“Empecé todo el proceso para la mastectomía y renuncia el cirujano. Una vez que renuncia, estuvieron dos años sin poner a otro. ¿Qué pasa? Yo tenía todos mis análisis hechos: mamografía, ecografía, ecografía del útero, análisis de sangre, el consentimiento informado del anestesista sobre los pro y contra de la mastectomía, y todo eso, de un día para otro, desapareció. ¿Por qué? Porque no se puso a nadie para cubrir ese cargo hasta como dos años después, y en todo este tiempo se me empezaron a vencer cosas, y quedé en una lista de espera”. A Santiago eso lo “devastó psicológicamente”.
“Imaginate que yo vi a la psicóloga y me dijo ‘la próxima nos vemos en la sala’... Yo salí pensando en que ese año me operaba. Es un montón, porque no es solo estética... Yo no salgo de mi casa, estoy con problemas de ansiedad social, no puedo salir a la calle: tengo mucho pecho y no quiero que la gente me mire. Ya estoy demasiado roto por la sociedad”.
Santiago Petrini es una persona trans no binaria y, en este momento, su identidad de género es masculina. Este año, el Servicio de Diversidad Sexual del Centro Hospitalario Pereira Rossell lo volvió a llamar para saber si seguía interesado en realizarse la mastectomía. Así es que, desde cero, una vez más, inició los pasos a seguir para poder finalmente ingresar al block quirúrgico.
En el sistema público de salud, cuando una persona quiere acceder a algún tipo de procedimiento de afirmación de género no quirúrgico, se procede a través de un abordaje integral, en el que intervienen medicina familiar y comunitaria, enfermería, psicología y endocrinología. Para procedimientos quirúrgicos, es necesaria a su vez la participación de cirugía estética, anestesiología y cardiología. En el sistema de salud privado funciona similar, pero no existen equipos interdisciplinarios que aborden cada caso, a excepción del Casmu, que cuenta con un dispositivo específico de atención a personas trans.
Si bien la Ley Integral para Personas Trans reconoce el derecho a una atención integral para adecuar el cuerpo a la identidad de género desde hace más de siete años e, incluso, en uno de sus artículos enumera las prestaciones médico-quirúrgicas habilitadas, en el sistema de salud público y en gran parte del sistema de salud privado hay una lista de espera de meses y hasta incluso años.
El caso de Santiago “es muy representativo de lo que le pasa a la mayoría de las personas trans. Y, según lo que relevamos después, en efecto, es así”, señala Luan Olivera, que forma parte de Colectiva Den, junto a Santiago y Alfonso Pissano. Se llama Colectiva, pero es una iniciativa: tiene la intención de procesar datos, proveer información a los organismos, hacerla accesible para toda la población y relevar las barreras de acceso a tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación o adecuación de género.
Sin embargo, aseguran que el problema no es solo la dificultad de acceder a las cirugías, sino que se trata de “una dificultad más profunda de implementación: cómo se traduce el reconocimiento legal en una prestación efectivamente accesible, quién debe brindarla, cómo se financia y qué ocurre cuando un prestador no tiene capacidad instalada”.
“Colectiva Den nace hace unos meses atrás. Pero en realidad se va gestando de a poco, junto a un enojo y una rabia interna hacia el incumplimiento de las organizaciones, el Estado, todo. Ya estoy cansado de la violencia institucional y de cómo nadie se hace cargo de nada, porque, al final, es la propia persona la que va girando por todos lados sin tener respuesta”, manifestó Santiago.
La espera
A nivel público, las operaciones se realizan en el Hospital Pasteur y en el Pereira Rossell. Si bien también se han llevado adelante en el Maciel y en el Clínicas, según informaron a la diaria desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y desde el hospital universitario, ya no las realizan.
El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, confirmó a la diaria que desde hace cuatro años que allí no se realizan más estos procedimientos tras la renuncia del urólogo especializado “en realizar la técnica”.
