A los 16 años, Clarita Kim tuvo que empezar a buscar un lugar para vivir. Su mamá y su papá la habían echado de su casa. Sin un techo, quedó expuesta a “situaciones muy difíciles” y se volvió una “nómade: no era de aquí ni de allá”. La expulsión familiar se sumó a otras violencias que atravesaban su vida como mujer trans, y tener una vivienda se volvió su sueño principal. “Una casa es mucho más que ladrillos”, dijo en diálogo con la diaria: es pertenencia, autonomía y dignidad, un espacio donde poder sentir “acá estoy a salvo, acá puedo ser yo”. Luego de varios años, hoy está cada vez más cerca de hacerlo realidad con la Cooperativa Brazos Abiertos (Coopiba), la primera cooperativa de viviendas de personas trans de Uruguay.
El proyecto surgió de “una necesidad muy concreta” de un grupo de mujeres trans: “Queríamos una vivienda digna”. Pero no de cualquier manera, contó Clarita Kim. Buscaban “algo que pudiéramos construir, cuidar, decidir y proyectar juntas”. Encontraron la respuesta en el modelo cooperativo de ayuda mutua y, en febrero de 2025, crearon Coopiba. La cooperativa reúne a 30 familias entre mujeres trans, madres con hijas e hijos, personas migrantes y otras que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad. “Brazos Abiertos no es solamente el nombre de la cooperativa, es la manera en la que queremos construir nuestra comunidad”, explicó.
Sostener el proceso de formación de la cooperativa implica muchos desafíos: organización, reuniones, trámites burocráticos, exigencias económicas y también “todo lo que cada persona trae con su propia historia”. “Muchas de nosotras venimos de lugares donde tuvimos que aprender primero a sobrevivir y después recién pudimos empezar a soñar”, señaló Clarita Kim. “Para nosotras, cada paso significa muchísimo”, enfatizó. Para enfrentar esas dificultades, buscaron distintos apoyos y organizaron actividades y colectas para recaudar fondos; la más reciente fue la segunda edición de la Copifest, el viernes 18 de setiembre.
El próximo paso para Coopiba es conseguir el terreno donde construir las viviendas y está cerca de concretarse, según adelantó a la diaria Andrés Scagliola, director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo (IM), que asumió el compromiso de aportar el predio.
Un lugar propio
“Los problemas de vivienda son centrales para la diversidad”, afirmó a la diaria Diego Sempol, investigador del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En el caso de la población LGBTI+, a las dificultades económicas que afectan a otros sectores de la población se suman otras asociadas a la orientación sexual y la identidad de género. Esas barreras fueron cambiando con el tiempo, con las conquistas de derechos de la población LGBTI+, la aprobación de leyes y cambios socioculturales, aunque hay desigualdades que persisten, sostuvo el académico.
Entre las décadas de 1970 y 1990, muchas personas LGBTI+ se trasladaron a las zonas más céntricas de Montevideo, buscando el anonimato como una forma de “flexibilizar las formas de control y vigilancia social”; quienes tenían los recursos suficientes se mudaban a barrios como Centro o Pocitos, explicó Sempol. Pero esa posibilidad estaba supeditada a la situación económica: “Muchas veces las personas, por problemas económicos, seguían conviviendo con las familias y esto generaba enormes restricciones” para tener pareja, vincularse con otras disidencias o propiciar espacios de encuentro, apuntó.
En ese contexto, “tener un espacio era central para poder construir redes de amistad, para poder tener una pareja, para poder besarse, para poder generar las cosas mínimas que hoy la gente tiene normalizadas en los espacios públicos”, observó el experto. Para las personas trans, las dificultades eran todavía mayores. Durante los años 70 y 80, recordó el investigador, esta población “estaba –y hoy un poco también– asociada al delito, al trabajo sexual y al consumo de drogas”. “Se pensaba que alquilarle un apartamento a una persona travesti era, de alguna forma, ganarse un problema”, planteó.
Las pensiones fueron una de las soluciones habitacionales que encontraron muchas mujeres trans que ejercían el trabajo sexual, aunque debían mantener una doble identidad: asumir una identidad cisgénero en la pensión y su identidad travesti al salir. Esta situación empezó a cambiar a mediados de los años 80 con la aparición de las “pensiones travestis”, donde, a veces pagando un sobreprecio, podían acceder a una habitación sin ocultar quiénes eran. Una de las más conocidas estaba en las calles Maldonado y Yaro. “Estos lugares fueron muy importantes dentro de la comunidad travesti”, destacó Sempol; de hecho, allí construyeron vínculos de amistad, solidaridad y cuidado que sentaron las bases para la emergencia del activismo travesti, aseguró.
Una respuesta colectiva
En 2004, un grupo de activistas LGBTI+ se reunió para ir a la concentración del Día Internacional del Orgullo. A la vuelta, se dieron cuenta de que dos o tres vivían en el mismo edificio. La coincidencia disparó una idea: construir un lugar donde pudieran vivir sin discriminación y en comunidad. “Empezaron a planificar vivir en un mismo edificio”, contó a la diaria Damián Rocha, y así surgió la Cooperativa 28 de Junio, la primera de ayuda mutua de la comunidad LGBTI+ en Uruguay y en América Latina, llamada así en referencia a aquella fecha.
