveer”.
La directora de MYSU también señaló como barrera la objeción de conciencia, que, a su entender, “se subestimó en el comienzo de la implementación”, pero que sigue implicando un obstáculo real en los hospitales con 100% de profesionales objetores.
En tanto, el ginecólogo Leonel Briozzo, profesor de la Facultad de Medicina, integrante de Iniciativas Sanitarias y exsubsecretario de Salud Pública, consideró que “el mejor modelo de ley es el canadiense, en el cual el aborto no está en el Código [Penal], ni el delito ni la falta de delito, sino que se gestiona en el ámbito de la salud”. En ese sentido, opinó que “la mejor ley de aborto es que no haya ley”.
Con respecto a la reglamentación de la normativa vigente, dijo que “no hay mucho más para hacer, le sacamos todo el jugo que pudimos”, pero sí es necesario “insistir a la rectoría”, el MSP, sobre “que esto tiene que funcionar y que tienen los mecanismos, a través de las metas prestacionales, para que esto funcione”.
Lustemberg, por su parte, resumió: “La ley precisa cambios que la convierta en una ley garantista del derecho a decidir de las mujeres, sin ningún otro requisito que la expresión de su voluntad”.
A futuro
¿Es viable modificar la ley hoy, en un escenario de avance de la derecha ultraconservadora? ¿Qué puede pasar en los próximos años respecto del derecho al aborto en Uruguay?
“No van a plantear la eliminación de la ley ni la innovación de la ley explícitamente, pero sí están implementando cualquier dificultad sobre la vía administrativa, y eso es la política pública”, puntualizó Lustemberg, en referencia a los sectores ultraconservadores, y agregó que “hoy la derecha uruguaya está organizada en contra de esta agenda”.
Para Abracinskas, en el contexto actual, hay que “dejar la ley así como está, porque abrir este debate en el Parlamento lo único que va a suponer es retroceso”. La directora de MYSU aseguró que la clave –siempre, pero ahora especialmente– es “seguir militando”. “Hay algo que sabemos las que trabajamos en aborto desde hace muchos años, que es que esta es una lucha sin fin, y que el aparato reproductor de generación de violencia de género está intacto”, apuntó, y consideró que la lucha “se ha visto reverdecida con la emergencia de las derechas más ultraconservadoras para las cuales esta agenda es prioritaria, a diferencia de las izquierdas, para las que esta agenda siempre es negociable”.
Xavier dijo que “las derechas vienen desempeñando en sus campañas estrategias que ponen con mucho énfasis” el combate a la llamada “ideología de género” y la “religiosidad”, lo cual “se pone en contraposición con políticas públicas que tienen que ser basadas en evidencias de estados laicos”. Esto significa que “el cuerpo de las mujeres está en el campo de disputa histórico y seguirá siendo así”, por lo que, para la exsenadora, la “clave” está en “las correlaciones de fuerza para mantener las leyes” y en una “implementación adecuada” de la normativa ya vigente.
En cambio, González tuvo una visión un poco más optimista. “Estamos con un gobierno profundamente conservador en este momento y se tuvo que comprometer a no vetar y no derogar la ley del aborto ni las otras leyes de avanzada. Esa es una fortaleza que tenemos”, opinó. A su juicio, “incluso con obstáculos, la implementación no ha sido un retroceso grande”, algo que atribuyó a “un sentido común que impera en nuestro país”, que hace que, “por algo, el tema no esté en tela de juicio”, aunque “eso no quiere decir que no tengamos a los propios conservadores y a la ultraderecha tratando de meterse en cuanta rendija encuentran”.