No hace falta ser especialista en criminología para darse cuenta de que el acceso ilegal a armas de fuego y municiones se vincula con los problemas de criminalidad violenta que afronta Uruguay. Resulta innegable la necesidad de políticas para reducir su incidencia.
En cumplimiento de lo anunciado desde la campaña electoral, el oficialismo lanza iniciativas en la materia. Hay un proyecto de ley del diputado frenteamplista Alejandro Zavala, que fue redactado en coordinación con el Ministerio del Interior, y esa secretaría de Estado prepara un decreto. Es legítimo discutir con argumentos cuán eficaces pueden ser las medidas planteadas y plantear alternativas; no es aceptable distorsionar el debate con afirmaciones falsas y alegatos ideológicos infundados.
La Asociación Defensora de Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego, creada en 2017 como reacción a la ley vigente sobre tenencia, porte, registro y comercialización de tales armas, difundió en estos días una pieza publicitaria muy profesional, en la que se le atribuye al oficialismo la voluntad de “limitar” lo que hacen “ciudadanos responsables” que ya están “registrados y controlados”, en vez de “combatir el mercado ilegal y el delito”. Lo que no explica es a qué limitación se refiere.
Las iniciativas oficialistas no establecen nuevas restricciones a lo que hoy está permitido y es razonable. Ni siquiera modifican la posibilidad actual de que cada persona posea legalmente ocho armas, para la que cuesta encontrar una justificación válida. Lo único que cambiaría para quienes cumplen las normas es que algunas prácticas, para las que no existe límite alguno, pasarían a estar reguladas. En particular, esto sucede con la compra de municiones, y las cantidades máximas que se establecen no pueden dificultar ningún uso sensato.
Por otra parte, se plantean criterios más severos para el control y la sanción de prácticas sin duda peligrosas e indeseables, como el comercio ilegal dentro del país o en escala internacional, la asistencia con armas a espectáculos públicos o la modificación de un arma para aumentar en forma significativa su letalidad.
También se propone aumentar la eficiencia de los procedimientos de control actuales, que en varios casos son lentos y engorrosos. Nada de lo antedicho menoscaba las libertades individuales en un marco de convivencia civilizada, ni puede presentarse como un intento de dejar indefensa a “gente de bien” amenazada por la delincuencia.
Es preciso comprender que se trata, por el contrario, de prevenir cuanto sea posible que las armas y las municiones adquiridas en forma legal terminen en manos del crimen organizado, como lamentablemente sucede a menudo.
Algunas quejas tienen que ver con la convicción ideológica, muchísimo más frecuente en varones que en mujeres, de que disponer de una herramienta capaz de matar a otras personas aumenta la libertad o la dignidad. En este terreno, el cambio cultural es difícil pero muy relevante, y excede incluso la cuestión de la seguridad pública. El objetivo es alejarnos, como sociedad, del acostumbramiento a la ley de la selva.
