Equidad en la distribución del personal en el Sistema Nacional Integrado de Salud

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La presentación de un proyecto de ley que establece un período de atención obligatoria, transitoria y remunerada en el sector público por parte de los profesionales de la salud ha motivado varios debates importantes. Uno de ellos se dio en una mesa organizada por la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) en la que participaron movimientos sociales de la salud, la cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina y el diputado Federico Preve, quien presentó el proyecto de ley.

El Frente Social de la Salud¹ discutió el proyecto y las organizaciones integrantes fueron generando definiciones en cada una de las organizaciones sociales de la salud hasta acordar una declaración conjunta. En la declaración, el proyecto es apoyado expresamente y su análisis se vincula con consideraciones de carácter conceptual sobre la necesidad de un plan estratégico de personal profesional en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y varios cuestionamientos a las lógicas de mercado aplicadas a este campo. Se cuestiona, asimismo, el afán de lucro que pone en entredicho el derecho a la atención de salud y afecta la equidad en el acceso.

El Frente Social de la Salud tiene como centro la salud de todos los habitantes de nuestro

país. Con esta mirada, analiza todos los temas con foco en que la salud es un derecho de todos y

fundamentó su postura de la siguiente forma:

a) La desigual distribución del personal de salud y en particular de las especialidades en distintas profesiones es un motivo de deterioro grave de la atención de salud y una violación del derecho a la salud que sufren sectores importantes de la población en nuestro país.

b) Las lógicas de mercado aplicadas a esta temática contradicen los principios del SNIS y ponen los intereses de lucro y el control oligopólico de determinadas profesiones por encima del derecho humano a la salud.

c) La formación del personal y su distribución en el territorio deben ser objeto de planificación adecuada en el marco de la rectoría del SNIS a través de un Plan Nacional de Personal en Salud, con participación de las instituciones educativas y las comunidades para lograr que respondan a las necesidades de la población, principal bien a asegurar.

d) Dicha planificación estratégica debe responder a una estrategia de Atención Primaria en Salud que supera la hiperespecialización y la fragmentación de la atención en múltiples especialidades, que afectan la integralidad, el trabajo en equipo y la cercanía con las comunidades y territorios.

e) Los profesionales y todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración adecuada por su trabajo sin habilitar la apropiación desmesurada de recursos en manos de unos pocos, categorías profesionales o personas, en función de posiciones de poder en las instituciones o en el mercado.

f) La equidad en la distribución del personal es un principio fundamental que responde a razones de justicia y de racionalidad en la organización de la atención, según las necesidades de la población, tanto en el presente como en las previsiones de escenarios futuros.

g) Las instituciones terciarias de formación de profesionales y en particular la Udelar tienen un compromiso ético con la sociedad para aportar a la calidad de vida colectiva a través de la formación, la investigación y la extensión. En un marco de respeto a la autonomía universitaria, este valor ético requiere aportar, participar y comprometerse en la planificación estratégica que la sociedad realiza respecto a cantidades y calidades de profesionales necesarios, corrigiendo desigualdades e injusticias existentes.

h) Uruguay logró hace 20 años comenzar a construir un SNIS financiado por un fondo único público, con programas y planes comunes y obligatorios. El SNIS no es (no se debe permitir que vuelva a ser) un escenario de libre mercado donde el lucro y el interés corporativo operan como determinantes, afectando la calidad de la atención y la estabilidad del sistema como tal.

Por todos estos fundamentos, el colectivo “entiende positiva y necesaria la propuesta recogida en el proyecto de ley como paso para avanzar en un proceso de fortalecimiento y equidad en la distribución de recursos humanos del SNIS”.

Presentada en el conversatorio organizado por la AEM, esta declaración también fue enviada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y difundida en algunos medios. Esta mirada discrepa claramente de los puntos de vista que no aceptan normas obligatorias en la salud. Parece claro que en un sistema de salud hay normas que deben ser cumplidas y lo mismo sucede con el sistema educativo y con otros sistemas.

El bien principal a proteger es la salud de la población y la atención profesional es uno de los instrumentos para lograrlo. Cuando las reglas de mercado y el oligopolio en algunas profesiones no dan respuestas adecuadas, es necesario recurrir a normas (legales o decretos) que contribuyan a resolver la equidad en el ejercicio de ese derecho. Si los sistemas de residencias, la descentralización de la Udelar en el interior u otros factores resuelven esa equidad básica, no será necesaria la aplicación efectiva de la ley. Pero la existencia de la ley crea el marco normativo para que los distintos actores asuman la responsabilidad de resolver el problema de una u otra forma. Además, brinda una oportunidad a los profesionales de trabajar por un período y en un horario acotado en ámbitos de todo el país de acuerdo a las necesidades asistenciales de la población.

Como en otras ocasiones, los movimientos sociales de la salud reivindican la equidad en el acceso, cuestionan las desigualdades, y apoyan acciones para avanzar en el campo de la salud. Estos son debates sustantivos, donde la voz de las organizaciones sociales y de las comunidades debe ser escuchada.

Pablo Anzalone Cantoni es licenciado en Ciencias de la Educación y fue director de Salud de la Intendencia de Montevideo.