Amnistía Internacional ha publicado su nuevo informe anual, en el que documenta el panorama global de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos y otros agentes durante 2025. En lo que tiene que ver con las violencias por motivos de género y la restricción de los derechos de las mujeres, en particular, el documento afirma que han sido fenómenos generalizados en 2025 y que, en las Américas, “las mujeres y las niñas continuaron sufriendo niveles alarmantes de violencia, incluidos feminicidios”. En esta línea, destaca el caso de Argentina, en el que se ha registrado un femicidio cada 35 horas; aun así, el gobierno de Javier Milei ha eliminado 13 importantes programas de prevención y respuesta a la violencia de género.
Otro país que ha sido foco de críticas y protestas es Afganistán, que lleva dictando leyes contra los derechos de las mujeres y sistematizando la violencia de género desde la vuelta de los talibanes al gobierno en 2021. En 2025, el régimen impulsó decretos que “negaban a las mujeres el acceso a la educación, el trabajo y la libertad de circulación y fomentaban la violencia de género y el matrimonio precoz”. Entre ellos, la reforma del Código Penal, que sitúa a las mujeres por debajo de los animales al establecer que la violencia física grave contra una esposa se penaliza con apenas 15 días de cárcel, mientras que obligar a animales a pelear se castiga con hasta cinco meses de prisión.
Amnistía Internacional también señala a Nepal, Siria y Georgia como países que el año pasado han experimentado un retroceso en los derechos de las mujeres: “En Nepal, no se investigaron casos de violencia de género contra mujeres dalit; en Siria, se desoyó a familias alauíes que denunciaron secuestros de mujeres y niñas por hombres armados no identificados, y en Georgia, la retórica misógina y sexista de las autoridades se tradujo en abusos por motivos de género contra mujeres participantes en protestas, incluidas amenazas de agresión sexual y degradantes registros corporales integrales sin ropa”.
Como novedades positivas, el informe destaca los avances legislativos en relación con el aborto y contra el matrimonio precoz. Los países que forman parte de este avance contra las uniones tempranas o forzadas son Bolivia y Burkina Faso, con “la aprobación de nuevas leyes que prohíben los matrimonios precoces de niñas, además de los de niños”.
En materia de aborto, el informe menciona a Dinamarca, Islas Feroe y Noruega, donde “el Parlamento aprobó legislación que mejoraba el acceso a este procedimiento”. En Luxemburgo, quedó recogido como “libertad garantizada en la Constitución”. Finalmente, en Malaui, “el Tribunal Superior confirmó el derecho de las niñas sobrevivientes de violencia sexual a solicitar un aborto”. Aun así, el informe también señala que en muchos otros países de todo el mundo siguen existiendo obstáculos y restricciones en relación con el derecho al aborto, como es el caso de Republica Dominicana, que ha impuesto una ley de prohibición absoluta del aborto.
En lo que hace a los derechos de las personas LGTBI+, la organización internacional recalca que se han visto vulnerados en todo el mundo, en especial aquellos de las personas trans en Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Puerto Rico. En Japón y en México, en cambio, se dictaron fallos judiciales favorables al reconocimiento jurídico de esta población.
En general, varios países de Medio Oriente y el norte de África han detenido a personas por su orientación sexual o identidad de género, llegando incluso a castigar con condenas, o como el caso de Burkina Faso, que ha penalizado por ley las relaciones homosexuales consentidas. En Eslovaquia y en Hungría, además, la Constitución solo reconoce dos géneros, el masculino y el femenino. Por último, en China, “diversas plataformas digitales, sitios web y portales de debate, cumpliendo con las directrices oficiales de censura, silenciaron debates de personas y grupos sobre los derechos LGBTI y de las mujeres”, afirma la organización.
El panorama en Uruguay
El informe global de Amnistía Internacional sitúa a Uruguay como uno de los países con “cifras elevadas” de violencia basada en género. En esa línea –y al igual que el capítulo ampliado para nuestro país–, cita datos del Ministerio del Interior, que entre enero y octubre de 2025 registró 16 femicidios, 35.443 denuncias de violencia contra las mujeres y un caso de violencia vicaria, “acumulando ya 13 casos en los últimos tres años”. La organización cuestiona la no aplicación “plena” de la ley de violencia de género (Ley 19.580) y la no asignación de recursos para crear juzgados especializados en violencia contra las mujeres y niñas.
Por otra parte, el documento asegura que el trabajo no remunerado de cuidados ha seguido recayendo en las mujeres, que se han visto afectadas de forma desproporcionada por la vulneración de este derecho. Uno de los motivos que desliza el informe es que “el Sistema Nacional Integrado de Cuidados seguía sin funcionar con eficacia y las personas destinatarias seguían sin poder acceder a la asistencia prevista en la ley”.
Por último, destaca que se han registrado avances en el acceso a derechos sexuales y reproductivos, aunque afirma que la política gubernamental sigue siendo “inadecuada” para la prevención del embarazo adolescente.