Consultado sobre si planean incorporar un nuevo equipo que pueda realizar las operaciones y el abordaje correspondiente, Villar dijo que no se prevé, porque “cada centro se especializa en cuestiones diferentes” y, para estas cirugías, aseguró que “se concentraron los recursos necesarios” en otros hospitales que no son el Clínicas.
Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP), Florencia Forrisi, coordinadora del Programa Nacional de Género y Diversidad Sexual, informó a la diaria que, a través de un relevamiento en todo el país, identificaron que de los 41 prestadores de salud privados existentes a nivel nacional, solo 21 les contestaron que realizan cirugías de afirmación o adecuación de género, especialmente masculinización y feminización de tórax.
Según un último informe elaborado por el MSP y al que accedió la diaria, la lista de personas en espera para acceder a cirugías y/o consultas para comenzar tratamientos en la policlínica de diversidad del Pereira Rossell y en la policlínica de Salud Sexual del Hospital Pasteur es de 134 personas.
De acuerdo con la cartera, 118 ya tienen fecha asignada y 67 están en coordinación para una cirugía plástica. Desde Colectiva Den, sin embargo, aseguran que el universo en espera es mucho mayor. Apuntan a que no hay registros oficiales y universales sobre si las personas usuarias del sistema de salud son personas trans, más que lo que pueda anotar el médico en la historia clínica, por lo que esto dificulta el acceso a una información certera.
La negación
Por esta razón, parte de la iniciativa de la colectiva es habilitar un formulario para que las personas trans que se hayan enfrentado a algún tipo de barrera en el sistema de salud puedan contarlo, y así lograr una sistematización que no dependa de un solo registro.
Hasta ahora, las personas que completaron el formulario son 31. De ese universo, la colectiva sacó algunas conclusiones preliminares: 40% aseguró estar en lista de espera, 24% reportó que su servicio de salud no realiza la cirugía, 12% que todavía no pudo “ingresar en lista de espera por demoras administrativas para realizarse los estudios”, otro 12% no puede acceder a tratamientos o continuarlos, y 8% se retiró del servicio sin obtener la intervención, a la vez que otro 8% no obtuvo respuestas sobre la prestación a la que quería acceder.
De esas 31 personas, 36% está en lista de espera desde hace más de dos años, mientras que la misma cantidad porcentual lleva de espera entre uno y cinco meses. En tanto, 20% lleva una espera de entre uno y dos años y 12% de cinco meses a un año.
Las dificultades de acceso denunciadas son en los departamentos de Montevideo, Canelones, Cerro Largo, Maldonado, San José, Río Negro y Florida, y los y las usuarias son especialmente de ASSE, aunque también denunciaron barreras en prestadores mutuales como Casmu, Cosem, Círculo Católico, Asociación Española y Crami.
Algunas de las personas que se contactaron con la colectiva adjuntaron las respuestas de prestadores de salud privados que se negaron a realizarles las operaciones: en marzo de este año, la Dirección Técnica de Cosem le dijo a una usuaria que “no existe cobertura del procedimiento quirúrgico de mastectomía porque la incorporación de dicha prestación al catálogo de prestaciones obligatorias del PIAS [Plan Integral de Atención en Salud] no había sido completada”.
Otra usuaria contó que, el año pasado, desde la Médica Uruguaya le aseguraron que la institución no realizaba la cirugía solicitada, que “no existe presupuesto asignado ni posibilidad de coordinar la intervención” y que, por eso, “la cirugía no integra las prestaciones que brinda la institución”.
Un caso similar llegó a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en 2023: según la resolución de la institución, una mujer trans usuaria del Servicio Médico Integral (SMI) por Fonasa inició en 2020 las gestiones para acceder a una vaginoplastia, y “luego de realizar las consultas con especialistas, los estudios clínicos solicitados y una consulta con médico psiquiatra, la cual no es exigida legalmente, elevó la solicitud ante la Dirección Técnica del SMI”, pero en mayo de 2023 la mutualista “le denegó su solicitud”.
