Este miércoles el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano fue condenado por cuatro delitos. la diaria accedió a la acusación que hizo la fiscal del caso, Gabriela Fossati, en la que se detallan uno a uno los hechos que determinaron una condena de cuatro años y medio de penitenciaria, una multa de 100 unidades reajustables y una inhabilitación especial.
En el apartado de los hechos, la fiscal recuerda que su investigación comenzó en 2021, cuando dos funcionarios de Identificación Civil “recibieron desde el exterior una noticia de que varios ciudadanos rusos se encontraban utilizando documentación uruguaya apócrifa que obtuvieron con la asistencia de A.S.”, en referencia a Alexey Slivaev, identificado como gestor en la maniobra de los pasaportes falsos.
También recuerda que a partir del trabajo de la Fiscalía se vinculó esta situación con las acciones del escribano Álvaro Fernández, que trabajó desde 2013 con Slivaev para conseguirles documentos uruguayos a ciudadanos rusos, utilizando partidas de nacimiento adulteradas. Junto con su esposa, Patricia Medina, los inscribían como hijos naturales de ciudadanos uruguayos.
El primer hecho que se marca es que, en agosto de 2021, Fernández contactó a Astesiano “para que cumpliera un rol de ‘facilitador’ dados sus contactos por su condición de Jefe de Seguridad Móvil del Sr. Presidente de la República y su familia”, y señala que se reunieron varias veces en su despacho del piso cuatro de la Torre Ejecutiva, en el estudio del escribano o en bares. Fossati sostiene en la acusación que Astesiano recibió “como adelanto por su actividad de parte de F. la suma de U$S 10.000, la que se le abonó en dos partes”.
Sin embargo, marca que los socios en la actividad ilícita le explicaron la documentación que debía facilitar o agilizar, pero Astesiano “no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”. Esta misma línea fue subrayada por su abogado, Marcos Prieto, quien insistió en que Astesiano cumple su pena “por no decir que no”, pero sin haber ejecutado acciones sobre los pasaportes falsos.
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Su papel como jefe de seguridad
El segundo hecho que se marcó es que en su rol como jefe de seguridad “mantenía comunicaciones fluidas con múltiples funcionarios policiales de jerarquía” y se mencionan, entre otros, al exsubdirector de la Policía Hector Ferreira y el exdirector ejecutivo Jorge Berriel. Además, menciona el vínculo con “el director del Sistema de Información (DSI) Comisario General F.F., Director de Inteligencia C.C., Cabo M.A.F., Agente C.S.R.R”.
Sobre sus conversaciones, destaca que, “en ocasiones, referían a aspectos que no eran propios de su función”. Se explica que Astesiano “accedía a las cámaras de videovigilancia ubicadas en Presidencia de la República y extraía información de su interés o de terceros; a documentación reservada del SGSP [Sistema de Gestión de Seguridad Pública] para sí o para proporcionársela a terceros; solicitaba información de los registros fílmicos de las cámaras de video vigilancia del Ministerio del Interior (Divaru); en ocasiones, le enviaban las respectivas filmaciones”.
Continúa diciendo que Astesiano “recibía información de interés de terceros por parte de funcionarios públicos; pedía y hacía ‘favores’, gestionaba el traslado de un Agente de Policía que le había proporcionado información y asesoría en un caso familiar, solicitaba la intermediación de autoridades para la intervención de otro caso familiar; recibía en su despacho de trabajo personas que le realizaban planteos de toda índole (agilitar trámites, traslados, trabajo, etc.), ajenos a su rol, que no siempre solucionaba”.
Fossati se explaya en ejemplos sobre estas actividades. Menciona que entre los “favores” a Ferreira, el 4 de marzo del año pasado, le pidió “acelerar ciertos permisos para un boliche del Departamento de Canelones, cuyo propietario sería una persona que habría sido jugador del Club Peñarol de fútbol”.
También le solicitó a Ferreira que “le gestionara una cita con la Dirección General de Fiscalización de Empresas”, a cargo de Henry de León, para que se le eximiera del pago de una multa de 180.000 pesos que le habría impuesto a su empresa de seguridad, lo que no logró.
Además, Fossati sostiene que a Berriel “le realizó muchísimos pedidos, algunos que bordean la apariencia delictiva, otros inequívocamente ilícitos”. Entre los que constituyen un delito menciona cuatro: cuando le pidió información sobre una denuncia de abuso sexual a una adolescente en una fiesta del Partido Nacional, cuando le pidió información del sistema sobre una rapiña en el que intervino quien se desempeñaba como seguridad presidencial, cuando su hijo fue víctima de una presunta rapiña, y cuando gestionó y logró un traslado de un funcionario a Rivera.
Por otra parte, se entiende que Astesiano “proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de Presidencia”, como por ejemplo, al secretario personal del presidente, Nicolás Martínez, o al propio mandatario, Luis Lacalle Pou.
“En ocasiones, y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos. Recibía pedidos de información y, para realizar gestiones de parte de civiles y de funcionarios públicos, se comprometía a brindarla, pero la mayoría de las veces no lo hacía. Procuraba beneficios para sus actividades civiles y particulares a partir de la información que obtenía”, finaliza Fossati.