El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca, envió un pedido de informes al Estado uruguayo sobre las investigaciones contra el senador frenteamplista Charles Carrera.
En noviembre de 2022, la Cámara de Senadores aprobó la instalación de una comisión investigadora contra Carrera por un presunto accionar irregular cuando este ocupaba la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior, en 2012. El legislador había habilitado a atenderse en el Hospital Policial a un hombre que quedó parapléjico a raíz de una bala perdida, presuntamente proveniente de una fiesta de policías que se celebraba en la casa del subcomisario de La Paloma.
En marzo de 2023, el Ministerio del Interior presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra Carrera por presuntas irregularidades en la atención de la expareja del legislador en el Hospital Policial, cuando Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría de la cartera.
Ante estas dos acciones, tanto el Frente Amplio como el propio Carrera afirmaron que se trataba de una “persecución política” por el rol que le cupo al legislador como denunciante ante la Justicia del acuerdo del gobierno con la multinacional belga Katoen Natie, que determinó la extensión de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto hasta 2081. Por este motivo, en setiembre de 2022 Carrera denunció ante la CIDH al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por “persecución política” y “hostigamiento”. Expresó ante la comisión que las acciones del ministerio se iniciaron justo después de que denunciara ante la Justicia el acuerdo del gobierno con Katoen Natie.
Además, Carrera mencionó en sus notas enviadas a la comisión interamericana la reunión que legisladores oficialistas mantuvieron con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para interiorizarse sobre la causa del Hospital Policial, en la que le exigieron celeridad a la Justicia en este caso. Carrera denunció que esta acción tuvo por objetivo presionar a los actores judiciales y citó especialmente la calificación de “tortugas” con la que la senadora nacionalista Graciela Bianchi se refirió a los fiscales, y el posterior comunicado de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay lamentando sus expresiones. Carrera también señaló las denuncias de acciones de espionaje en su contra que surgieron a partir del caso del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, relacionadas también con su rol de denunciante del acuerdo del gobierno con Katoen Natie.
En su misiva, dirigida al canciller Francisco Bustillo, el relator Pedro Vaca recuerda que la CIDH señaló en su informe “Corrupción y derechos humanos” que “existe un impacto diferenciado respecto de quienes denuncian posibles actos de corrupción, quienes generalmente son víctimas de amenazas, hostigamientos, y en algunos casos, de graves violaciones”. “Por ello es necesario que los Estados protejan eficazmente a los denunciantes frente a amenazas que surjan de sus denuncias y testimonios”, advierte el relator. Acota que por este motivo “es importante” que las investigaciones contra denunciantes “no sean utilizadas para estigmatizarlos”, que se respete la presunción de inocencia y que transcurran en un “plazo razonable”.
Vaca recuerda que el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión resalta la necesidad de que “no se viole el derecho a la presunción de inocencia por medio de discursos oficiales o adoptados por autoridades en el ejercicio de su función”.
En su pedido de informes al Estado, el relator de la CIDH solicita que se indique el estado actual de los hechos denunciados respecto al contrato entre el gobierno y Katoen Natie, que se informe si se ha realizado alguna investigación relacionada con el presunto espionaje en contra de Carrera, y que se describa el estado actual de la investigación de Fiscalía y de la actuación de la comisión investigadora parlamentaria contra Carrera.
Asimismo, solicita que se informe sobre las “justificaciones presentadas para que las denuncias e investigaciones hayan empezado aproximadamente seis años después del fin del mandato del senador Carrera”, y que se explique si Uruguay cuenta con legislación que proteja a los denunciantes de hechos de corrupción.
La carta, fechada el 30 de agosto de este año, da un plazo de diez días al gobierno desde la notificación de la resolución para responder a la relatoría.
Tras difundirse la misiva, Carrera destacó que en ella se reconoce “la gravedad” de su denuncia. En su cuenta de X (ex Twitter), el senador frenteamplista resaltó que “según la posición de la Convención Americana, se debe salvaguardar el derecho de los opositores a no ser perseguidos por el Gobierno” y prometió que continuará denunciando “la grave degradación institucional que viene sufriendo nuestro país, donde se persiguen representantes de la oposición solo por cumplir con lo que le mandata la Constitución y la Ley”. Advirtió que según las respuestas que dé el Estado uruguayo y después de agotar todos los recursos internos, no descarta “ir a una instancia mayor, presentando ya formalmente una demanda internacional”.