“La homosexualidad no era perseguida, pero sí tabú. No estaba bien vista”, sostuvo Rocha, que se unió al proyecto en 2006 y recordó que sus integrantes planteaban como principal inquietud “el miedo a la adultez en soledad”. En ese entonces, solo estaba aprobada la Ley 17.817 contra el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación, pero “apenas se respetaba”, comentó. Después vendrían distintas conquistas legislativas que ampliaron los derechos de la población LGBTI+ y acompañaron el avance de la cooperativa: la ley de unión concubinaria (2008), la que habilitó el derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo registral (2009), la que permitió la adopción homoparental (2009), el matrimonio igualitario (2013) y la Ley Integral para Personas Trans (2018).
La cooperativa atravesó un proceso de más de diez años hasta que pudo empezar a construir en 2018. Tres años después, en 2021, se inauguró el edificio sobre la calle Guaraní, pasando Buenos Aires, en el barrio Ciudad Vieja. Con una enorme bandera de la diversidad que cae sobre la fachada, la cooperativa se impone en el barrio como una reivindicación del derecho a la vivienda y a la ciudad de las personas LGBTI+ y de los distintos modelos de familia. “Una postura política de derechos LGBTI+, antirracista y con la idea de que no haya ningún tipo de desigualdad. Ese es el espíritu de la cooperativa”, reivindicó Valeria Vega, integrante de la cooperativa desde 2016.
Actualmente son 13 familias las que integran la 28 de Junio, en su mayoría integrantes de la comunidad LGBTI+, pero también personas heterosexuales afines a su esencia. A su vez, Vega destacó que un tercio de sus integrantes son personas afrodescendientes.
Las experiencias colectivas para dar respuesta a las dificultades habitacionales de la población LGBTI+ se extienden también a otros puntos del país. En Salto, integrantes de la comunidad impulsan una cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Otra estrategia es Barrio Travesti, que se define en redes sociales como un “barrio de travestis autogestivas asentadas en la costa uruguaya”.
Tanto Sempol como los integrantes de la Cooperativa 28 de Junio señalaron la necesidad de políticas de Estado específicas para impulsar el acceso a la vivienda de las personas LGBTI+. “El Estado tiene que comprometerse más en acompañar los proyectos de vivienda para una vida digna. Está bien que den el préstamo, pero hay procesos que, si no se hacen con determinados asesoramientos, son muy difíciles de sostener”, reclamó Vega.
Por su parte, el investigador sostuvo que, si bien gays y lesbianas enfrentan “las dificultades más o menos razonables que tiene el resto de la población”, se avanzó en el reconocimiento de la diversidad y la expulsión intrafamiliar ha disminuido, elegir dónde vivir sigue siendo un “asunto muy importante” para las disidencias porque en muchos espacios “la comunidad sigue siendo muy discriminatoria”. Para las personas trans, en tanto, la falta de trabajo estable sigue dificultando el acceso a alquileres y al sistema cooperativo.
El rol del Estado
En Uruguay no existen políticas específicas de vivienda para la población LGBTI+. En diálogo con la diaria, Josefina González, directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), contó que a partir de la última reunión del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, el pasado 20 de agosto, se empezó a trabajar en el área con las representantes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, pero aún no se formalizó ninguna propuesta. Aunque no adelantó las ideas que se manejan, sostuvo que existen “demandas históricas de la sociedad civil” vinculadas al acceso a subsidios de alquiler y el apoyo estatal a cooperativas de vivienda por ayuda mutua. No obstante, señaló que el Mides trabaja en el acompañamiento a personas trans en situación de calle a través de refugios y otros dispositivos de protección social.
En tanto, la IM presentó en mayo de este año el Plan por la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género 2026-2030, que en materia de vivienda propone, por un lado, apoyar los esfuerzos de alternativas de vivienda para personas LGBTI+ en formatos colectivos y/o cooperativos; por el otro, crear una casa transitoria para personas trans. Scagliola explicó que el objetivo de la casa es atender “por lo menos dos tipos de situaciones”: personas que viven en refugios y están en “procesos formativos o laborales, en los que un cambio en las condiciones de vivienda podría potenciar su autonomía”, y personas migrantes LGBTI+. La propuesta es que las personas puedan vivir allí durante un año, con posible extensión a dos.
Las autoridades consultadas señalaron que acompañan procesos como el de Coopiba a través de sus programas, en los que atienden las situaciones particulares de sus integrantes, por ejemplo, con acceso a garantías de alquiler y programas sociolaborales o alternativas de atención en salud. Se trata de “acompañar todo ese proceso para que no se interrumpa”, resumió Scagliola.
Por otra parte, González, Scagliola y Sempol plantearon que la falta de datos específicos dificulta dimensionar las necesidades habitacionales de la población LGBTI+ y avanzar en políticas públicas. En ese sentido, las autoridades señalaron que esperan recibir los datos del Censo 2023 y que estos permitan diseñar respuestas específicas.
