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Comisión de Defensa del Senado, el 26 de febrero, en la sala de ministros del Palacio Legislativo.

Foto: Ernesto Ryan

Vuelven a trabajar las comisiones en el Parlamento: según Bianchi, “hay un acuerdo” para votar eutanasia antes de abril

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Financiamiento de partidos políticos y ley de medios son los dos proyectos “pesados” que la coalición pretende aprobar en campaña electoral; a su vez, CA presentará un proyecto para “restablecer el principio de inocencia” en la ley de violencia de género.

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Leído por Andrés Alba.
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El último mensaje del presidente, Luis Lacalle Pou, ante la Asamblea General cerró con la promesa de “cumplir con la palabra empeñada” de hacerse “cargo” en los 364 días finales del mandato. Del mismo modo, y pese al avance de la campaña electoral, la coalición de gobierno intentará aprobar de manera definitiva en el último año de la legislatura los proyectos que ya tienen media sanción pero que, por diferencias en la interna del oficialismo, han sido postergados en sus respectivas comisiones.

En diálogo con la diaria, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi identificó dos temas centrales: la ley de financiamiento de partidos políticos y la ley de medios, que describió como “los dos más pesados”, aunque aclaró que la bancada nacionalista definirá este lunes el orden de las prioridades. Ambos proyectos de ley fueron aprobados por la Cámara de Diputados a fines del año pasado.

La ley de financiamiento salió por unanimidad de la cámara baja y, según dijo a la diaria el senador frenteamplista José Carlos Mahía, “los votos del Frente Amplio [FA] están” asegurados también en la Cámara de Senadores, a pesar de que no todos los artículos del proyecto fueron apoyados por el FA. La oposición no acompañó, por ejemplo, la regulación de la publicidad en los períodos electorales, dado que la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a dar las “contraprestaciones pertinentes” a los medios de comunicación por “el otorgamiento de espacios de publicidad”.

El texto impone varias modificaciones a la Ley 18.485 sobre partidos políticos, como la posibilidad de que los partidos dispongan una contribución mensual de hasta 15% de la “retribución líquida” de los afiliados partidarios “que ocupen cargos electivos, políticos y de particular confianza”.

Luego de su aprobación en la cámara baja, la iniciativa ingresó a una comisión especial que se conformó específicamente para tratar el proyecto, pero si bien pudo haber sesionado en enero y febrero, no lo hizo. Para el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez, quien trabajó directamente en el proyecto, “cuanto más tiempo pase, va a ser más difícil que pueda aplicarse en este proceso electoral”. “Espero que pueda ser aprobado en el Senado en este año legislativo, para que en todo caso quede para los siguientes procesos electorales. Sería una pésima señal del sistema político si no se llegara a aprobar una nueva ley de financiamiento de partidos en esta legislatura”, expresó a la diaria Rodríguez.

CA es “mano” para aprobar la ley de medios

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech dijo a la diaria que la aprobación de la ley de financiamiento “está íntimamente vinculada a la ley de medios”, el otro proyecto “pesado”, según Bianchi. Actualmente la ley de medios, aprobada en la cámara baja sólo con los votos del oficialismo a fines del año pasado, está a estudio de la Comisión de Industria del Senado.

Consultado al respecto, el senador del PN Jorge Gandini dijo a la diaria que “ahí es mano CA”, que “dio los votos en Diputados y salió”, por ende, “si los dan en el Senado, sale”. Domenech sostuvo que “es importante” que la ley de medios garantice que todos los partidos políticos tengan “la posibilidad de acceder a los medios” y que “no se les puedan hacer cordones, yo no diría sanitarios, sino publicitarios, a algunos partidos”.

El proyecto, que supone la derogación de la vigente ley de medios (19.307), aumenta el número máximo permitido de licencias de radio y televisión por titular. No obstante, mantiene algunos aspectos de la vigente ley, como la objeción de conciencia de los periodistas, la regulación de los horarios de protección de menores y la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes.

Eutanasia, “un compromiso”

Por otra parte, Bianchi aseguró que “hay un acuerdo” en la coalición para “votar la ley de eutanasia antes de que termine abril”. Se trata de otro proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados con votos frenteamplistas, colorados y blancos, pero cuyo tratamiento definitivo ha sido postergado en reiteradas oportunidades. Actualmente el proyecto está a estudio de la Comisión de Salud del Senado.

La iniciativa establece que cualquier persona con “patologías o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida” tiene el derecho a pedir que “se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”.

Según Bianchi, el acuerdo que existe en el oficialismo es “para que, por lo menos, se someta a votación”, aunque no necesariamente haya una mayoría para aprobarlo. “Yo voy a votar a favor y estoy tratando de que salga lo más rápido posible. Hay otros que no lo van a votar, hay otros a los que les da lo mismo. Pero es un compromiso, ya se votó la ley de cuidados paliativos y ahora tenemos que votar la ley de eutanasia”, afirmó.

Gandini, en cambio, dijo que la ley de eutanasia “es un tema que no lo empezamos ni a discutir” en la cámara alta. “No sé si está pronto para discutirse en abril, creo que queda mucha gente para recibir. Es un tema muy polémico, no sé si es para año electoral”, comentó.

Por parte del FA, Mahía consideró que la aprobación definitiva de la ley de eutanasia “sería una buena manera de cerrar un año muy pobre desde el punto de vista de la producción legislativa”.

Domenech, en tanto, ratificó el rechazo que genera la propuesta en CA. “Creo que es una ley que puede tener mayoría en el Parlamento y no tenerla en la población. Es terrible que, en un país de gente veterana, alguien vaya al médico y piense que, en lugar de recurrir a una persona que le puede ayudar a prolongar su vida, está frente a un verdugo”, expresó.

Más proyectos

Por otra parte, Domenech adelantó que CA presentará dos nuevos proyectos de ley: uno para “reestablecer el principio de inocencia” y “modificar algunas inequidades” que, a su juicio, tiene la ley de violencia hacia las mujeres basada en género (19.580), y otro para disponer “auditorías de gestión obligatorias” al cierre de cada período de gobierno. Ambos textos “están cuasi redactados”, señaló. Asimismo, CA insistirá con el tratamiento del proyecto que presentó para que los contratos que excedan un período de gobierno tengan que tener la anuencia del Senado.

Desde el PC, Rodríguez mencionó como algunas prioridades a la ley de usura, que regula las tasas de interés y usura, y un proyecto para imponer “la pérdida de subsidio a los cargos políticos y de particular confianza cuando estos cometen delitos contra la administración pública”.

Por el FA, Mahía, que es el nuevo coordinador de la bancada de la oposición, señaló las propuestas que hay para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública y establecer que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sean imprescriptibles. “No es nada distinto de lo que venimos trabajando, sin éxito ninguno, [porque] depende de ellos”, expresó Mahía en referencia a la coalición.

Los números

De acuerdo al Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Parlamento contabiliza 382 leyes aprobadas en el cuarto año de la legislatura. Pero, obviando los convenios internacionales, las pensiones graciables y las autorizaciones a las Fuerzas Armadas, el programa marca que sólo el 7,11% de las leyes aprobadas en esta legislatura fueron de "alta importancia", tales como el presupuesto nacional, la reforma jubilatoria, la ley de urgente consideración, la ley de corresponsabilidad en la crianza (tenencia compartida) y la ley de reparación a víctimas de la guerrilla.

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