El argumento, según dijo, fue que “la cirugía solicitada no se encuentra incluida en las prestaciones que se otorgan por el solo hecho de la afiliación mutual”, ya que “el MSP no ha aprobado un ‘Programa Integral de Salud’ específico para las prestaciones previstas en la Ley 19.684 [la ley trans] ni las incluyó en el catálogo de prestaciones que las instituciones del SNIS [Sistema Nacional Integrado de Salud] deben brindar”.
Luego de que la usuaria denunció la situación al MSP y que, aun así, el SMI siguiera sin acceder, en 2023 la INDDHH solicitó al ministerio informar sobre los hechos denunciados. En ese marco, el Consejo Directivo de la INDDHH valoró que recabaron “elementos de convicción suficiente para constatar la vulneración del derecho” de la usuaria a “acceder al tratamiento mencionado, siendo el MSP el organismo responsable”.
Asimismo, “constataron que las circunstancias originarias de esta vulneración no solo afectan a la denunciante, sino que constituyen un problema generalizado en torno a la accesibilidad de las personas trans a la atención integral con especial énfasis en las prestaciones previstas por el artículo 21” de la Ley Integral para Personas Trans, que comprende la “atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género”.
Por tanto, recomendaron al MSP garantizar “a los usuarios de los servicios de salud, tanto en instituciones públicas como privadas, el acceso a las prestaciones”, “ya sea cumpliendo con la formalidad de incluirlas al PIAS, o bien regulando de forma clara quién será el obligado a brindar dichas prestaciones a los usuarios, y el responsable de su financiación”.
En diálogo con la diaria, la directora de la INDDHH, Mariana Mota, dijo que la institución ha hecho seguimiento del caso y que si bien el MSP dijo que “esas prestaciones se incluían y debían prestarse”, informó que “en los hechos” no ha sucedido, al menos con la denunciante.
Por otro lado, aseguró que la institución ha recibido otras denuncias sobre las barreras de acceso para personas trans en el sistema de salud, aunque también dijo que “no son frecuentes”.
Forrisi: “Hay un problema”
Reducir los tiempos de espera en el sistema de salud forma parte de las diez prioridades de la cartera bajo la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Así lo aseguró Forrisi, quien aclaró que eso va más allá de la población LGBTI+, pero que también la incluye.
La coordinadora del Programa Nacional de Género y Diversidad Sexual del MSP contó que el programa se creó el año pasado y que, desde entonces, han tenido encuentros con la sociedad civil y han pedido a los prestadores de salud que les reporten qué recomendaciones del MSP cumplen y cuáles no, con base en la guía de salud y diversidad sexual y los lineamientos para la atención con perspectiva de diversidad sexual, entre otras cosas.
De los relevamientos a los prestadores a nivel nacional, llegaron a la conclusión de que “cuando hay personal formado en un prestador, en general se cumplen las recomendaciones, pero cuando falta eso es que vemos las dificultades para cumplir derechos consagrados y parte de las recomendaciones del MSP”.
Asimismo, admitió que, además de la necesidad de avanzar en la formación del personal, hay que “vencer lo que son a veces discursos de odio más explícitos y a veces más solapados de discriminación”. En cuanto a la formación en diversidad sexual, dijo que además de las guías, que son parte de la “autoformación”, desde el MSP ofrecen cursos anuales de formación en salud y diversidad sexual de forma presencial y otra versión corta de manera virtual, entre otras opciones. En ese sentido, dijo que están trabajando en “unificar y ampliarla en todo lo que se pueda”.
Por otro lado, reconoció que “hay un problema, un desfasaje en la incorporación de prestaciones al PIAS, que no es solamente en esta temática, sino que es a nivel general”.
Forrisi explicó que “el contrato de gestión por el cual se creó el PIAS fue actualizado hasta 2017 y desde entonces a la fecha hay aproximadamente 300 procedimientos y medicamentos que faltan incorporar a la lista de prestaciones, y que tienen que ser negociados entre el Ministerio de Salud Pública y los prestadores”.
Entonces, dijo, la tarea que el MSP prevé hacer “es incorporar las prestaciones al PIAS para que no exista la posibilidad de que sea el prestador el que decida si brinda o no” el servicio.
