Luego de que se hicieran públicas las pruebas que presentó la exvicecanciller Carolina Ache en la Fiscalía, según las cuales el gobierno deliberadamente ocultó a la Justicia parte de la información relativa a la expedición de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, el Frente Amplio (FA) se declaró “en sesión permanente”, expresó su rechazo al accionar del gobierno y comenzó a evaluar medidas, que por el momento siguen en el terreno del análisis, según lo que comunicó este domingo, luego de la reunión del Secretariado Ejecutivo, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.
El miércoles 1º, en un secretariado ejecutivo que se reunió de urgencia, el FA pidió la “destitución” de todos los jerarcas involucrados, así como el retorno “lo antes posible” del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de Estados Unidos, para llamar a un “diálogo interpartidario”. El viernes, los senadores opositores reiteraron el pedido de destitución y advirtieron que, de no concretarse, presentarían una moción de censura contra el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Esto no fue necesario, pues el sábado, cuando volvió al país, Lacalle anunció que había aceptado la renuncia tanto de Heber como del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y de su asesor personal en comunicación, Roberto Lafluf.
Este domingo, el Secretariado Ejecutivo del FA volvió a reunirse, esta vez con la presencia de ambas bancadas parlamentarias, para analizar las explicaciones del mandatario y evaluar cómo seguir. Si bien las renuncias “no son lo que nosotros habíamos pedido, que era la destitución”, según recordó Pereira, las valoran como “positivas, porque quitan del gobierno a gente que claramente actuó al margen de una actuación pública adecuada”, apuntó en conferencia de prensa.
“Es tan grande la crisis política y de gobierno que hay actualmente” en Uruguay que “el 60% de los cargos de ministros y subsecretarios ha cesado por distintos escándalos”, señaló el presidente del FA. Aunque “los ministros son los fusibles de un gobierno”, cuando “son tantos hay un cortocircuito que hay que poder parar”, consideró.
Posibles medidas
Si bien en este secretariado se analizaron “algunos instrumentos”, continuarán reuniéndose “con ambas bancadas para ver cuál es el contenido de los proyectos que vamos a impulsar y cuáles podrían ser otras acciones parlamentarias”, apuntó Pereira. Entre los proyectos que se analizan se encuentran la necesidad de aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos y de fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública; sin embargo, “todos estos proyectos se traban en el Parlamento, particularmente por el Partido Nacional”, acusó Pereira.
El presidente del FA prefirió no dar detalles con respecto a los otros mecanismos parlamentarios que se podrían activar, pero en este último secretariado, según pudo reconstruir la diaria, estuvo sobre la mesa la posibilidad de impulsar una comisión preinvestigadora. No obstante, se trata de una idea que divide, por el hecho de que el tema está actualmente siendo investigado por la Justicia, un argumento que la fuerza política planteó para casos en igual situación, como la investigadora sobre el Hospital Policial que involucró al senador Charles Carrera.
Atado a esto, la oposición espera que la Justicia dirima el grado de responsabilidad del mandatario para evaluar cómo seguir. “Estamos analizando con la velocidad que la música indica”, sostuvo Pereira durante la conferencia, aunque dijo no tener “ninguna sospecha” de que el presidente tuvo que ver en las reuniones llevadas a cabo en Torre Ejecutiva. “Lafluf le dice a Ache que la convoca en nombre del presidente”, remarcó.
Sobre la “legalidad de los hechos”, Pereira entendió que sobre eso “no resuelve ni el presidente de la República ni el FA”, sino que lo hace “la Justicia”, y a eso se va a “atener” la oposición. En este sentido, dijo que le llamaba “poderosamente la atención que alguien diga que ninguno de los cuatro gobernantes cometió hechos ilegales o ilícitos”, que “tuviera confianza en ellos y que les acepte la renuncia a todos”, en alusión a lo que expresó el presidente. Para Pereira, con estas cartas “una de las dos cosas está mal”, porque si “cumplieron con la ley y tuvieron una función pública adecuada, entonces no les acepta la renuncia”, y si, por el contrario, “no cumplieron con la ley, no cumplieron con las tareas adecuadamente”.
“La página recién empieza”
Para Pereira “está claro que ni la sociedad uruguaya ni el FA quedaron conformes con las respuestas que ayer dio el presidente”, porque se esperaba “una mayor contundencia en términos de responsabilidades políticas, en materia de destituciones” y de “asumir con modestia errores que la propia presidencia cometió”.
“El presidente no le puede dar la orden de intervenir en dos ministerios a un asesor, y si interviene, la sociedad uruguaya no lo puede ver con naturalidad”, sentenció. Así, Pereira se manifestó “preocupado”, porque “se afirma con contundencia que el pasaporte, aunque fuera a un narco, había que dárselo”, un punto respecto del cual incluso Cabildo Abierto guarda diferencias.
Los gobiernos, señaló Pereira, “tienen discrecionalidad de dar o no dar un pasaporte; la legislación actual permite dar un pasaporte para un solo viaje que tiene que ser con destino al Uruguay”, indicó. El ahora exsubsecretario Maciel “tenía información tan clara de que estábamos ante un narcotraficante peligroso y pesado” y esto lleva a preguntarse, según el dirigente, “por qué no llamó a Interpol” y “por qué le dio la información a Carolina Ache”. De acuerdo con Pereira, “el presidente está convencido de que con esto dio vuelta la página, y la página recién empieza”.